Aprueban nuevo sistema de acreditación universitaria

Diputado Navarro: ‘educación superior debe crecer también en calidad’

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Su satisfacción por la aprobación del proyecto de ley que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, expresó el diputado Alejandro Navarro quien dijo que “este nuevo sistema tendrá entre sus funciones: informar, identificar, recolectar y difundir la gestión del sistema; el licenciamiento de instituciones nuevas, que corresponde al proceso de evaluación, aprobación y verificación; la acreditación institucional; y la acreditación de carreras o programas”.

El parlamentario señaló que “es fundamental un sistema de acreditación pública que se puede ir perfeccionando con el tiempo. Todos sabemos que el sistema de Educación Superior ha crecido y hemos pasado de 200 a 500 mil alumnos y llegaremos seguramente a un millón de alumnos, pero en cuanto a la calidad en términos nacionales e internacionales sabemos que es diversa: hay lugares de mucha calidad, regulares y malos”.

“Por eso -agregó- es necesario contar con un sistema de acreditación que vaya evaluando y exigiéndonos más. Lo peor que puede ocurrir en Educación Superior es ser autocomplacientes: no basta con crecer en cantidad, sino que necesitamos crecer en calidad para este bien público que es la educación, donde es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad, que es acreditar y garantizar la calidad”.

Navarro cuestionó duramente la posición expresada por UDI, indicando que “este tema hay que mirarlo con un sentido de sociedad, con lógica de conjunto. Ellos dicen que la acreditación no puede ser pública y que en definitiva ésta tiene que ser hecha por cada institución, que tiene que ser autorregulación por la vía del mercado, acusando a todo aquel que no piensa como ellos de estatista, lo que no corresponde a la realidad”.

El legislador del PS dijo que “la UDI nos dice que el sistema tiene que ser de mercado, aún cuando en 20 años no ha funcionado este sistema de evaluación y autorregulación de mercado que ellos quieren. Por qué siguen proliferando universidades y carreras de una calidad insuficiente. Se plantea que la discusión es entre lo público y lo privado, la discusión real no es esa, esta en verdad tiene más que ver con la mediocridad y la calidad”.

El diputado explicó que “de acuerdo al proyecto la función de licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior corresponderá al Consejo Superior de Educación y al Ministerio de Educación, y que este sistema nacional será coordinado por un comité, integrado por el vicepresidente del Consejo Superior de Educación, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y el jefe superior de la División de Educación Superior del Mineduc”.

El parlamentario añadió que “el proyecto crea la Comisión Nacional de Acreditación que verificará y promoverá la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, así como de las carreras que ellos ofrecen. Esa comisión deberá pronunciarse sobre la acreditación de dichas casas de estudios, acerca de las solicitudes de autorización, de nuevos programas de postgrado y pregrado; y servirá de órgano consultivo del Ministerio de Educación”.

Navarro precisó que “dentro de sus atribuciones, la comisión acreditadora podrá aplicar las sanciones que establece la ley; conocer las apelaciones y proponer al Consejo Superior la designación del Secretario Ejecutivo, quien deberá atender las solicitudes de acreditación institucional ante la Comisión, proceso en el cual se evaluará el cumplimiento de su proyecto institucional y verificará la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación de la calidad”.

“En tanto este proceso se implementa -añadió- la acreditación de carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado, será realizada por instituciones nacionales o internacionales denominadas agencias acreditadoras. Mediante este sistema se busca dar garantía de calidad de las carreras y los programas ofrecidos”.

Finalmente el legislador indicó que “las infracciones a las obligaciones de las agencias serán sancionadas con amonestaciones por escrito, multas a beneficio fiscal por un monto equivalente hasta de 100 UTM -casi 3 millones de pesos- suspensión o término anticipado de la autorización. Además, todas las instituciones de educación estarán obligadas a difundir información sobre el estado de avance de dicho proceso, en las áreas que postuló y del resultado obtenido”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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