Advierten que sin diálogo social no habrá Ley General de Educación

Senador Navarro llamó a que el Congreso escuche a los actores antes de votar la iniciativa y a centrarse en el proyecto que crea la Superintendencia de Educación

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El senador Alejandro Navarro, presidente de la comisión de Educación, junto al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo y al presidente de la Corporación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Pagados, Bruce Taylor, y de la Agrupación de Padres Apoderados Municipalizados, Eduardo Catalán, consideraron insuficiente el proyecto LGE ya que no responde a las demandas de los actores involucrados en la llamada “crisis de la educación”, razón por la cual llamaron a un gran debate nacional y a un diálogo real con los movimientos sociales.

Tras la reunión, Navarro indicó que “el diálogo fue enriquecedor y hay un consenso amplio sobre la crisis en que se encuentra la situación de la educación en Chile en todos sus niveles y también la crisis del dialogo, de la movilización social, y la crisis política de la indefinición sobre qué tipo de proyecto de ley va a salir de la Cámara de Diputados”.

“Yo creo que no hay que retirar el proyecto, sí debatirlo mucho más, y eso significa que los parlamentarios no lo voten antes de escuchar a los ciudadanos. La crisis de la Concertación es que no escucha a la gente. Nadie ha tenido la posibilidad de debatir, ni los estudiantes, ni los profesores, ni los ciudadanos. Si la política para discutir la educación es la ley mordaza, yo no lo voy a aceptar”, señaló Navarro.

Enfatizó que “estamos avanzando a pasos raudos hacia una situación crítica en lo político e institucional. El ex ministro Zilic se fue del ministerio porque no fue capaz de manejar la movilización estudiantil. La ministra Provoste se fue con una acusación de que no tuvo capacidad de manejar al interior del ministerio y la ministra Jiménez está en una delicada situación porque hasta ahora no hay capacidad de manejar la tramitación de un proyecto de ley”.

“Las lecciones hay que aprenderlas –agregó- y aquí hay ausencia de diálogo. No es posible que a estas alturas con un segundo paro de profesores no exista diálogo con ellos. Con 3 semanas de movilizaciones no exista diálogo con los estudiantes. Un gobierno que no dialoga y se encapsula, un ministerio que sólo conversa con los tecnócratas y sólo se dedica a hacer lobby político y cuyas decisiones ya no radican en el ministerio sino que son traspasadas a la Moneda, es un ministerio de Educación que no conduce”.

En tal sentido, advirtió que la votación del próximo martes en la Cámara “es altamente incierta, lo cual tiene el riesgo de extenderse a áreas más allá del área educacional. Yo creo responsablemente que no va a haber LGE en el gobierno de la presidenta Bachelet, siento que no hay ninguna condición para que una ley de esta envergadura pueda ser aprobada en el curso de las postrimerías de un gobierno y con dos elecciones de por medio”.

Dijo que “claramente los escenarios no son los mejores para debatir sobre el bien del país, son escenarios donde se debate por el bien de los partidos, el bien de las coaliciones, el bien de los candidatos presidenciales, y en donde el país en materias como estas puede quedar sujeto a condiciones de presión que terminen desvirtuando los proyectos. Hoy es un debate pedagógico, sino que esencialmente ideológico, lo que puede acentuarse en los próximo meses”.

A su juicio la LEPU (Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública) “tiene que ser evaluada, porque para ese ley no se requieren los votos de la derecha, no se requiere aceptar el chantaje de la derecha, es una ley de quórum simple. Y por lo tanto yo espero que el ministerio evalúe otras alternativas, porque lo que no puede ser es que una vez que se paralice la LGE, continuemos con la LOCE. La LGE mejora algo, pero consolida el lucro, la discriminación, la selección y particularmente el crecimiento al infinito de los colegios particulares subvencionados”.

En ese punto destacó las palabras del presidente de la comisión presidencial de educación, Eduardo García Huidobro “los silencios de esta ley son más peligrosos que lo que dice la ley”.

