‘Blindaje político para Metalpar en Cámara de Diputados’

Diputados Navarro y Espinoza dijeron que UDI y DC no quieren investigar:

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Su preocupación por el rechazo a la creación de una comisión investigadora para que conociera los distintos aspectos involucrados en la comercialización y financiamiento de los buses Metalpar, especialmente en aquellos referidos al uso del crédito fiscal y a las condiciones usureras establecidas para la compra y venta de estas máquinas, manifestaron los diputados socialistas Alejandro Navarro y Fidel Espinoza, quienes dijeron que “a juzgar por la votación, la UDI y la DC han brindado un ‘blindaje político’ a Metalpar, lo que se materializa en una voluntad manifiesta de no querer investigar”.

Los parlamentarios señalaron que “se da la situación paradojal de que mientras los diputados seguimos recibiendo a diario denuncias sobre los abusos y las irregularidades en el proceso de compra venta de buses, así como en las incautaciones, remates e inscripciones de las máquinas, una mayoría circunstancial de los legisladores rechaza la idea de que este poder del Estado cumpla con su rol y fiscalice acciones, que aunque cometidas por una empresa privada, afectan el patrimonio fiscal en varios millones de dólares”.

Espinoza dijo que “la votación del proyecto de acuerdo sólo contó con 22 votos favorables: 10 votos del PS (Escalona, Allende, Espinoza, Encina, Montes, Paredes, Aguiló, Muñoz, Rossi y Letelier); 7 PPD (Valenzuela, Tohá, Vidal, Tarud, Barrueto, Letelier y Jaramillo); 4 PRSD (Pérez, Robles, Lagos y Meza) y la excepción que confirma la regla, 1 voto UDI, el de Ramón Pérez. Por el voto negativo se contaron 56 votos: 32 votos UDI, 13 RN, 9 DC y 3 independientes de derecha (Urrutia, Cristi y Delmastro). Se abstuvieron los PPD Adriana Muñoz y Patricio Hales y el DC Jorge Burgos. No votaron el diputado José Miguel Ortíz (DC) y, curiosamente, tampoco votó el diputado Jaime Jiménez, DC”.

Por su parte Navarro, señaló “lo impresionante que es ver como algunos parlamentarios se niegan sistemáticamente a investigar, donde el caso más preocupante es el del propio presidente de la comisión de Transportes, Jaime Jiménez, quien debiera tener una especial y mayor preocupación por este tema que afecta a miles de familias chilenas. También hay que ‘reconocer’ el cumplimiento cabal de la tarea de ser la piedra de tope de muchas investigaciones que ha asumido el colega Salaberry. Lo demostró en esta votación, tal como anteriormente lo hizo tratando de evitar que Lavín viniera a la Comisión Investigadora de la venta de los derechos de agua de la municipalidad de Santiago a Aguas Andinas”.

Espinoza manifestó su preocupación de que “la Cámara de Diputados renuncie a su capacidad fiscalizadora, porque aún cuando algunos diputados alegaron un problema de formas como razón para rechazar el proyecto de acuerdo, lo que en los hechos se ha producido es una alianza explícita en defensa de Metalpar, que hace inviable una investigación, pese a que cada día hay más pruebas de que es necesario profundizar el tema, pensando en resolver los problemas que afectan a pequeños y medianos empresarios y sus familias, muchos de los cuales han perdido casi todo, y para evitar que el Fisco, sobre todo en épocas difíciles como la que vivimos, siga desangrando el erario nacional”.

Navarro anunció que “pese a este revés inesperado en la Cámara, quien no ha estado a la altura de la demanda de la gente, en un tema que ha generado preocupación pública, por la diversidad de irregularidades denunciadas y por la existencia de causas judiciales a lo largo de todo el país, seguiremos realizando gestiones ante los tribunales, los servicios públicos -Consejo Defensa del Estado, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Servicio de Aduanas, Registro Civil- y, principalmente organizando a los afectados para que puedan defenderse adecuadamente de las presiones que se ejercen sobre ellos”.

Los parlamentarios insistieron en que “la Cámara no puede renunciar a sus facultades fiscalizadoras ya que con toda propiedad está acreditado ante la Tesorería General de la República más de 200 juicios de oposición por violación de la prenda a favor de ese organismo, al rematarse máquinas sin cancelar el Crédito Fiscal, lo que ha significado una pérdida para el Estado de más de 20 millones de dólares. Existen también decenas de procesos en Aduanas por fraude tributario y diversos peritajes técnicos revelan el incumplimiento de la fiscalización por parte de la Subsecretaría de Transportes en cuanto a la calidad de los buses para el transporte público. Lo mismo para los actos de auxilio de Carabineros a los receptores judiciales que, de manera oficial se ha acreditado, han actuado de manera irregular y que creemos se sigue produciendo”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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