“Las investigaciones sobre el Seremi de Salud seguirán, pese a su renuncia”

Por tardarse 8 meses en denunciar el caso del pago de licencias a trabajadores de empresas de papel, el senador denunció al médico al Juzgado de Garantía y a la Contraloría.
Otro punto por el que fue cuestionado por parlamentarios fue el compatibilizar su cargo público con su trabajo en la empresa privada, siendo fiscalizador y fiscalizado a la vez.

Su convicción de que las investigaciones en contra del seremi de Salud, Mario Fernández, que solicitó a la Contraloría y al Juzgado de Garantía por presuntas irregularidades cometidas por el profesional, seguirán su curso a pesar de la renuncia de éste al servicio público, expresó el senador y líder del MAS, Alejandro Navarro. Agregando que el gobierno debe ser más cauto al elegir y nombrar a las autoridades. Ya en Bío Bío han desertado 3, lo que devela una falta de vocación y de compromiso con la región”.

Respecto a las presuntas irregularidades, el legislador recordó que “en junio de 2010, luego del terremoto y tsunami que afectó a nuestra región, solicitamos junto al diputado PS, Manuel Monsalve un pronunciamiento a la Contraloría por el eventual conflicto de intereses que habría estado incurriendo Mario Fernández, quien junto con desempeñarse en sus labores propias de la Seremi de Salud, continuaba ejecutando funciones médicas en una clínica de Concepción. Lo que es reprochable por su dualidad de funciones, de ser fiscalizador y a la vez, posible fiscalizado en su otro puesto de trabajo”.

Junto con lo anterior, el senador Navarro, quien acudió a la Fiscalía a interponer una denuncia, dos días después de que una trabajadora del Compin, Marcela Ibarra, le entregara antecedentes sobre una supuesta asociación ilícita que operaba para defraudar al Fisco con el pago de licencias médicas a trabajadores de más de 10 empresas de papel; reprochó el actuar del Seremi de Salud por “pasivo y poco riguroso”, ya que éste conocía el caso desde mayo de 2010 y ain embargo, tardó más de 8 meses en ponerlos en conocimiento de la justicia.

Lo anterior llevó al parlamentario del MAS a ir al Juzgado de Garantía de Concepción a denunciar al profesional, por la tardanza en el actuar. Lo que a juicio del senador “se configuraría el delito de “omisión de denuncia”, dado que debía, según la ley, informar dentro de 24 horas lo que la funcionaria del Compin, Marcela Ibarra Matamala, le había informado oficialmente en mayo.

A la vez, dichos antecedentes también fueron puestos a disposición de la Contraloría, a quien el parlamentario le solicitó un pronunciamiento respecto a la responsabilidad funcionaria. Esto en el marco de La Ley 19.806, que en su artículo 24 establece que: “Se debe denunciar ante el Ministerio público crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo.”

Navarro agregó que “la ley es clara, toda vez que señala en el Código Procesal Penal que existe la obligación de denunciar para ciertas personas. Es así como en el artículo 175 señala que: “Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos; la ley señala plazos para que estas personas denuncien.” A su vez el artículo 176 señala: “Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal….”

“Y además-continuó-se establecen sanciones frente al incumplimiento de la denuncia dentro del plazo. Señala el Artículo 177.- “Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal (una a cuatro UTM), o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.”

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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