“En pesca hay muchas preguntas que hacer en materia de libre competencia”

Manifestando la “inconveniencia de que el Subsecretario de Pesca se dedique a comentar y calificar los fundamentos de una presentación sobre la no aplicación del Artículo 27 de la Ley de Pesca que analiza el Tribunal de la Libre Competencia” a requerimiento de una empresa pesquera, el senador Alejandro Navarro dijo que “si se creó esta institucionalidad es justamente para que quienes sientan vulnerados sus derechos en materia económica soliciten pronunciamiento. Y al contrario de lo que piensa Galilea, en pesca ciertamente hay mucho que preguntar sobre libre competencia”.

Imagen: www.elciudadano.cl

El parlamentario indicó que “no aceptable que en pleno proceso de presentación de antecedentes por todas las partes el Subsecretario diga que la consulta carece de fundamentos legítimos. Esa es una opinión que eventualmente sólo podría emitir el tribunal, que por cierto él no integra. El sólo debe cumplir con entregar la opinión de su servicio y no dedicarse a tomar partido en el tema, hablando por los privados. Galilea sigue actuando como si fuera parlamentario, cuando ahora es un funcionario público con atribuciones específicas y limitadas”.

Navarro señaló que “la consulta que tanta incomodidad ha generado en algunos es absolutamente pertinente cuando estamos hablando de una norma, como es la licitación de un 5% progresivo, hasta un 50% de la cuota industrial, que aunque está en el texto de la ley desde 1989, hasta el día de hoy no ha sido aplicada. Por eso más que opinar sobre lo que hacen otros, lo que debiera hacer la Subsecretaría es informar al TDLC, al Parlamento y a la ciudadanía cuántas veces ese servicio y el Consejo Nacional de Pesca han tomado iniciativa -como dice la ley- para licitar cuota y que ese artículo no sea letra muerta en la norma. A lo mejor en las actas del Consejo puede encontrarse alguna discusión al respecto”.

El legislador dijo confiar en que el actual gobierno “actuará responsablemente en materia de legislación pesquera, no se dejará presionar con el argumento del terremoto o el chantaje del empleo, ni terminará entregando recursos que son de todos a algunos pocos, como lo hizo el gobierno anterior permitiéndoles a las salmoneras hipotecar la concesión de un bien nacional. Esperamos que antes de legislar a la rápida –la ley termina su vigencia el 2012- se implementen procesos de evaluación científica serios que permitan modificar todo lo que sea necesario, especialmente en materia de competencia económica, transferencias al Estado por el uso de estos recursos y, sobre todo, su sustentabilidad”.

“Nosotros insistiremos -añadió- en que  lo único que estamos dispuestos a adelantar es el debate, político, económico, legislativo y científico que permita tener una mirada amplia y real sobre el estado de las pesquerías. Que podamos contar con informes independientes que permitan hacer una proyección de los recursos pesqueros a futuro, para que la pesca siga siendo una fuente de empleo y no sea pan para hoy y hambre para mañana. Creemos que el debate no puede ser sólo entre prórroga o perpetuidad como ha planteado un ex ministro concertacionista”.

Navarro manifestó su esperanza en que “este y los sucesivos gobiernos asuman, de verdad, la postergada tarea de desarrollar una institucionalidad que esté a la altura de un país cien por ciento costero como Chile, que cuente con recursos para la investigación pesquera y donde las decisiones no las tomen los mismos que se ven beneficiados con esas decisiones, porque de lo contrario seguiremos marcando el paso en un nivel bastante atrasado con respecto a otros países pesqueros. Por cierto, tampoco queremos que las cuotas sigan siendo un instrumento más de control social y de regulación de conflictos que un mecanismo eficaz de distribución de las capturas pesqueras”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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