Autorización para funcionamiento de jardines infantiles

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, el artículo 2 es extremadamente claro. Se establece que “los establecimientos de educación parvularia (…) con una autorización del Ministerio de Educación”, de acuerdo a lo establecido en la ley; y luego -y esto sin perjuicio de lo dispuesto en lo anterior- establece aportes regulares. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles van a ser todos los aportes.

La ley no puede ser taxativa. Pueden ser diversos aportes a acordar respecto de, además, “para su operación y funcionamiento deberán ser personas jurídicas sin fines de lucro”. Creo que es la definición más adecuada. Es decir, los aportes que el Estado determine a fundaciones sin fines de lucro. Serán directamente subsidios; serán a través de los municipios, porque hay una diversidad de opciones que, efectivamente la educación parvularia puede tener.

Por tanto, me parece que una definición genérica es mucho más apropiada, porque está en la ley. Lo otro es hacer una designación concreta de los aportes.

Siento que en eso la definición de los aportes, que se discute en la Ley de Presupuestos cada año, determina el tipo de aporte. Y queda establecida también en una ley de la República.

Creo que las definiciones son bastante claras, señora Presidenta. Esto se adapta a lo que hemos dicho en su conjunto de fortalecer la educación parvularia, claramente. A pesar de que personalmente tengo algunos reparos respecto de la existencia de INTEGRA y de JUNJI: que tenemos dos sistemas que apuntan a lo mismo, con funcionarios que reciben a veces pagos distintos; y dos regímenes que no son comprensibles del punto de vista de lo que queremos: es un fortalecimiento institucional de la educación parvularia. Este es un tema que hemos planteado al Gobierno y que esperamos abordar en algún momento.

Pero aquí lo que estamos discutiendo es la definición “aportes regulares del Estado para su operación y funcionamiento”.

Aquí, estos jardines van a funcionar como instituciones sin fines de lucro ¡y con recursos del Estado!, que es lo que efectivamente garantiza la libertad de enseñanza, regulada en la materia por el Ministerio en torno a lo que se hace con toda la educación en Chile. Y por tanto, no veo mayor dificultad.

Si efectivamente quisiéramos poner en cada definición de la ley a las instituciones que reciben aportes del Estado, ¡el aporte!, lo que hacemos es restringir. Y cuando haya que generar un aporte distinto tener que hacer una nueva ley.

Creo que efectivamente eso resulta más engorroso para un modelo que requiere ser expedito, señora Presidenta, nítido, claro, transparente. Y lo transparente y nítido queda en la Ley de Presupuestos.

¡Patagonia sin represa!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

 

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