“Han pasado 3 años y medio y comerciantes saqueados tras el 27-F siguen abandonados”

  • El senador del MAS comentó: “Posterior a este proceso iniciado en Tribunales el 2010, hoy se acerca la hora de la justicia. Todos sabemos que se pudo haber evitado. Y más allá de las responsabilidades políticas, está la justa indemnización a los que ni el tsunami ni el terremoto los afectó, sino que lo perdieron todo por la FALTA DE SERVICIO DEL ESTADO”.
  • Y agregó: “Si esos días posteriores al 27-F Carabineros, la Marina o el Ejército hubieran actuado, los comerciantes NO habrían sufrido tamaña pérdida”.
  • “Ante los ojos de estos pequeños y medianos empresarios de Concepción, Talcahuano, San Pedro, Lota y Coronel impotentes no pudieron enfrentar a los saqueadores que bajo la mirada de personal de Carabineros y de las FF.AA.,  presenciaron cómo se llevaban lo que les costó una vida de trabajo”, sostuvo Navarro.

 

Imagen: Ciper Chile

El senador Alejandro Navarro lamentó que “este jueves no se llevaran a cabo los alegatos judiciales por los negocios que fueron destruidos y saqueados por turbas en horas siguientes al terremoto del 27 de febrero de 2010 en la Corte de Apelaciones”. E informó que “hasta la Segunda Sala llegó el abogado Adolfo Ortega para representar a comerciantes de Talcahuano a quienes nosotros apoyamos, sin embargo el Consejo de Defensa del Estado solicitó suspender la vista de la causa para el próximo jueves”, indicó.

 

Por tal circunstancia, el presidente del MAS puso énfasis en “lo olvidado que se sienten quienes integran la demanda colectiva compuesta por un total de 50 comerciantes provenientes también de Lota, San Pedro y Coronel, que solicitan ser indemnizados por más de 500 millones de pesos en contra del Estado, ya que éste, por medio de las instituciones, no cumplió con su deber constitucional de resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. Son familias que hemos defendido y que quedaron sin su principal fuente de ingreso y que hasta el día de hoy les ha costado enormemente volverse a levantar y regular su situación económica”, afirmó.

 

Seguido de lo anterior, es que Navarro recordó que “a diferencia de las grandes empresas del retail, que despreocupados después de los saqueos pudieron hacer efectivo el pago de seguros para reactivarse, acá estamos hablando de pequeños comerciantes, que no tenían más opción que acudir a bancos y encalillarse por años con préstamos para volver a funcionar. Al igual que otros comerciantes de Talcahuano que tuvieron que lidiar con el azote de un tsunami, los demás también han cargado con una mochila de daño material y emocional enorme, puesto que han tenido que sobreponerse a la impotencia que les significó no poder defender sus negocios que no fueron destruidos por el terremoto ni por una ola gigante, sino que por la muchedumbre desesperada por saquear y destruir”.

 

“Cuando presentamos la denuncia en el 2010 argumentamos, entre otros puntos, que la Constitución en su artículo 19, número 24, obliga al Estado a preservar la integridad física y el derecho de propiedad privada, asunto que fue violado para estos comerciantes. Además, la ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado,  indica que es el Estado el responsable por los daños que causen los órganos de la Administración, por lo que estamos confiados de que tendremos un juicio favorable para los comerciantes”, aseveró el congresista del Biobío.

 

Asimismo, detalló que “la indemnización que los demandantes aspiran por más de 500 millones de pesos en total, se especifica en: el daño emergente, considerando el valor de los bienes y activos fijos destruidos, y los productos saqueados; el daño moral, considerando el dolor, angustia y sufrieron; y en el lucro cesante, de acuerdo al ingreso económico que dejaron de recibir producto de los saqueos”.

 

“Tal como lo indicará nuestro abogado Adolfo Ortega en la audiencia judicial que esperamos no sea más pospuesta, -el senador del MAS continuó – tenemos la certeza que si el Estado hubiese actuado a tiempo, con el apoyo oportuno de la intervención uniformada para el restablecimiento del orden y la seguridad pública, los saqueos, muchos de ellos cometidos por bandas organizadas y armadas, no se habrían concretado”.

 

Proyecto de ley Navarro

con discusión pendiente

Al mismo tiempo, el representante del MAS en el Congreso, el 5 de abril de 2010 presentó un proyecto de reforma constitucional que otorga a losintendentes la facultad extraordinaria y temporal de establecer estado deexcepción constitucional de catástrofe en caso de calamidad que ponga en serio riesgola vida humana e integridad de zonas habitadas, patrimonio fiscal y serviciosde interés social, boletín 6868-07.

 

“Creemos que estamos a tiempo de prevenir y por ello es que en el plano legislativo hay que recoger lo importante que es aplicar el aprendizaje de los errores. Por tanto, es primordial poner en tabla de debate en el Congreso que en la Constitución, específicamente en el artículo 41 de ésta, se agregue que el intendente deba comunicar sin demora, dentro de las 12 horas siguientes su decisión de anunciar estado de catástrofe por calamidad, por cualquier medio de comunicación idóneo que asegure, señalando con precisión los hechos que la motivan y las razones técnicas y prácticas que justifican su actuar”, comentó el legislador del Biobío.

 

Por consiguiente, Navarro señaló que “será el Presidente de la República, quien dentro de las 24 horas siguientes de haber recibido la información del intendente, la tendrá que corroborar y ratificar el decreto de estado de catástrofe por calamidad, haciéndose aplicable todo lo prescrito en el Artículo 41 de la Constitución y de la ley orgánica respectiva”. Y añadió: “Por cierto, como lo señalamos en el proyecto de ley, si el Presidente  determina que  los hechos no son lo suficientemente calificados para justificar la o las medidas adoptadas por el intendente respectivo, podrá de inmediato dejarlas sin efecto”, concluyó.

 

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

 

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