Aumento de penas en delito de robo a cajeros automáticos

Imagen: emol.com
El señor NAVARRO.- Presidente, yo la verdad es que creo que el Gobierno sigue improvisando en materia del combate del delito. Y este Parlamento se presta para esa improvisación.

Porque tal como lo dice Francisco Alvarado Sandoval, del Instituto Nacional de la Asociación de Defensores Penales Públicos, nos llama a tener un minuto de reflexión sobre lo que estamos aprobando. Se le intenta asignar una pena de 3 años y un día de presidio que, efectivamente, mayor incluso a un robo a un lugar no habitado. Y está la creencia de que aumentando las penas van a bajar los delitos.

Pero si ese ha sido el fracaso de los Gobiernos de la Concertación y de este propio Gobierno. ¡Su peor fracaso la lucha contra la delincuencia! No basta aumentar las penas. Las cárceles se siguen llenando de delincuentes.

Qué nos dice la Asociación de Defensores Penales Públicos, a través de don Francisco Alvarado: “los parlamentarios deberán, en muy poco tiempo, deliberar sobre cuál es la buena razón para sostener que este delito debe tener más penas que, por ejemplo, el robo a un almacén que se encuentra cerrado y sin ocupantes…”.

Si al comerciante de una población le roban, no importa. Pero si le roban a un banco, ahí tienen que aumentar las penas. Pero si le roban a un pequeño comerciante que tiene su almacén cerrado, ese delito está tipificado como robo en lugar no habitado, con la pena de 541 días.

Y lo principal, señor Presidente, que este proyecto tiene -como lo dice el propio informe- una doble faz. Primero se señala que se quiere caracterizar como la interrupción de un servicio público y, luego, derechamente, se explicita que es la protección del bien; es decir, del cajero. Y siento, Presidente, que esta es responsabilidad de la banca privada.

Y que el encarcelamiento debido a este tipo de ilícitos debe estar evaluado. Se debe reservar la pena de cárcel “para delitos que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las personas, y no solo de los bienes y las propiedades de los bancos, pues hoy, quien comete estos delitos y no tiene antecedentes penales, puede cumplir su pena en libertad, sujeto a la vigilancia de la autoridad, y quien los tiene, podrá cumplir su pena bajo reclusión nocturna, si procede. En cambio, en las nuevas penas, quien no tiene antecedentes previos, solo podrá optar, eventualmente, a la libertad vigilada, y si los tiene no accederá a beneficio alguno”.

Entonces, nos proponen un proyecto de ley que hemos aprobado, que es el indulto: 6 mil reos condenados salen producto del tipo de delito que los han condenado, para poder vaciar las cárceles. Y, luego, nos encontramos aprobando proyectos de ley que tienen a llenar las cárceles.

Señor Presidente, la estadística dice que el 2011 indica que se cometieron 778 robos de cajeros automáticos, de los cuales 532 fueron calificados como frustrados, 246 consumados; 105 detenidos; 427 personas en libertad. Los mayores de edad son 64, de los cuales solo 20 han sido condenados y 44 en prisión preventiva esperando el desenlace de su situación procesal.

La reflexión que yo quiero hacer, señor Presidente, es de por qué el Estado va a garantizar la seguridad de la banca privada. ¿Es que acaso no tiene utilidades suficientes? ¡431 mil millones de pesos en el primer semestre de este año! ¿No tiene utilidades suficientes para poder proteger sus cajeros?

Hay algunos que se tapan los oídos en la Sala, señor Presidente, pero, a veces, la verdad duele.

Y siento que, entonces, este Senado y este Congreso siguen legislando para los poderosos; siguen legislando para proteger los bienes de las instituciones bancarias que, en realidad, no solo despluman, sino que, efectivamente, algunas hasta roban, en el concepto esencial del robo con corbata, a nuestros pequeños ahorrantes, particularmente, a la gente que va a pedir los créditos. Y hoy día les decimos que en estos dispensadores vamos a aumentarles las penas.

Es cierto, hay una obligación de aumentar el control.

Se dice que tienen que tener cámara de seguridad, que tienen que tener un sistema de empotramiento; se está hablando del entintado de billetes, y son todas cosas que la banca puede hacer.

Yo estoy convencido, señor Presidente, que aumentar las penas no va a disminuir el robo ni va a disminuir este tipo de ilícitos. Siento que se está legislando sobre la marcha. Y yo lamento profundamente que esta agenda fracasada del Gobierno en materia de la lucha contra de la delincuencia se adopte con medidas como este tipo.

Yo lo he dicho: aquí solo la rehabilitación y la reinserción van a disminuir la delincuencia en Chile. Aumentar las penas y, particularmente, para proteger los bienes de los poderosos no lo va a hacer, señor Presidente.

Este delito es cuestionable. Hay que combatir la delincuencia, pero no de este modo, señor Presidente. Creo que es un camino equivocado.

He dicho.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora, señor Presidente!

