“Esta es una Ley de Pesca TRUCHA: prórroga por dos años es la salida”

  • Un proyecto de ley que propone extender en dos años la vigencia de la actual Ley de Pesca, para seguir discutiendo acerca del necesario perfeccionamiento de la legislación pesquera firmó el senador Alejandro Navarro en conjunto con los senadores Pedro Muñoz, José Antonio Gómez y Eugenio Tuma.

 

Imagen: elmartutino.cl

El vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, sostuvo que “legislar bajo la presión de la suma urgencia una materia de tanta trascendencia para los diversos actores pesqueros y por un período más amplio aún que el de la ley vigente no resulta apropiado ni para esta rama legislativa ni para el país”. A su juicio, lo anterior, para Navarro “parece aún más evidente teniendo a la vista el estado deplorable en que se encuentran las más importantes pesquerías nacionales y la decisión de entrega a PERPETUIDAD los recursos pesqueros a un grupo de familias ricas de Chile”.

 

Para aprobar una nueva Ley de Pesca, Navarro dijo que “lamentablemente, se requiere no solo contar con la mitad más uno de los votos, vale decir, con la formalidad legislativa, sino procurar sobre la base de la persuasión el mayor consenso posible, para dar cuenta de la diversidad territorial, social y laboral que implica la adopción de medidas de largo plazo en materia pesquera y cinco semanas de debate son sencillamente ridículas. Me avergüenza el proceder del Senado, pero aquí la responsabilidad es del gobierno que obliga a debatir bajo presión”.

 

El congresista señaló que “en los últimos 10 años la industria que maneja el 70% de todos los recursos pesqueros y que mediante el sistema de endeudar y prestar como una ‘cutufa’ grandes cantidades de dinero a pequeños y medianos armadores, impidieron el debate profundo y con tiempo de la ley vigente por 10 años y como lo anticipamos se pone el acelerador en las últimas semanas para no profundizar, sino solo votar”.

 

El senador Navarro estimó “en US$ 70millones de dólares la deuda que los armadores tienen con los industriales y que han invertido básicamente en equipamiento y reparación de sus naves, pero también en vacaciones y gastos suntuarios. Por ello en la pesca el mercado funciona al revés, es decir cuando hay menos pescados y mucha demanda el precio se estabiliza, no sube y algunos casos disminuye”.

 

Y continuó: “La regla de oro del mercado es que un bien escaso y de alta demanda tiene un alto valor, pero la sardina y anchoveta durante una década ha tenido un precio promedio que no supera los $57 mil la tonelada. Todos los estudios indican que éste debiera estar sobre los 90 mil y hasta 110 mil. Así la presión ha estado siempre en el aumento de la cuota. Los pescadores presionan por más cuota, porque no pueden presionar por más precio. Ni una coma de este problema es abordado en este proyecto de ley”.

 

“Hoy ha quedado en evidencia que existen diversas y contradictorias visiones respecto de temas como el estatuto jurídico de los peces, el acceso a los recursos, el fraccionamiento, la protección de las 5 millas de exclusividad para la pesca artesanal, el uso del posicionador satelital, el rol del Consejo Nacional de Pesca, la autonomía de los Comités Científicos, el papel que le cabe al IFOP y al Sernapesca en la investigación científica y la fiscalización, la necesidad de establecer una plataforma social para los trabajadores de la industria y la participación de los pueblos originarios, entre muchas otras materias”.

 

Navarro afirmó que “esta ley no evaluó el funcionamiento durante 10 años de las Cuotas Individuales Transferibles que fueron presentadas como las salvadoras y cuidadoras de la biomasa pesquera, pero que al cabo de una década solo ha provocado que muchos recursos pesqueros estén al borde del colapso como lo constató  el ex ministro de Economía Juan Andrés Fontaine quien denunció este hecho como una novedad de alto riesgo para la economía nacional que produce exportaciones en esta área que superan los US$ 3 mil millones”.

 

Para Navarro “la prórroga es la única y última oportunidad que tenemos en este punto de la tramitación para evitar que se perpetúen los defectos y carencias de una legislación que no está a la altura de los desafíos que en materia de pesca y acuicultura dice tener el país. Ésta es una ley que además de no resolver los temas de fondo, genera mayor concentración económica, no garantiza una verdadera competencia ni tampoco asegura la sustentabilidad. Y, peor aún, condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la industria”.

 

 

 

 

 

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

 

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