“La acción de Kuhn es un blanqueo a las manchas de la administración de JVR”

  • A raíz de la notificación emitida por el alcalde de Concepción, Patricio Kuhn, para clausurar la actividad de la empresa de los Van Rysselberghe, Arenas Bío Bío por falta de patente, Navarro sostuvo que “esta acción tiene un solo objetivo: blanquear la administración municipal de Jacqueline Van Rysselberghe, y eliminar todos los posibles flancos de cuestionamientos”.

 

Imagen: theclinic.cl

“La resolución de Contraloría, de la clausura de la empresa de los Van Rysselberghe, Áridos Biobío, no resuelve el tema de resarcir al municipio las patentes y los derechos no pagados”. Así de enfático, el senador del MAS respondió ante la noticia, “de una sociedad cuyo patrimonio se compone de un grupo de camiones viejos que ni siquiera pueden ser ubicados. Es decir, en el cierre de la arenera las acciones judiciales de cobranza se encuentran con una empresa que no posee ni capital ni bienes con los cuales pueda pagarse la millonaria deuda que tiene la familia de JVR con el municipio”, dijo Navarro, quien solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado.

 

Y fue el 26 de septiembre pasado cuando el senador Alejandro Navarro, representado por la abogada Dámaris Hernández, recurrieron al CDE denunciando “el abuso de la familia Van Rysselberghe en torno a la deuda de $514.719.516 que la empresa Arenas Biobío Ltda. posee por más de dos décadas con la Municipalidad de Concepción, por concepto de extracción ilegal de áridos. Cifra que finalmente la Corte Suprema rebajó por prescripción a $98.601.429”, señaló Navarro.

 

Es por ello que, tal como lo indicó el parlamentario del Biobío, “esta deuda que tiene un arrastre de largos años, hasta hoy hay una nula efectividad de su cobranza, lo que posibilitaba de que finalmente el municipio tuviera que asumir la pérdida total de la deuda. Es por ello que le pedimos al CDE obligue el pronto pago, con intereses y multas que podrían triplicar la cifra; además de, por cierto, que se definan a los responsables y sean sentenciados”.

 

Esa denuncia, de acuerdo a Navarro, se ampara en el artículo 3, número 3, de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado que entrega al organismo “la defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios de la administración descentralizada del letra Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o participación mayoritarios, siempre que el respectivo servicio jurídico no esté en condiciones de asumir convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso calificará el Consejo”.

 

La complicidad de los alcaldes UDI

 

De acuerdo al presidente nacional del MAS, “la historia no se termina con el cierre de la arenera: aquí hay una deuda y la responsabilidad política de quien no cobró en su oportunidad y permitió la prescripción de los más de 500 millones de pesos y tampoco cobró el saldo acumulado que el tribunal fijó y que ascendía a $98 millones que es la deuda actual”.

 

Y especificó las responsabilidades: “Me refiero a la dirección municipal de la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe y del actual alcalde Patricio Kuhn, quienes han dado la facilidad, tolerancia y han faltado a la probidad para que esa deuda, que debió haber sido cobrada por todos los medios legales, hoy perjudique el interés municipal”.

 

En cuanto a lo de “interés municipal”, Navarro se refirió al informe final IF-VE-168/2010 de fecha 9 de febrero de 2011 de Contraloría con relación a la solicitud de una auditoría financiera llevada adelante por la Municipalidad de Concepción, que reveló más de $3 mil millones de pesos de déficit. “Es decir, no hay excusa alguna de parte de la autoridad municipal que diga que no prescinden de los millones que adeuda la arenera de Van Rysselberghe”, recalcó Navarro.

 

El congresista contrastó que “el municipio cobra regular y crudamente cuando se trata de patentes a los comerciantes ambulantes y a toda persona que quiera realizar una actividad económica en Concepción; por ello nos parece una desproporcionada acción de complacencia familiar de que la ex alcaldesa JVR no haya cobrado esta deuda durante su periodo”, afirmó.

 

Y añadió: “por otra parte, lamento que Kuhn aproveche sus horas antes de salir del cargo para ejecutar esta acción cómplice de encubrir la deuda, para beneficiar hasta el último a una familia que ha explotado la arena del Biobío por muchas décadas y que no ha pagado jamás un peso al municipio por concepto de patente municipal y de costo de extracción. Una cosa es la continuidad del funcionamiento de la arenera, que él tanto ha defendido, y otro es cobrarle lo que debe, asunto que hasta hoy no ha tenido la voluntad”.

 

“JVR usó su poder para no

pagar la deuda de su familia”

 

Aludiendo al “cinismo” de JVR que busca desmarcarse de la responsabilidad histórica que tiene, “pues aún sabiendo de la deuda que la familia de ella tenía con el municipio, no se refiere al tema del cual ella como concejal desde 1992 hasta el 2000, año en el que fue electa alcaldesa hizo caso omiso del fallo judicial de la Corte Suprema en contra de su padre, impidiendo el pago de la deuda”, manifestó Navarro.

 

Y así JVR ocultó la deuda, “desde que Ariel Ulloa interpuso la demanda en septiembre de 1999 en contra de Arenas Biobío Ltda. por extraer áridos del lecho del Río Biobío sin patente municipal; pasando a definirse en marzo de 2000 el cobro de indemnizaciones de perjuicios por $514.719.516;  cifra que por solicitud de prescripción por parte de la empresa en el 2004, y tras ya haberse configurado la demanda del pago de las deudas, que quedó fijada en $98.601.429; y después de un año del 2006, fecha cuando la Corte dictó el cúmplase la sentencia de pago (causa rol N° 3009-98), oportunidad en la que Navarro ante la pasividad del municipio solicitó el pronunciamiento de Contraloría sobre “los actos de negligencia, descuido del patrimonio comunal y si se reñían con la probidad administrativa”.

 

Hoy, el parlamentario del MAS reiteró su denuncia, pero esta vez esperando resultados penales. Y como lo indicó Navarro, se contactó con el CDE, e informó que “una vez que Contraloría informe al CDE cuyo plazo vencía hoy, el CDE determinará si se hace parte en el proceso de cobro de esta deuda y nosotros vamos a insistir en que sea el CDE el que realice todas las acciones legales junto a la Municipalidad de Concepción con el fin de que esta deuda sea cancelada”.

 

 

 

 

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

 

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