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El señor NAVARRO.- Presidente, sin duda, asistimos a una sesión memorable del Senado de la República, pues algunos de los Senadores de enfrente nos pretenden convencer de que ahora los bancos son servicios público.

¡Si no faltaba más para esta Derecha: los bancos brindan un servicio público!

¡Los bancos son un gran negocio; no son un servicio público!

Y la verdad es que cuando el Senador García-Huidobro dice: “Los mayores afectados son los pobres. Los delincuentes están organizados, usan técnicas modernas”. O sea, están hablando de la colusión de las farmacias, están hablando de La Polar, están hablando de los bancos cuando, efectivamente, cobran intereses usureros.

Entonces, aquí juega el Colo y juega la Chile, clásico, ¡Mil 200 policías! Dejan la destrucción más grande y la verdad es que no hay ley entonces para poder sancionar a aquellos que rompen las casas cuando salen de los estadios. Pero sí hay ley cuando se rompen los cajeros automáticos de la gente.

La novedad es que los bancos tienen una función de servicio público, señor Presidente, va a quedar en la analogía de este Senado. Porque así se ha pretendido hacer.

Por cierto, hay Senadores que usan el sofisma de que hay que entender que con la retórica es posible presentar la realidad de manera diferente.

Señor Presidente, el funcionamiento pacífico y ajeno, dice el mensaje, a externalidades que puedan incidir en la distribución del dinero, a través de los cajeros automáticos instalados en todo el país, implica un beneficio social que asegura a los usuarios la satisfacción de sus necesidades mediante un sistema de pago aceptado por todo el comercio, como lo es el dinero. ¿Pero sabe cuál es la gravedad? Es que este delito va a quedar con una pena mayor que la interrupción o interferencia del suministro del servicio público a domicilio, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía, en los términos del artículo 443, inciso segundo, del Código Penal.

En concreto, el robo de cajeros automáticos no recibirá la pena que de ordinario tiene el delito de robo con fuerza de las cosas en lugar no habitado (541 días a 5 años de privación de libertad), sino aquella que le corresponde a la interrupción o interferencia de servicios públicos o domiciliarios (3 años y un día y 5 años de privación de libertad).

Claramente, señor Presidente, aquí se argumenta que esto va a bajar los delitos. Eso es una tesis, no es ninguna demostración. Por el contrario, la pena de muerte, y el sofisma es absoluto. Aquí los que dicen que este es un servicio público nos han dicho que efectivamente la pena de muerte iba a lograr bajar los delitos. No los ha logrado bajar, aun quitándoles la vida la delincuencia no ha bajado, ni han bajado los crímenes.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡No hay pena de muerte!

El señor NAVARRO.- Pero efectivamente cuando estuvo vigente y quienes la respaldaban argumentaban aquello.

Señor Presidente, hay un hecho fundamental: “quien impidiere u dificultare la actuación personal de los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinados a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia, que constituya peligro para la seguridad de las personas”, eso es, por cierto, un delito grave. Pero para estos casos, donde se impide la acción de bomberos y se queman los bienes, el castigo se entiende del presidio menor en su grado mínimo, hasta el presidio menor en su grado medio (61 días a 3 años de privación de libertad), conforme lo dispone el artículo 269, inciso segundo, del actual Código.

Señor Presidente, lo que estamos haciendo aquí es proteger la propiedad, no estamos protegiendo valores, estamos protegiendo la propiedad. Y hay quienes corren para proteger la propiedad privada. Yo quiero proteger valores, me interesaría que los delitos, cuando interrumpen los servicios básicos, por cierto, tuvieran la misma prestación de auxilio, de preocupación.

Señor Presidente, voy a votar en contra de este proyecto de ley, porque siento que este es un abuso de la función de la protección de los bienes privados de los bancos. Creo que los cajeros automáticos son necesarios, pero en los lugares apartados no hay cajeros automáticos. Yo fui a Recoleta hace pocos días atrás y tuve que caminar muchas cuadras para encontrar un cajero al interior de un supermercado y no tenían dinero, estaban abandonados. Y uno va a los sectores pudientes y ahí están los cajeros automáticos en cada esquina y llenos de dinero. Los bancos no prestan atención a los sectores populares por este elemento de riesgo. Pero que inviertan más dinero, hay que sancionar duramente a los que roban los cajeros automáticos, pero hacernos creer que es un servicio público el que brindan los cajeros automáticos, ya es un poquito el colmo del sistema neoliberal y, por cierto, del sistema bancario. Si nos logran permear que los cajeros automáticos son un servicio público, yo creo que estamos en un grave problema conceptual. Yo no estoy disponible para estar al servicio de los cajeros automáticos a través de la figura del servicio público.

Son necesarios, hay que encarcelar a los delincuentes, pero eso se logra con mayor seguridad con inversión en seguridad privada de los bancos y no pública, porque tampoco los carabineros pueden estar al servicio de proteger estos bienes de los que tienen mayores ingresos en nuestro país, que son la banca, señor Presidente, y el sector financiero.

Voto en contra, señor Presidente.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

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