BARRIO MODELO: CONTRALORÍA SÓLO PROPONE SANCIONES REGIONALES

Diputado Navarro y resultados de investigación de organismo fiscalizador

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Sus aprensiones debido a que el informe emitido por el Departamento de Control Externo de la Contraloría Regional de la República, mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 2001, que aprueba el sumario administrativo instruido en el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la VIII Región y en el que se proponen una serie de medidas administrativas en contra de algunas ex autoridades regionales y funcionarios de Vivienda y el Serviu, “no contempla las responsabilidades administrativas centrales y utiliza un criterio dispar para fijar responsabilidades en la Seremi de Vivienda o en la Dirección Regional del Serviu”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, autor del proyecto de acuerdo Nº560 que dio origen a la comisión investigadora del llamado caso Barrio Modelo.

“Además -acotó el parlamentario- el establecimiento de sanciones que recaen sobre el ex Seremi Rinaldo Marisio; el ex Director Regional del Serviu, Rubén Muñoz; y los profesionales Osvaldo Díaz y Pedro Flores Donoso, no resuelve los temas de fondo que siguen siendo ¿quién paga los más de 5 mil millones de pesos que ha significado la ejecución y la interminable reparación del proyecto?, ¿qué pasará, en definitiva, con el hecho de que Tecsa cobrara el seguro faltando a la verdad y antes de que el Serviu supiera?”.

Sobre el tema de las responsabilidades ministeriales no consideradas en el informe, el diputado dijo que “aquí efectivamente hubo decisiones y gestiones que se hicieron al mayor nivel de la Vivienda, entonces ¿por qué no es aceptable la preeminencia jerárquica ejercida, incluso por ley?, ¿en qué lugar del informe se nombra siquiera a los ex ministros Henríquez y Orrego?. A nivel regional no concuerdo con que el ex Director del Serviu, Guillermo Besser, no haya sido incluido en el proceso sólo porque está contratado a honorarios en el MOP y, por tanto, no está sujeto al Estatuto Administrativo”.

Respecto del caso particular del arquitecto Rubén Muñoz, ex jefe regional del Serviu, el legislador del PS señaló que “parece increíble que se le esté acusando de querer eludir responsabilidades bajo el argumento, comprobadamente cierto, de que muchas de las decisiones tomadas en su período estuvieron en manos de las principales autoridades del ministerio. Por otra parte, resulta paradojal que habiendo sido él quien generó la alerta sobre el caso, negándose a suscribir un nuevo trato directo para las reparaciones, buscando la mejor forma de poner término al contrato con Tecsa y denunciando e cobro irregular del seguro por parte de ésta, haya debido salir del Serviu”.

“Por todas estas razones -indicó Navarro- tengo la convicción de la Comisión Investigadora debe determinar con la mayor precisión posible quién paga los costos de esta situación; quienes a nivel central debieron haber sido incluidos en la fiscalización de la Contraloría y, por cierto, señalar con toda la claridad posible cuál es la responsabilidad de Tecsa. Además, es imprescindible también que el Serviu informe a la comisión sobre las acciones judiciales que se están haciendo o se van a implementar para recuperar el dinero del seguro”.

El legislador reiteró su más absoluta convicción de que “pese a las responsabilidades que pueda tener el Ministerio de Vivienda o el Serviu en este caso, esto no excluye de las propias a la empresa que ejecutó el proyecto, diseñado por ella, y habiendo señalado ella misma las características técnicas del terreno, por tanto sabiendo lo que iba a ocurrir con el terreno, porque contaba con estudios geotécnicos. El que dicha empresa haya cobrado el seguro cuando, claramente, no correspondía, y por ello surge la necesidad imperiosa de regular de manera más estricta el sistema de trato directo entre el Serviu y las empresas”.

El legislador dijo que “a pesar de lo que declaró ante la comisión, no es cierto que Tecsa no sabía lo que podía ocurrir con el terreno ya que accedió a estudios realizados el año 1994, 1995 y 1999 por distintos ingenieros y laboratorios. Además, normalmente en nuestro país, en todo tipo de construcción de menos de cuatro pisos se realiza un estudio de mecánica de suelo, el cual consiste en efectuar una indagación de hasta 2 ó 3 metros de profundidad -una calicata- para evaluar si el terreno sirve, es decir, se obtiene la capacidad soportante con el propósito de hacer un cálculo de cuánto resiste”.

“Sin embargo -agregó Navarro- la Empresa Constructora TECSA S.A., ha reconocido expresamente, en la escritura de pago del seguro, que los problemas de deslizamientos ocurridos en la obra, tuvieron como causa única el error de diseño. Al analizar los informes de mecánica de suelos confeccionados por los ingenieros civiles Calderón, Araneda, Ebensperger y Ortigosa entre el año 1994 y el año 2000 se comprueba que en el terreno denominado Puntilla Lo Galindo se realizaron más de 30 sondajes con profundidades entre 4,5 y 15 metros de profundidad, desvirtuando la aseveración de la empresa”

“Además -prosiguió- la empresa TECSA tuvo acceso a los tres sondajes con profundidades entre 4,5 y 12,5 metros efectuados en Junio de 1994 por Rafael Calderón, los 20 sondajes entre 12 y 15 metros de profundidad efectuados en Marzo de 1995 por Jorge Araneda y los sondajes efectuados por EMPRO Ltda., en Julio y Octubre de 1999 que alcanzaron los 9,5 metros de profundidad. Por otra parte, el informe de liquidación de la póliza confeccionado por Graham Miller, en base al Informe Geotécnico ejecutado por Petrus Ingenieros Ltda., es preciso y clarifica las responsabilidades de TECSA”.

“Las disposiciones legales contenidas en los artículos 21, 27, 33 y 34 del D.S. 29 establecen que por el sólo hecho de formular una oferta se entenderá que el contratista deja establecido que conoce todas las condiciones de la zona y lugar en que se ejecuten las obras respectivas; por ello, cuando el SERVIU proporciona los terrenos y antecedentes todos éstos deberán ser verificados por el contratista, asumiendo éste, en todo caso, la responsabilidad de los mismos. Esto también implica que el precio del contrato corresponderá a las obras terminadas y el valor de la oferta deberá incluir todo gasto que irroge el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o causa de él y no contemplarán el pago de obras extraordinarias”.

En relación con el contrato suscrito por el Serviu con la empresa constructora TECSA S.A., Navarro insistió en que “en dicha póliza el asegurado principal y beneficiario era el Serviu, o sea la persona llamada por las partes del contrato a recibir la indemnización en caso de siniestro, amparado por la póliza respectiva. Dentro de las coberturas se contemplaba la de error de diseño amplio, que en definitiva sería la causal por la cual la Compañía pagó el seguro. Por ello no es razonable ni lógico que la escritura de pago del seguro, fuera suscrita el día 29 de diciembre del año pasado, ante el Notario Público de Santiago Gustavo Montero Marti, entre la Empresa Constructora TECSA S.A. y la Compañía de Seguros Generales Cruz del Sur S.A., después que TECSA solicita la liquidación de los siniestros.”

“Por eso, dice el parlamentario, luego de que el Serviu tomará conocimiento de esta situación, con fecha 20 de Abril del 2001 y con fecha 10 de Mayo del mismo año, el director regional de este organismo, manifestó a la Compañía de Seguros su intención de impugnar las actuaciones y procedimientos hechos por la Compañía, que concluyeron en el pago efectuado a TECSA y no al SERVIU en su calidad de asegurado principal y beneficiario de dicho instrumento, ya que en diciembre del año 2000, TECSA y el liquidador designado por la Compañía Graham Miller Ltda., convinieron que TECSA aceptaría el valor del seguro ascendente a UF 36.102,34 por concepto de indemnización por ocho siniestros consistentes en deslizamientos de taludes y plataformas de tierra, que ocurrieron entre el 21 de enero del año 2000 y el 13 de Septiembre del mismo año”

“Esta grave e irregular situación se ve ratificada cuando la compañía aseguradora, al efectuar el pago de la póliza a la empresa constructora TECSA S.A., otorga en forma excepcional una escritura pública conteniendo diversas disposiciones que reconocen que Serviu es el beneficiario de la póliza y que Serviu, a consecuencia del pago a TECSA puede verse perjudicado. De hecho, en la cláusula novena de esta escritura toma precauciones para ser indemnizada por TECSA ante posibles demandas, y en la cláusula décimo primera exige a TECSA una boleta de garantía por la cantidad de 36.102,34 UF”.

El diputado además dijo que esperaba se acogieran las conclusiones y recomendaciones contenidas en su pre-informe, y que consideran entre otras, “que los costos de reparación de los daños, bajo ningún concepto, deben ser asumidos por Serviu de la Región del Bío-Bío, ya que la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones, hace responsable a los proyectistas o constructores por los errores que cometieren; que el Serviu Región del Bío-Bío agote todas las gestiones tanto judicial como extrajudicial para que, una vez determinados los montos de la liquidación con cargo, obtenga el pago por parte de la empresa constructora TECSA, de los mayores costos que haya implicado el buen término de la obra Barrio Modelo y demás indemnizaciones que procedan”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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