Asociaciones y participación ciudadana en gestión pública. Informe de comisión mixta

El señor NAVARRO.- Presidente, claramente todo avance en participación ciudadana es un avance que refuerza la democracia y refuerza el carácter pluralista de la nación chilena. Creo que es importante de que exista un estatuto concreto que determine cómo, cuándo, en qué condiciones se organizan los ciudadanos, y creo que este proyecto de ley, por cierto, es muy importante en materia de organización, y allí yo anuncio mi voto a favor. Sin embargo, creo necesario que se clarifique de que este es un proyecto de ley fuerte en organización, pero escaso en participación. Es bien, se le da la facultad a los ciudadanos para que se organicen, pero la verdad es que ¿qué entendemos por participación?

Image: gua30.wordpress.com

Artículo 54: podrán haber uniones de juntas de vecinos de nivel regional y provincial. Hoy día eran de hecho. Existían, pero no tenían personalidad jurídica. Van a poder participar.

La pregunta es qué van a decidir esas uniones comunales, regionales o provinciales. ¿Van a poder decidir sobre el fondo de fortalecimiento a las organizaciones de interés público? No. Ahí hay cinco y cinco; cinco de Gobierno, cinco de las organizaciones, pero dirime el Presidente.

Y digo esto porque yo entiendo “participación” cuando efectivamente la ciudadanía puede decidir -plebiscito vinculante-, cuando puede participar de los presupuestos participativos, cuando puede opinar y su opinión es considerada porque tiene un valor específico.

Avanzamos, por cierto. Y participo de lo que dice el Senador Orpis: generalmente los grandes debates nunca están precedidos de gran asistencia. Pero hoy día es importante, pues estamos dándonos un estatuto que fortalece de verdad la organización de la ciudadanía en torno, por ejemplo, al voluntariado. Gran título: cómo se organiza la gente que quiere trabajar en pos de los otros, solidariamente, en pos del prójimo. Dotamos de un estatuto. El voluntariado se va a poder organizar; va a tener derechos; va a poder acceder a fondos destinados por Presupuesto.

Yo quiero, señor Presidente, por tanto señalar de que este es un proyecto que tuvo un largo debate, que tuvo muchas aprehensiones respecto de para qué queríamos que se organizara la sociedad, de cómo debía organizarse y cuál era la participación del Estado. Yo me alegro cada vez de que haya organizaciones -y las dotamos- con la menor incidencia del Estado, y también con la menor incidencia del sector privado, de que sean autónomas de verdad, de que puedan representar los intereses legítimos de la ciudadanía que los elige y para la cual se ordenan y se organizan.

Y, por tanto, un gran proyecto sobre participación ciudadana, pero queda una gran deuda -más bien un gran proyecto sobre organización ciudadana-, que es por cierto la participación.

Yo observé la vez pasada, cuando no contamos con el quórum, de que había que revisar muy bien respecto de las exigencias que iba a hacérsele a las organizaciones indígenas. Porque, claramente, el Convenio 169 de la OIT nos obligaba a que cada vez que legislemos en torno a exigencias, temas de interés, directo o indirecto, con las comunidades indígenas en cualquiera del territorio nacional, debía haber una consulta.

Se le planteó al Gobierno en esa oportunidad de que esa consulta se hiciera, porque las asociaciones indígenas la verdad es que también se van a ver afectadas sometidas a un ordenamiento jurisdiccional que está contenido en este proyecto. Yo creo que allí lo básico y principal es el respeto a la autonomía respecto de cómo se organizan y para eso son los estatutos. Libertad plena, con resguardos mínimos, sobre la llamada “moral pública”, pero los estatutos los determina cada organización.

Señor Presidente, también hice presente en su oportunidad la necesidad de que hubiera fondos públicos para financiar la organización. Y la ley dice que será financiada mediante el Presupuesto nacional, mediante las donaciones, nacionales e internacionales, y mediante la concursabilidad que pueden hacer en los diferentes niveles del Estado. La pregunta que yo me hago: cuántos recursos vamos a destinar como Gobierno, como Estado, al financiamiento de las organizaciones de voluntariado de interés público. Eso es muy importante. Una organización sin un mínimo financiamiento pierde autonomía, no se desarrolla, el financiamiento del Estado debe darse de la manera más transparente, del todo -ni siquiera un poco-, del todo transparente y sin ningún tipo de sujeción.

Siento, entonces, de que la incorporación del financiamiento a través de la Ley de Presupuesto, del Tesoro Público, nos abre un camino muy importante. Va a ser este propio Congreso el que determine cuánto estamos dispuestos para invertir -no en gastar, para invertir- en que los ciudadanos se organicen y participen. Y, por cierto, hay algunos que dicen que ciudadano organizado lo que hacen, digamos, es pedir y exigir más derechos.

Yo quiero señalar de que hay a lo menos un antecedente preocupante y del cual el Gobierno actual debiera hacerse cargo: de que CONADECUS, una de las organizaciones defensora de los usuarios, tal como lo señaló su Presidente en esta misma Sala hace un par de horas atrás, el Chile el 2004 había dos asociaciones de consumidores, para representar el derecho de los consumidores. En una sociedad cada día más consumista, donde el poder está diametralmente distribuido o unilateralmente distribuido. Hoy día hay 70 organizaciones de consumidores en el país y el presupuesto que le hemos asignado disminuye en un 18 por ciento.

Yo creo que en esto vamos a tener un debate de verdad a la hora de debatir cuánto estamos dispuestos a invertir -no a gastar- en el financiamiento, por cierto, estimulación, proceso de desarrollo, de las organizaciones que hoy día estamos aprobando a través de este proyecto de ley.

Señor Presidente, creo necesario señalar… Los dirigentes que participan del voluntariado, los dirigentes que participan de las organizaciones sociales, van a requerir también todo nuestro apoyo.

Cuando muchos de nosotros visitamos y recorremos nuestros distritos o circunscripciones, la verdad es que yo suelo decir: “Con mi deber no más cumplo, porque a mí me pagan para realizar este trabajo”. A los dirigentes sociales, a los cuales hoy día los estamos dotando de un estatuto y fortaleciendo la función de su organización, nadie les paga. Y, por tanto, lo que tenemos allí es un grave problema, porque algunos sí se entregan, sí participan, sí brindan parte importante de su tiempo.

Creo que el debate sobre cómo fortalecemos a los dirigentes en capacitación, en financiamiento para su organización, es un debate que queda pendiente.

Yo apuesto a que podamos fortalecer la participación, y hacer que cada día más chilenos participen. Soy autor de ley que permite hace tres años que los jóvenes de 14 años puedan, junto con el Congreso Nacional, con el respaldo de todos mis colegas la aprobamos, puedan votar en las juntas de vecinos, con 14 años. Y el resultado es ¡maravilloso! Porque los dirigentes tienen que preocuparse hoy día de los jóvenes de 14 años, porque votan por el Presidente de la junta de vecinos, porque votan por el tesorero, porque votan por los directores. Y hemos estimulado una participación temprana, dando derechos pero también exigiendo deberes a nuestros jóvenes. Yo apuesto a que este proyecto de ley va a fortalecer profundamente la organización ciudadana, y queda pendiente en cómo fortalecemos la participación a través de los plebiscitos vinculantes, a través de las consultas ciudadanas, a través de los presupuestos participativos, a través del financiamiento adecuado para que estas organizaciones cumplan con su tarea.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

Voto a favor.

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