“Es un delito cobrar subvenciones pasando a estudiantes normales como ‘deficientes mentales’”

Palabras del senador Alejandro Navarro sobre la denuncia ante Fiscalía contra el Centro Piaget

Una denuncia criminal en contra de quienes resulten responsables por eventuales delitos de estafa, defraudación, fraude al Fisco, entre otros, dieron a conocer en la Seremi de Educación de Concepción los estudiantes del Centro de Estudio e Integración Laboral Piaget junto al senador Alejandro Navarro y en compañía del diputado de Talcahuano, Cristian Campos, y  el concejal de Talcahuano, Gustavo Medel.

Navarro comentó: “Nos duele ver cómo los alumnos han sido engañados y tratados como deficientes cognitivos, cuando no lo son. Todo para que, al parecer, los sostenedores lucren con subsidios del Estado. Los estudiantes han sido víctimas de un negocio vil y despiadado en que se ha convertido la educación hoy en día. Esperemos que la Fiscalía investigue a fondo y la Justicia cumpla su rol y castigue a quienes sin empacho alguno han funcionado así durante 3 años”.

En opinión de Alejandro Navarro, “lejos de ser un beneficio para la comuna de Talcahuano y en apoyar a bajar las cifras de deserción escolar, el Centro Piaget que invitaba a los jóvenes de entre 16 y 24 años a concretar sus estudios y aprender un oficio, por medio de talleres de peluquería, vestuario, párvulo, mecánica, electricidad, técnico en informática, entre otros… nada de eso… Finalmente resultó ser un establecimiento que  juega con la esperanza de decenas de estudiantes”, afirmó el legislador.

Lo anterior, pues como se lo han hecho saber los alumnos al senador del MAS, “están estudiando dos carreras sin saberlo, porque así recibían una subvención del Estado por 150 mil pesos; para ello, el Centro los definían como discapacitados cognitivos.  Asimismo, se tenían que cambiar el nombre para ir al Ministerio de Educación, porque estaban inscritos con otros nombres. Las listas de asistencia eran infladas: de los 280 inscritos, sólo hay 80 alumnos efectivos. Los certificados de alumnos regulares no son reconocidos por el Ministerio de educación ya que el establecimiento no cuenta con certificación alguna”.

Y continuó: “Aparte de no recibir las materias pedagógicas correspondientes, los baños para discapacitados están inutilizables. Alumnas que asistían con sus hijos a clases eran dejados en salas insalubres, que presentaban fecas de ratones”.

En otro punto, el congresista del Biobío informó que “por resolución exenta Nº3765 del 28 de noviembre de 2011 del Ministerio de Educación, en la parte resolutiva, numeral 3 sostiene que: ‘El establecimiento Centro Laboral Piaget, impartirá enseñanza especial (deficiencia mental), coeducacional, subvencionado, diurno’. Por lo que la autorización del MINEDUC era solo para personas con deficiencia”.

Pero, como lo aseveró Navarro, “la realidad era otra, toda vez que fue tal la publicidad que, como los alumnos relatan, del Centro Piaget pasaron por sus casas buscando jóvenes entre 16 y 24 años que no habían terminado la enseñanza media y que quisieran concluirla sacando una carrera técnica como peluquería y cosmetología, confección de vestuario, atención de párvulo, mecánica automotriz, electricidad y técnico en informática, que terminaron por matricularse”.

Queremos que se investigue las irregularidades entre los administradores-sostenedores del Centro Piaget y las denuncias recibidas en el Ministerio de Educación. Sin ir más lejos, cabe señalar que el terreno donde se encuentra ubicado el referido establecimiento es de propiedad del SERVIU de la Región del Biobío y se lo arrienda a la sostenedora”.

Por tanto, aparte del delito de Fraude al Fisco descrito en el Art. 239 inc. 1 del Código Penal en el que podrían caer funcionarios públicos, pusimos atención en investigar a particulares sostenedores y representantes legales del Centro Piaget, que de tener responsabilidad, podrían incurrir en el delito de estafa, en su modalidad específica (artículo 467;  468 del Código Penal) o como estafa residual (artículo 473 del Código Penal)”.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro aseveró que “estamos convencidos que solo los 80 estudiantes de los 260 registrados en el Centro Piaget, que recibía recursos para alumnos con discapacidad mental, forma parte de una máquina fraudulenta, a conocimiento del Ministerio de Educación. Lamentamos que personas normales hayan sido calificadas con discapacidad mental, todo para recibir subvenciones que, a juicio nuestro, corresponde a un perjuicio fiscal de 39 millones de pesos mensuales; cifra acumulativa por los meses de funcionamiento y por la que gracias a esta denuncia de delito tendrán que responder”.

 

 

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

 

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