“Exigencia de Dicom a pymes por parte del gobierno es injusto e ilegal”

Parlamentario acompañó presentación de recurso de amparo económico de pymes de ascensores ante “requisitos imposibles de cumplir que les ha impuesto el MINVU”.

Como “un atentado a las pymes de Chile”, calificó el Senador Alejandro Navarro, el Decreto Nº22 del MINVU, de fecha 9 de junio de 2010, mediante el cual “se impone requisitos imposibles de cumplir a las pymes instaladoras, certificadoras y mantenedoras de ascensores, estrangulando toda posibilidad a las empresas de seguir ejerciendo su labor”.

El parlamentario recordó que su autoría “del primer proyecto de ley para regular la seguridad de los ascensores, en atención a las miles de víctimas de accidentes en estos medios de transporte vertical. Tuvimos muchas reuniones con autoridades, hasta que la ley salió, pero ahora, con este reglamento, todo queda en cero, pues las empresas pequeñas y medianas, que son la vida del sector, serán asfixiadas”.

Navarro señaló que “el reglamento impone requisitos que no se encuentran en la Ley 20.296, la Ley de Ascensores. Por ejemplo, les exige que no tengan deudas atrasadas con casas comerciales, bancos y otras instituciones. De hecho, señala que ese requisito se debe probar mediante certificados de empresas del rubro. Le faltó poco para decir Dicom. ¿Desde cuando ese es un requisito de idoneidad empresarial?. Hasta las empresas grandes tienen deudas y ahora le vienen a exigir a empresas pequeñas que no tengan Dicom”.

“El reglamento -agregó- exige asimismo que las personas naturales que se desempeñan en el área sean profesionales ingenieros o afines, pero ¿por qué no se exigió que se contrate a un profesional idóneo, en vez de buscar hacerlo socio?, pues en caso que sea una empresa, se le exige esta que este profesional se haga socio de la misma. En el mercado no existen profesionales expertos en el área. Asimismo, para ser instalador se exigen una experiencia profesional de dos años, pero sólo contadas personas la tienen”.

Asimismo, el legislador dijo que “la norma obliga a una empresa tener en su cuenta corriente más de 100 millones de pesos para dedicarse a la actividad de mantenedor de ascensores. Las cuentas corrientes no dan intereses y por naturaleza existen para realizar “operaciones”, para mover dinero, lo que supone un grave perjuicio financiero para una empresa pequeña”.

Navarro señaló que “he acompañado a la Corte de Apelaciones a un grupo de pymes del sector que presentaron un Recurso de Amparo Económico, destinado a lograr que se declare ilegal el Decreto N°22, por ser contrario al artículo 19, Nº 21 de la Constitución, que consagra el derecho a desarrollar libremente actividades económicas de acuerdo a la ley”.

Finalmente, el parlamentario dijo que “este decreto es una mala señal, pues sienta un precedente nefasto. No sólo se afecta la vigencia de la ley de ascensores. Habrá una escasez de mantenedores, instaladores y certificadores, habrán ascensores inseguros, se encarecerán los servicios, las comunidades de edificios se verán perjudicadas, habrá cesantía en el sector. Y surgirán los monopolios, que abusarán de su posición dominante. La verdad, el Ministerio de la Vivienda debe cambiar su rumbo, pues resulta intolerable que se dicten decretos a la medida de los poderosos y en perjuicio de quienes realmente dan trabajo a los chilenos”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *