Antimonopolio: Una Justa Competencia

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En los últimos días se han escuchado múltiples voces de crítica a los organismos antimonopólicos. Se aduce que por lo lento de los procesos, por la supuesta ignorancia de los miembros de las comisiones el sistema se ha transformado en un obstáculo para el crecimiento económico.

Estas criticas revelan un desconocimiento de las dificultades propias de la defensa de la competencia, son injustas y responden a la defensa de intereses creados.

Revelan desconocimiento pues como se sabe la justicia requiere tiempo para avanzar: Mas aún, en el caso de la defensa de la competencia la autoridad enfrenta normalmente a las más poderosas empresas de cada sector. Son a menudo empresas filia de las firmas más poderosas del mundo. Cuentan por tanto con grandes recursos para disimular y proteger su abuso de posición dominante. La propia naturaleza de la infracción contra la competencia es extremadamente difícil de configurar y de probar. El propio poder que disfruta la empresa dominante constituye un gran disuasivo para que las víctimas de dichos comportamientos sostengan sus denuncias frente a los organismos de defensa de la competencia. Cuantos abusos denuncian por ejemplo, en privado los proveedores grandes y chicos de las grandes cadenas nacionales, y cuantos llegan a los organismos de competencia. Son conocidas también las quejas de generadoras eléctricas, pero estas prefieren negociar antes que optar los elementos para el litigio frente a las comisiones. Los académicos que muchas veces alegan frente a la supuesta ignorancia de los miembros de las comisiones, modifican sus planteamientos cuando reciben financiamiento para desarrollar estudios. El caso de la integración vertical del sector eléctrico en la pasada década en un ejemplo claro de ello.

Son injustas pues no dan cuenta del importante papel que ha jugado el sistema en la dinamización de importantes industrias del país. Basta el ejemplo de las telecomunicaciones. El crecimiento espectacular de la telefonía móvil no habría sido posible si la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión Resolutiva no hubiesen detenido el tristemente celebre “Calling Party Pays Plus” con que la empresa dominante del sector intentó obstaculizar el desarrollo del PCS y la implementación de “quien llama paga”, que esta a la base de que existan en el país tres millones de usuarios móviles.

Responde a intereses creados pues se critica que los organismos pretenden evaluar el impacto en la competencia de adquisiciones y fusiones lo que en otros países como USA es una practica habitual en Chile estos intereses pretenden pasarlo como un obstáculo a la eficiencia proviene de que no se revisan fusione que sin agregar a la eficiencia pueden constituir una amenaza a la competencia en el sector, creando las condiciones para el surgimiento de condiciones monopólicas.

En nuestra perspectiva las instituciones de defensa de la competencia han hecho mucho más de lo que se esperaba pese a lo modesto de los recursos. La reciente reforma que entrego recursos adicionales a la FNE empezará ya este año a rendir frutos.

Sin embargo, la creciente importancia de la competencia que tienden en muchos mercados a sustituir parcialmente las necesidades de regulación hace urgentemente necesario avanzar con rapidez en la modernización institucional del sistema y en la reforma de la legislación de defensa de la competencia.

Se observa con nitidez como por ejemplo en el ámbito de las telecomunicaciones por ejemplo la regularización de precios es sustituida por la competencia. Es el caso de la larga distancia y la telefonía móvil. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con implementación de la desegregación de redes de competencia en telefonía fija puede ser pronto una realidad. Algo similar ocurre en el sector eléctrico, donde las tendencias internacionales dejan en evidencia la necesidad de profundizar en rol de la competencia en el suministro eléctrico. Estas tendencias exigen una modernización institucional urgente.

Es este sentido las agencias reguladoras deben poner en el centro de su atención la vigilancia de la competencia en sus ámbitos específicos. Cuando esto no ocurre como ha sido el caso en la ampliación de bandas de algunas concesiones de telefonía móvil es importante que el sistema antimonopolio reaccione con presteza.

Es fundamental, en este contexto modernizar la Comisión Resolutiva. Esta debería transformarse en un tribunal de la Competencia, tribunal permanente, con 5 miembros con dedicación exclusiva, que combinen conocimiento jurídicos económicos y técnicos que sean presididos por un miembro de la Corte Suprema. Este tribunal debería analizar los problemas de competencia y constituirse en una segunda instancia para la revisión de las decisiones de los organismos reguladores. De esta forma se reducirá fuertemente la incertidumbre jurídica que se genera al llevar temas tarifarios y otros a los tribunales ordinarios que carecen de los conocimientos requeridos.

Las comisiones preventivas cumplen la función de orientar y establecer recomendaciones para que los privados sepan a que atenerse en sus decisiones. La política de competencia, es sin embargo, parte de la politica económica y por tanto debe ser desarrollada por el ejecutivo. Es por ello razonable asignar a la Subsecretaría de Economía o a una eventual subsecretaría de competencia y regulación las tareas indicadas. Esta subsecretaría debería desarrollar un seguimiento de los distintos mercados y realizar recomendaciones. Los privados que se vieran perjudicados podrían reclamar frente al Tribunal de la Competencia.

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
Diputado

Fuente: Oficina Parlamentaria

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