“Aquí se debe debatir a través de cabildos regionales y que la ciudadanía tenga opinión. Hoy día existe posibilidad de discutir y paradojalmente se recurre a los acuerdos políticos. Aquí no bastan las manitos tomadas, se requiere debate ciudadano. Si los presidentes de partidos políticos insisten en transformarse en el Congreso Nacional y tomar decisiones e intentar órdenes de partido, yo digo entonces cerremos el congreso y que legislen los partidos. Pero como hay un congreso, debemos debatir y escuchar a los ciudadanos pero esa posibilidad se cercena con la suma urgencia”, precisó.

Paro de profesores a partir del lunes 16 de junio

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, junto con valorar la reunión aseveró que “es el momento que los actores, los más directamente involucrados en el tema educacional entremos a coordinarnos, conversar y fijar posiciones, para ver cómo salimos de esta crisis que vive la educación hoy en día”.

Insistió que la posición de los profesores “es el retiro del actual proyecto de ley que está en el Congreso. Consideramos que esta iniciativa es insuficiente, no da cuenta de todas las situaciones que hoy día requieren cambios fundamentales”.

Precisó que hay aspectos como la selección y el lucro que “no son erradicados de la nueva institucionalidad educativa que se pretende. Tampoco hay un cambio en lo referido a la administración de la educación y el financiamiento”.

Igualmente criticó que la definición que se hace de la educación pública “es mínima y que requiere de una mayor precisión, sobretodo hablar de un área de propiedad estatal, con lo que impulsamos un sistema mixto de educación”.

Por ello, informó que “hemos acordado que a partir del lunes 16 de junio un Paro Nacional de Actividades del Magisterio, un paro total de Arica a Magallanes e indefinido. Va a depender de los acontecimientos que ocurran en el Parlamento con el proyecto de la LGE”.

Lamentó que no exista una instancia de negociación con el gobierno, razón por la cual llamó a un dialogo y generar espacios de debates. “El peor error que se ha cometido es que se insista en la suma urgencia del proyecto, es necesario el debate, pues se trata de un tema nacional que preocupa a todo el país y, por tanto, no puede ser un acuerdo entre cuatro paredes, se tiene que realizar un diálogo con los actores involucrados, con el mundo social”, dijo Gajardo.

A su turno el representante de los Padres y apoderados de los Colegios Municipalizados (AMDEPA), Eduardo Catalán, dijo que “valoramos esta instancia de conversación donde podemos plantear muy sinceramente nuestras posiciones. Queremos decir que no estamos de acuerdo con la Ley General de Educación, porque dentro de esta ley se institucionaliza el lucro y la selección y no se plantea un fortalecimiento a la educación pública. Por lo tanto, al tener estos puntos sobre la mesa hemos pedido audiencia con la ministra de Educación, aún esperamos esa respuesta”.

“No es cierto que quiera dialogar con las organizaciones sociales. Hasta el momento no ha recibido a los estudiantes, ni a los padres y apoderados, tampoco a los profesores. Por eso nosotros también apoyamos las movilizaciones de los estudiantes porque creemos que es la única herramienta que existe en este momento para respaldar a los jóvenes. Llamamos a la ministra y a la presidenta a escuchar a las organizaciones sociales y establecer una mesa de trabajo, ya que el 2006 se pretendió hacer algo, se creo una comisión, pero al final se hizo un acuerdo cupular entre partidos que no nos representa”, dijo Catalán.

Bruce Taylor, representante de los apoderados de colegios particulares (CODEPA), dijo que si bien la posición de los padres de estos colegios es distinta a los intereses de los colegios particulares subvencionados y municipales “ha sido muy interesante esta reunión, ya que el Colegio de Profesores nos ha garantizado que ellos nos buscan la estatización de la educación particular pagada y cuando plantean fin al lucro se refieren a la educación estatal”.

Sobre la LGE, Taylor sostuvo que “a nosotros nos parece que no recoge muchas de las inquietudes que tienen los padres y apoderados de los colegios particulares como es por ejemplo contar con una Superintendencia de educación con atribuciones, porque la que se plantea es limitada y no tiene atribuciones sobre los colegios particulares pagados”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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