“Arrinconar a comunidades huilliches sólo conduce a un nuevo punto de conflicto”

Diputado Navarro se reunió con autoridades y 26 lonkos en visita a Chiloé

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Su convicción de que “arrinconar a las comunidades huilliches de Chiloé sólo producirá que se genere un nuevo punto de conflicto en el tema indígena”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, durante una visita a la Décima Región, ocasión en que además de recibir antecedentes de autoridades regionales, sostuvo un importante diálogo con lonkos de 26 comunidades, en la localidad de Kompu, en Quellón, para recabar antecedentes respecto a la construcción de caminos en terrenos reclamados por ellos.

El parlamentario dijo que “de acuerdo a los antecedentes que hemos conocido, las comunidades han expuesto su preocupación por decisiones administrativas relacionadas con el tema de tierras y caminos y de lo que a su juicio es la ineficacia de las mesas de trabajo y de diálogo indígena instaladas en Chiloé, debido a que entre otras cosas no ha sido respondida su demanda de contar con un catastro de tierras fiscales. De hecho, lo que debería ocurrir es que se realice un nuevo estudio sobre delimitación de tierras para que un hecho como este no se vuelva a producir”.

“Además -agregó- ante la situación de apertura de camino en la zona del lago Colpué, las comunidades habrían también solicitado que se les entregaran antecedentes existentes sobre petición de servidumbres de tránsito que estaría haciendo el ciudadano norteamericano Jeremias Henderson y que afectaría tierras pretendidas por las comunidades, determinándose en ese entonces por la autoridad que se trataba de tierras fiscales donde existían solicitudes de ventas directas de particulares y reivindicaciones territoriales de indígenas, por lo que su aprobación o rechazo debía ser resuelto en la mesa de trabajo provincial indígena”.

Navarro indicó que “cuando se genera un conflicto de intereses como este, la forma de resolverlo es enfrentándolo y no rehuyéndolo, favoreciéndose de esta manera sólo una de las partes, en lo que además constituye una suerte de doble estándar respecto del caso de Pumalin y el ciudadano norteamericano Douglas Tompkins, en la misma región, ya que mientras Henderson ha comprado grandes terrenos para producir astillas, nadie ha dicho nada, mientras que a Tompkins, que ha adquirido terrenos para preservar la biodiversidad se le ha impedido materializar su proyecto de reserva natural y ha sido fuertemente cuestionado. La obligación de la autoridad ante este conflicto es evitarlo, avanzando hacia un acuerdo, pero para ello se deben dar iguales condiciones a todos los actores, lo que en este caso se traduce en garantizar que la opinión de las comunidades será consultada y tomada en consideración a la hora de decidir”.

El parlamentario dijo que “frente a esto insistiremos ante la Conadi y el Mideplan, pero también tomaremos contacto con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, incluso para evaluar si es útil volver a invitarlos a la Comisión de Recursos Naturales para que frente a la recurrencia de estas diferencias en el tema de los usos que se le da a la tierra, se apliquen criterios de igualdad, participación y opinión que den un marco justo a los diálogos, negociaciones y acuerdos que se debieran generar en torno a ellos”.

“A lo anterior -prosiguió- se debe agregar la preocupación por el hecho de que Jeremías Henderson, tras comprar la empresa Forestal Hawarden, pretendería implementar su Proyecto Astilla, sobre más de 150.000 hectáreas de bosque nativo. Este Proyecto Astilla fue conocido por el Consejo de Caciques a través de la Gobernación Provincial en el año 1994, haciendo ver su oposición al entonces Presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y a la Cámara de Diputados. Sobre este proyecto de explotación forestal, elaborado por la Fundación Chile, y que en su momento estuvo en conocimiento de la Conaf, las comunidades sólo conocieron 30 páginas, no pudiendo tener acceso a él hasta el día de hoy”.

Navarro señaló que “en este contexto se debe recordar que existe un proceso de permuta pendiente entre la Isla de San Pedro, que es terreno fiscal, por parte de las tierras inscritas a nombre de Jeremías Henderson y que corresponde a aquellas en las que vive la comunidad huilliche de Piedra Blanca. En el caso de que esta permuta se concrete, Henderson tendría una ubicación estratégica para concretar el Proyecto Astillas. El Consejo de Caciques ha rechazado este hecho porque los derechos de la comunidad indígena están amparados en un título realengo y porque San Pedro también forma parte del territorio indígena. Este trámite de permuta sigue adelante”.

Por último, el parlamentario del PS dijo que “entre los temas sin resolver se encuentran también el camino realizado sobre un lecho de un río cuyo plan de manejo fue rechazado por la CONAF y extemporáneamente fue aprobado por el tribunal de Quellón. Otros temas son el dragado sobre el Río Natri por parte de una empresa salmonera y del Río Molulco, sobre el cual hasta ahora no hay un pronunciamiento definitivo de parte de la autoridad.

Prensa Oficina Parlamentaria

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