Alpa: “GORE no cumple su palabra y se resiste a pagar”

El senador del MAS pidió la inhabilidad de Pedro Mattar en el proceso contra las cadenas coludidas en el alza de precios:

Su total molestia con el actuar del Gobierno Regional, que sigue poniendo trabas para no pagar la deuda que mantiene con los 29 ex trabajadores de la empresa ALPA-a cargo de las obras del edificio de Servicios Públicos de Penco, que quedaron cesantes luego de la quiebra de la constructora-manifestó el senador y candidato presidencial Alejandro Navarro, luego de enterarse del escrito presentado por los abogados, que busca impedir la cancelación de los más de 200 millones de pesos; “lo que se contrapone con la resolución del Consejo de Defensa del Estado, que junto con darnos la razón, fue enfática en señalarle al Ministerio de Hacienda que el GORE debía pagar”, dijo el parlamentario.

El legislador del MAS expresó que “lamento que el Gobierno regional se haya dado una vuelta de carnero, y haya faltado a su palabra empeñada en reunión con los trabajadores afectados y este senador, en donde se nos señaló que los dineros estaban y que la demora era sólo por un tema administrativo. Aquí se engañó a los trabajadores, lo que no vamos a permitir”.

Además, el Senador comentó que “con esta porfía, que además es extemporánea, lo único que están haciendo es, junto con retrasar el pago, subir aún más la deuda y encalillar más y más al Estado, porque tarde o temprano se deberán cancelar igual”.

Navarro, quien desde el comienzo ha estado apoyando a los trabajadores, con el fin de que se les cancele la deuda y para que el Fisco no pierda más patrimonio, recordó que “en junio de 2008 recurrimos al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, con el fin de que pudiera agilizar la cancelación decretada por el Segundo Juzgado del Trabajo de Concepción, luego de que el Gobierno Regional llevara el caso a Tribunales y desechara el acuerdo prejudicial cuando se inició el conflicto, el año 2006; camino que hubiera evitado el juicio y resuelto el problema por un monto de 11 millones de pesos y no los 170 millones, que con reajustes, intereses y costas superará con creces los 200”.

El tema anterior, en marzo de 2008 motivó al Parlamentario a llevar el caso a la Contraloría, con el fin de que este organismo investigara si la defensa jurídica del Gore del Bío Bío había cautelado o no los intereses fiscales durante el desarrollo del proceso judicial.

El presidenciable, quien puso en conocimiento de la situación a la Intendenta de ese entonces, María Soledad Tohá, con el objeto de que resolvieran el problema en el corto plazo, para así evitar que el conflicto llegara a mayores, comentó que desde el 2006 “junto a los afectados y sus abogados intentamos que hubiera un avenimiento, a lo que el Gore señaló que para ello previamente debía haber una demanda de por medio; y una vez interpuesta, declinaron conversar para buscar un acuerdo, señalando que esperarían la sentencia, fallo que además los profesionales del Gobierno Regional no presentaron apelación ni descargos, motivo por el cual la cifra se disparó”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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