“Presidente debe mitigar el duelo de las familias de las víctimas del tsunami”

“Una medida para mitigar el duelo de las familias que perdieron a sus seres queridos en el tsunami del 27F, producto de la irresponsabilidad de los organismos del Estado que no alertaron a la población del peligro del maremoto tras el terremoto 8,8”, solicitó el senador Alejandro Navarro junto a la esposa de Mario Ovando Garces de 67 años, una de las víctimas de la tragedia.

El parlamentario dijo que “es urgente y necesario que el Presidente Sebastián Piñera impulse un fondo de reparación nacional para las familias de las víctimas y se llegue a una positiva mediación, en donde el Consejo de Defensa del Estado acceda a reparar el daño causado por la ineficacia, inoperancia e imprudencia de los organismos públicos que informaron de manera indebida a la población, dando tranquilidad y seguridad, cuando en realidad las familias tenían la ola sobre sus viviendas, provocando que por inmersión producto del tsunami, en total fallecieran 153 y desaparejan 24”.

Demandas y querellas en curso

A la vez, el legislador, quien apoyó en la presentación de demandas y querellas a 5 familias afectadas, catalogó como “un gran para todas las demandas que están en Tribunales en contra del Estado por no alertar a la población el riesgo del tsunami durante el terremoto del 27F, calificó el senador Alejandro Navarro el fallo que obliga al Fisco a indemnizar por la muerte del chofer Luis Soto Repiso en la Ruta Interportuaria, quien en la noche del terremoto 8.8, luego de escuchar a las autoridades de que no había peligro de un nuevo desastre decidió buscar a su familia, muriendo arrastrado por una ola.

Respecto a las acciones judiciales presentadas, que están en proceso, el parlamentario, comentó que buscan que “se repare el daño moral que el Estado ha causado a las familias, por no haberles advertido que se venía el tsunami, incitándolos a mantenerse tranquilos en su vivienda y a no salir en busca de un lugar para protegerse; lo que causó la muerte por inmersión de las víctimas”.

El congresista del MAS, explicó que “la demanda en el caso de la familia del señor Ovando se fundamenta en la responsabilidad que atiende a la falta de servicio público que no prestó el Estado, pues sus funcionarios tenían la responsabilidad de cumplir un deber de garantes de la seguridad de las personas, como lo es monitorear, prevenir, educar, y/ o alertar a la población, especialmente a aquellos que habitaban en zonas costeras, lo que claramente durante la catastrofe, no se hizo. De modo que la falta de servicio se transforma en una responsabilidad directa de la Administración, al no someter su accionar a la Constitución y a las normas legales dictadas conforme a ella”.

Los hechos de la acción judicial “son constitutivos del cuasidelito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 490 Nº1, en relación al artículo 391 Nº2 del Código Penal. Esto en relación a la difusión pública por la autoridad de la información falsa y errónea en orden a que el sunami no se produciría. Esto, en el momento en que la ciudadanía se encontraba más vulnerable, desamparada y expuesta a las fuerzas de la naturaleza. A la vez, fue además temeraria, ya que habría bastado que los encargados de evaluar si se había o no producido un maremoto y atendida la magnitud de la catástrofe, aconsejaran huir a lugares elevados y no indicar que era preferible quedarse en los hogares cercanos al mar”.

A juicio de Navarro “el gobierno tiene el deber moral de en el marco de la Ley de Reconstrucción, de crear un fondo de reparación nacional que indemnice a las familias de las víctimas que fallecieron durante el terremoto o tsunami. Y si no lo hace, los tribunales se seguirán llenando de acciones judiciales en contra del Estado, y el gobierno seguirá contribuyendo a alargar la agonía de las familias”.

Casos

Navarro comentó que las víctimas del tsunami, que fallecieron por asfixia por inmersión, casos que acompañó a las respectivas familias a presentar querellas son los pescadores artesales de caleta Tumbes Jose Tapia, de 69 años, y Armando Dominguez, de 59 años; Marcial Badilla, de 92 años, tambien habitante de la misma localidad y Juan De Dios Gutiérrez Rioseco de 70 años, guardia de seguridad privado de la Aduana de Talcahuano, quien fallecio en su puesto de trabajo.

En tanto, comentó el caso de Mario Ovando, en donde hay una demanda en trámite, quien falleció en el Hospital Higueras, luego de recibir la ola que cubrió hasta el techo de su casa, lo que lo hizo sufrir hipotermia y tragar agua y lodo. Lo que se habría evitado si las autoridades pertinentes hubieran actuado con responsabilidad alertando del tsunami”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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