ALCALDESA DEBE COBRAR LOS 514 MILLONES QUE LE DEBEN

Diputado Navarro: ‘municipio de Concepción debe cobrar para pagar a profesores’

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El diputado Alejandro Navarro señaló que “hoy se hace urgente y necesario que la Municipalidad de Concepción haga valer sus derechos y proceda a realizar todos los trámites judiciales y administrativos que sean pertinentes para concretar el cobro de la deuda que tiene la empresa Arenas Bio-Bio Ltda., propiedad del ex diputado Enrique Van Rysselberghe, con ese municipio”.

El parlamentario recordó que “en 1998 hubo un proceso judicial -que incluyó también la entrega de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE)- a raíz de la extracción de arena desde el lecho de río Bio-Bio sin los permisos correspondientes por parte de la mencionada empresa. Según consta en los antecedentes que manejamos, el ex alcalde de Concepción, Ariel Ulloa, realizó las presentaciones correspondientes ante los tribunales de justicia, porque no existe ni existió patente municipal alguna que amparara la actividad de extracción de áridos por parte de la empresa Arenas Bio-Bio”.

El legislador del PS dijo que “en toda actividad de extracción de arena de un río se debe dar cumplimiento a la ley Nº 11.401, del 16 de diciembre de 1953. Esta ley establece en lo central que la extracción de ripio y arena requiere permiso municipal; también señala que dicho permiso sólo podrá otorgarse previo informe favorable de la Dirección General de Obras Públicas del MOP (quien debe determinar las zonas prohibidas para esta actividad) la que además agrega que por dicha actividad es facultativo de los municipios el cobro de derechos. Todo lo anterior, según documentos municipales entregados por el ex alcalde Ariel Ulloa, nunca existió”.

Navarro indicó que “ante este hecho, el Segundo Juzgado de Policía Local de Concepción, con fecha 29 de mayo de 1998, condenó a la empresa, representada por Enrique Van Rysselberghe Varela, al pago de una multa de 10 UTM, como autor de las infracciones de extraer arenas del río Bio-Bio sin cancelar derechos municipales y ejercer su comercialización sin patente”.

“Aún más -prosiguió- como Arenas Bio-Bio desde hace 23 años vino ejecutando la actividad de extracción de los indicados áridos al margen de la ley, un dictamen judicial de marzo de 2000 determinó que la suma total que se adeuda al municipio penquista por concepto de cobro de las indemnizaciones de perjuicios asciende a la suma de $.514.719.516. Es precisamente ésta la cantidad que debe ser cancelada por la empresa infractora y también es esta la cantidad que debe ser cobrada por la Municipalidad de Concepción; más aún si consideramos que lo único que se ha solicitado, con fecha 01 de abril de 2002, es la devolución de los impuestos que adeuda la empresa con la Tesorería General de la República”, señaló el parlamentario”.

El diputado dijo que “hoy más que nunca se hace indispensable proceder al cobro de esta millonaria deuda por parte del municipio penquista. Esto, en consideración que con este dinero se podría cancelar un tercio de la deuda de 1.560.000.000 (mil quinientos sesenta millones de pesos) que se mantiene con los profesores desde el año 1982, cuando el alcalde designado de la comuna era Claudio Arteaga, quien fue candidato a diputado de la UDI por el distrito 44 en las elecciones de 1993”.

“En este punto hay que ser muy preciso -afirmó el diputado PS-, la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, ha insistido en que el plazo necesario para cancelar la deuda con los profesores es de 20 años, punto en que no mostrado ninguna flexibilidad. Esto se contradice con la opinión de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), que primero accedió a ampliar el plazo de pago en 5 años y esta confirmó una nueva ampliación a 10 años. Este plazo es mayor aún que el brindado a otros municipios como el de Tomé, que, con un alcalde de la Concertación a la cabeza, sólo recibió, para un caso similar, un plazo de 4 años”.

“La solución propuesta hoy por la alcaldesa a la deuda que se mantiene con los profesores es desde todo punto de vista inaceptable, pues no corresponde que se pretenda condicionar y comprometer las posibilidades de inversión de cinco administraciones municipales futuras e hipotecar la inversión de la comuna durante ese período de tiempo. De hecho, sólo con el dinero que se pagará en intereses se podría construir -durante cada uno de los 20 años- un consultorio de 80 millones de pesos”, señaló Navarro.

“El tema -indicó el legislador- debiera centrarse en la forma más eficiente y rápida para cancelar la histórica deuda con los profesores, de los cuales 8 ya han muerto en estos años esperando su justa cancelación. Obviamente el municipio debiera ser más eficiente en su gestión y no dilapidar recursos como ocurrió en el recital rock que se desarrollo en Talcahuano, donde la municipalidad perdió 40 millones de pesos, o en la inversión en fuegos artificiales que le costó 30 millones al presupuesto municipal. Pero lo principal es que se generen con carácter de urgente los mecanismos adecuados que permitan al municipio cobrar a la brevedad las deudas que mantienen algunos particulares, como Arenas Bio-Bio, con la corporación edilicia”.

“Es necesario denunciar claramente el show que se verifica mediante el llamado que realizó a gendarmería preguntando si era posible que llevara su propia cama, su computador y su celular al recinto penitenciario. Nadie quiere que la alcaldesa vaya a la cárcel. Digámoslo francamente, ella no es culpable de esta deuda, pero está enfrentando mal la solución de este problema”, aseveró el parlamentario.

Navarro dijo que “la ciudadanía no debe llamarse a engaños, lo claro aquí es que ha habido una inexplicable la tardanza en el cobro de la deuda que mantiene la empresa Arenas Bio-Bio. Lo anterior se agrava si consideramos que en el tema expuesto se trata de la extracción de áridos en la ribera de un río, que por lo tanto constituyen parte de un bien nacional de uso público. Es por esto que hemos decidido reiterar la solicitud hecha al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que estudie todos los antecedentes referidos a estos hechos y para que evalúe la posibilidad de hacerse parte en el caso a través de una acción judicial directa. Lo anterior, de acuerdo al Artículo Nº6 del DFL 1 del Ministerio de Hacienda”.

El legislador informó finalmente que enviará una carpeta, con todos los antecedentes referidos al tema, a los concejales de la Municipalidad de Concepción, a objeto de que plenamente informados puedan hacer presente, en las instancias que correspondan, la urgencia del cobro referido.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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