Cámara evaluará libertad de expresión en universidades

Diputado Navarro, autor de la iniciativa, dijo que reglamentos la dificultan

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• Parlamentario del PS dijo que “con los actuales reglamentos de disciplina estudiantil, muchos de los actuales diputados no habríamos podido terminar de estudiar e, incluso, no habríamos podido llegar ser legisladores”

Su satisfacción por la aprobación del proyecto de acuerdo que encomienda a la Comisión de Educación que “conozca, se forme una opinión e informe, en un plazo de 60 días, los antecedentes relativos a la mantención y elaboración de reglamentos de disciplina al interior de los planteles universitarios que consideren una falta grave el ejercicio de la libertad de expresión y de conciencia, expresados a través del desarrollo de la actividad política”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, autor de la moción.

El parlamentario señaló que “asimismo, los planteles del Consejo de Rectores cuentan con un reglamento común que sanciona, entre otras, las actividades consideradas políticas. Con estas normas, no muy distintas de las que existían en la dictadura, muchos diputados que fuimos dirigentes estudiantiles, no habríamos podido terminar de estudiar e, incluso, no habríamos podido llegar a ser legisladores”.

“De hecho -prosiguió- durante la triste época de los rectores delegados guió- uno de los puntos más cuestionados fue la utilización e imposición a estudiantes y académicos de criterios autoritarios ajenos a la diversidad, la tolerancia y la amplitud social, cultural, económica, religiosa y política, que se supone debiera caracterizar el desarrollo de la actividad universitaria”.

Navarro dijo que “por eso el retorno a la democracia, al interior de las casas de estudios superiores se vio graficado por la participación de todos los estamentos de la comunidad universitaria en su gobierno, especialmente por la elección democrática de sus autoridades, en particular el rector, que vino a completar el cuadro de representatividad que ya cumplían las organizaciones estudiantiles, académicas y de trabajadores”.

El diputado indicó que “en ese contexto muchos de los planteles modificaron sus normativas de participación, elección de autoridades y convivencia universitaria, consolidando la democracia interna, resguardándose de cualquier retroceso en ese sentido. Sin embargo, en la idea de tener una normativa disciplinaria común, queda absolutamente claro que el espacio de desarrollo democrático y de participación de los estudiantes se ha visto seriamente cuestionado por la mantención y aplicación de reglamentos que heredaron el espíritu autoritario”.

El legislador señaló que “de esta forma se ha podido comprobar que muchos planteles siguen castigando la actividad política -considerándola una falta grave- con el mismo criterio de las autoridades designadas por el gobierno autoritario, en una situación absolutamente contradictoria con la situación democrática del país y de los espacios de participación social y política que se espera ocupen los jóvenes, los que han sido especialmente cuestionados por no inscribirse en los registros electorales y no sufragar en los comicios electorales”.

Navarro dijo que “pese a no registrar sanciones expresas contra la realización de actividad política, muchas universidades utilizan figuras reglamentarias que disfrazan esta sanción, tal como ocurre con las denominadas faltas graves, uso indebido de bienes o del recinto, actos que entorpezcan las evaluaciones y la alteración de la convivencia universitaria, las que reciben sanciones que van desde la imposibilidad de acceder a beneficios, pasando por las amonestaciones verbales, hasta llegar a las expulsiones y las acciones judiciales contra los supuestos infractores”.

“Contradictoriamente -agregó- son más las universidades que castigan la actividad política en sus planteles que los hechos derivados de otras infracciones contempladas en los reglamentos de distintas casas de estudios, tales como consumo y tráfico de drogas, ofensas a la moral y actos de violencia y, paradojalmente, son menos aún, las que sancionan el incumplimiento de responsabilidades académicas”.

El diputado indicó que “lejos de superarse, esta situación de limitación de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión, parece consolidarse en las universidades del Consejo de Rectores, mediante un reglamento común que permite, entre otras cosas, impedir el acceso a una universidad de un alumno que hubiera sido sancionado por cualquier falta en otra casa de estudios, lo que resulta claramente discriminatorio”.

El legislador señaló que “además, algunas normas en estudio consideran exigir el tener salud compatible con sus estudios, pudiendo eliminar o suspender a aquellos que sufran enfermedades, o peor aún, discriminando a priori, a los estudiantes discapacitados, o como en otros casos, establecer que la obligación principal para el alumno es el pago de la matrícula y aranceles y el cumplimiento de la normativa interna”.

“Como si todo esto fuera poco -añadió- existen planteles dispuestos a considerar y a establecer en sus reglamentos un rechazo expreso al concepto de comunidad universitaria, compuesta por académicos, funcionarios y estudiantes, redefiniendo a ésta como la simple relación de directivos, empleados y clientes, lo que, claramente, parece ir en el sentido contrario de la esencia de la definición de universidad”.

El proyecto de acuerdo presentado por Navarro y aprobado por la Cámara, contó con la adhesión de los diputados Olivares, Araya, Salas, Tapia y Silva de la DC; Pérez y Meza del PRSD; Tohá y Quintana del PPD y Espinoza, Muñoz y Rossi del PS.

Prensa Oficina Parlamentaria

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