“Chile condena a sus presos y gendarmes a pena de muerte encubierta”

El senador presentó un atractivo y completo Proyecto de Rehabilitación y Reinserción al Ministro de Justicia y al Director de Gendarmería, el que hasta el día de hoy no ha sido considerado

Como “una pena de muerte encubierta, propio del sistema penitenciario chileno, que condena a reos y a gendarmes a vivir en cárceles sobrepobladas e indignas”, calificó el senador del MAS Alejandro Navarro, la tragedia ocurrida esta mañana en la Cárcel de San Miguel, en donde fallecieron 83 reclusos y otros tantos se encuentran en riesgo vital. “Lo que nuevamente deja explicito que las inhumanas condiciones de hacinamiento de la población penal, alrededor de un 80%, vuelven a reclusos y a gendarmes en posibles víctimas de una tragedia”, agregó el legislador luego de recorrer el piso 4 del recinto penitenciario.

Navarro junto a presidente nacional de la ANFUP

Navarro, quien junto a funcionarios de Gendarmería, desde el 2006 ha denunciado con informes en mano ante las autoridades de gobierno la crisis que se vive al interior de los penales, expresó que “lamentablemente en Chile tiene que pasar este tipo de tragedias para que el tema de las crisis que tenemos en nuestro país, como la carcelaria, se visibilicen. Esta situación la denunciamos en reiteradas ocasiones el Ministros de Justicia y Director de Gendarmería, de los anteriores gobiernos y del actual, pero no consideraron las gravedades del asunto, aún cuando entregamos resoluciones de contraloría, en respuesta a investigaciones que nosotros solicitamos”.

El parlamentario, comentó que en mayo pasado se reunió con Ministro Felipe Bulnes, a quien le presentó “un completo programa de reinserción y rehabilitación, a través de la ONG “Dignidad y Justicia”, que busca que los reclusos trabajen al interior de los recintos, mientras cumplen sus condenas, de una forma de incentivarlos a ejercer un oficio que les permita mantenerse ocupados en algo productivo y fortalecer sus conocimientos, que luego les permita trabajar y reinsertarse en la sociedad”.

El congresista lamentó que dicho proyecto, hecho por expertos en la materia, hasta el día de hoy no haya sido considerado por las autoridades, y junto con ello “se insista en no destinar recursos necesarios para la rehabilitación. Ejemplo de ello es que en 2008 el presupuesto de Gendarmería fue de 163 mil millones de pesos, y de ello, sólo el 2.4% lo destinó a esa área”, manifestó.

Navarro señaló que “en Chile el hacinamiento en las cárceles no da para más, y esto lo hemos denunciado reiteradamente, tal cual lo han hecho las iglesias evangélica y católica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este problema viene desde hace mucho tiempo y el Estado no toma medidas al respecto, y lo que es peor, los gobiernos no han considerado las denuncias ni las propuestas que hemos realizado”.

Como ejemplo, el senador dijo que “la cárcel de San Miguel fue diseñada para 711 presos y a la fecha hay 1.900; la Cárcel El Manzano de Concepción sólo tolera 1000 personas y hoy mantiene cerca de 2000 presos; Colina II originalmente fue diseñado para albergar a 1.200 reclusos y hoy alberga a más de 1.700”.

Por lo anterior, 2006 Navarro solicitó, en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.880, de Procedimientos Administrativos (Ley del silencio administrativo), en su artículo 18 y siguientes, el cierre de las cárceles de Colina II, la Penitenciaría de Santiago y el Manzano de Concepción, por ser símbolos nacionales del hacinamiento carcelario”

El parlamentario resaltó que “una condena por tres años, puede convertirse en una pena de muerte, debido a la sobrepoblación, como le ocurrió al reo que falleció en el incendio, cuya condena fue por vender CD piratas en la calle. Vivimos una situación paradojal, porque mientras más se invierte en el sistema carcelario más delincuencia hay. Esta situación se acentuará con la concesión de los penales, porque mientras el sistema público invierte 246 mil 592 pesos en mantención mensual de cada preso, el sistema concesionado gastará 563 mil 668 pesos”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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