Aprueban regularización de ocupación de terrenos fiscales

Diputado Navarro destacó la importancia de la iniciativa aprobada

proyecto

Su satisfacción por la aprobación del proyecto de ley que amplía los alcances de los beneficios establecidos para los ocupantes irregulares de terrenos fiscales y fijar un nuevo plazo para presentar las solicitudes respectivas, como así, también, regularizar situaciones que no se encuentran contempladas en la legislación vigente, manifestó el diputado Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, instancia que discutió el proyecto.

El parlamentario dijo que “esta iniciativa busca complementar los mecanismos de regularización de la posesión y ocupación irregular de inmuebles, a través, de determinadas condiciones, modalidades y restricciones, compatibilizando las legítimas aspiraciones de los particulares beneficiarios con el interés fiscal involucrado en la actual propiedad de dichos inmuebles”.

Respecto del contenido del proyecto aprobado, el legislador del PS indicó que “el proyecto, modifica dos cuerpos legales: la ley Nº 19.776 y el decreto ley Nº 2.695, de 1.979. La primera de ellas regula tres situaciones concretas: la de los inmuebles fiscales otorgados a título gratuito a personas naturales, que no habían sido inscritos por sus beneficiarios, situación que se produce, en mayor medida, en las regiones I, II,VIII, IX, X y XI y que se refieren específicamente a los casos de beneficiarios de títulos gratuitos u otros modos de transferencia de inmuebles fiscales, que al no haber sido inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, nunca pudieron perfeccionar su calidad de propietarios de los bienes entregados por el Estado”.

“Esta ley -agregó- estableció que los ocupantes de inmuebles fiscales, que los ocupen total o parcialmente, con a lo menos cinco años de anticipación a la vigencia de la ley, podrán solicitar a Bienes Nacionales el otorgamiento del título gratuito de dominio sobre el inmueble correspondiente, eximiéndose para estos casos de la exigencia de acta de radicación y del análisis de la situación socioeconómica, como también, de la exigencia de no poseer ni ellos, ni sus cónyuges otro inmueble, parte o cuota de derechos que recaigan sobre éste, cuyo avalúo fiscal no sea superior a 500 unidades de fomento”.

Navarro dijo que “el segundo caso considerado por la ley 19.776, dice relación con la situación de ocupaciones sobre inmuebles fiscales ubicados en la XI Región de Aysén, en las provincias de Chiloé, Palena y en algunas comunas de la provincia de Llanquihue, como Cochamó, Maullín, Fresia, Los Muermos, y la comuna de Puerto Montt, en el sector al sur del río Chamiza hasta el límite oeste de la comuna de Cochamó”.

“En torno a estos lugares -señaló- existen numerosas ocupaciones en terrenos fiscales, en su mayoría carentes de títulos. En algunos casos, los ocupantes habían solicitado adquirir estos terrenos a Bienes Nacionales, compras que no pudieron perfeccionarse por el alto valor comercial. En otros casos, durante la ocupación, estas personas habían adquirido otros inmuebles, ya sea por el sistema de subsidios o por herencias u otros medios, circunstancia que les impedía acceder a estos bienes, por haberse así establecido en una prohibición, que fue dejada sin efecto por el artículo 4º de la ley Nº 19.776”.

El parlamentario dijo que “en definitiva este proyecto tiene por objeto regularizar situaciones pendientes de irregularidades en la propiedad a lo largo del país, porque a pesar de la aprobación de la ley Nº 19.776 hace sólo un año, haciéndose cargo de una situación muy particular de la X y XI regiones, y que afecta seriamente a sus habitantes, y tras una evaluación de los efectos de su aplicación, se consideró necesario introducirle modificaciones”.

Navarro dijo que “el contenido y alcance de las reformas considera el establecimiento de un nuevo plazo de 90 días para que ingresen nuevas solicitudes, en virtud de esta facultad legal, pese a que algunos parlamentarios lo consideraron insuficiente considerando las características geográficas de algunas localidades. Otra reforma introducida permite que el avalúo fiscal del primer inmueble que tengan las personas suba de 500 unidades de fomento a 700 unidades de fomento, ya que es una condición que impide acceder a este beneficio a un conjunto de personas que legítimamente tienen derecho a ello”.

“Otra importante modificación está relacionada con un sinnúmero de propiedades que están emplazadas en terrenos de propiedad de los Serviu, de las municipalidades o de otros servicios de la administración descentralizada, que no han podido ser regularizadas, a pesar de tener ocupaciones de antigua data, ser de personas de escasos recursos, por cuanto el decreto ley Nº 2.695 impide al Ministerio de Bienes Nacionales regularizar sobre propiedades de esas corporaciones”, dijo el diputado.

“Sin embargo -agregó- que la modificación hecha faculta al Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar las propiedades de municipalidades o de servicios descentralizados, como los Serviu, siempre y cuando se cumpla con el requisito de obtener una autorización expresa de dichas entidades, y que el financiamiento de dicha regularización sea de cargo del solicitante, de la corporación propietaria o de otra institución”.

Prensa Oficina Parlamentaria

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *