“CAMPAÑA ‘TOLERANCIA CERO’ ES ILEGAL Y PERJUDICA A PYMES”

Diputado Navarro dijo que Chile puede ahorrarse mil millones de dólares en pagos a Microsoft

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Su certeza y convicción de que la llamada campaña de ‘Tolerancia Cero’ que impulsa la Asociación de Distribuidores de Software, “cae en una situación de flagrante ilegalidad y que sobrepasa largamente sus atribuciones, además de perjudicar seriamente a las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la asesoría jurídica necesaria, para enfrentar estos excesos”, manifestó el diputado Alejandro Navarro.

El parlamentario del PS dijo que “aquí estamos frente a un caso de claro abuso de la ley de propiedad intelectual, donde se entrecruzan aspectos civiles y comerciales con los penales. Es decir, para evitar la consumación de un delito como lo es la piratería informática, como lo señala el Código Civil, las empresas que ofrecen programas computacionales o software utilizan contratos de adhesión -tal como lo establecen el Código Civil y el Código Comercial- que viene a constituir algo así como un ‘lo tomas o lo dejas’ lo cual les ha llevado a actuar como verdaderos fiscalizadores ante quienes adquieren las licencias de sus software”.

“Por eso –prosiguió- el problema que se puede generar es que para evitar un delito, las empresas distribuidoras de software, en este caso la ADS, ocupen instrumentos equivocados, como son la coerción privada de la libertad sin tener la autoridad para hacerlo, la limitación de la libertad que tiene el consumidor de comprar en forma libre y expedita, sin limitaciones que involucren, como en este caso, su propia intimidad como ocurre al pretender revisar su PC y, en definitiva termine el contrato en forma unilateral. Ello es como que la asociación de distribuidores de libros revisarán si en mi biblioteca tengo libros fotocopiados. O sea, para evitar un mal como es la consumación de un delito, se trasgreden o pueden trasgredirse derechos ciudadanos y básicos de las personas”.

“De hecho –indicó Navarro- no es aceptable ni permitible legalmente que la ADS, se atribuya prerrogativas para ingresar a las empresas, ni menos revisar computadores particulares. De todas formas, el asunto es sumamente complejo porque en principio estamos hablando de contratos de transferencia tecnológica, mediante la figura de licenciamiento, es decir, no se está vendiendo el software sino que se está dando un derecho a usarlo, y por ende, en esos contratos se establece que sólo lo puede usar quien celebró el contrato y para un computador determinado. Es sobre ese argumento que la ADS se siente con el derecho de actuar defendiendo sus intereses que entienden pueden estar menoscabados”.

“Por ello nos parece, por necesidad absoluta de transparencia, que exista una instancia, que regulen este mercado. No es posible que no exista una instancia de mediación entre los usuarios y las empresas distribuidoras y éstas pretendan erigirse como juez y parte fiscalizando ellas mismas. Buenos ejemplos de eso podrían ser lo que sucede con isapres, afp’s, empresas sanitarias o eléctricas, en que cuando se suscita una diferencia entre ellos y los usuarios, actúa un organismo superior que regula esa relación como son las superintendencias. Si ello no es posible, la otra alternativa es saber, con certeza, si de acuerdo a la normativa vigente la ADS tiene un estatus similar a la de la ADS, quien de acuerdo una resolución exenta, publicada en el Diario Oficial del 10 de octubre del año 1992, que tiene como fuente el artículo 94 de la ley Nº17.336, sobre ley de propiedad intelectual”, señaló el parlamentario.

Sobre lo mismo, el legislador dijo que “próximamente haremos una presentación ante el Ministerio de Economía, específicamente la Fiscalía Nacional Económica, y ante el Servicio Nacional del Consumidor para que se determine la pertinencia de las acciones hasta ahora ejecutadas por la ADS y se expliciten los caminos que si deben seguirse tanto para evitar la proliferación de la piratería como para que la resolución de conflictos en esta área se canalicen adecuadamente. Asimismo apoyaremos judicialmente a todas aquellas empresas que se han negado a esta ‘revisión’ de la ADS y a todas aquellas que lo sigan haciendo”.

Respecto de cómo avanzar en la resolución de este conflicto, Navarro dijo que “incluiremos en el trabajo que está desarrollando la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, respecto de la investigación de la inscripción de sitios web relacionados con el Estado de Chile en Internet, que en los hechos se ha convertido en comisión investigadora, los antecedentes de esta ‘fiscalización’ que está realizando la ADS con su campaña tolerancia cero para que investigue su pertinencia y pueda recomendar pasos a seguir. Además, pediremos que también se investigue a fondo todos aquellos antecedentes que indican que los cobros que realiza Microsoft en Chile y en el mundo son ilegales –tal como lo ha determinado Brasil en los últimos días- y caen en conductas monopólicas y que según los estudios especializados, permitirían que nuestro país se ahorrara casi mil millones de dólares en permisos”.

Por último, el diputado dijo que “solicitaremos información a la Dirección de Presupuesto para que nos indiquen cuanto dinero se ha gastado el Estado de Chile, ministerio por ministerio, cancelando derechos a Microsoft y lo mismo haremos en el caso del Congreso, donde se han invertido fuertes sumas para cambiar obligatoriamente –porque Microsoft saca sus productos del mercado- del programa Windows 98 a 2.000 y lo mismo con Office de 97 a 2.000”.

Fuente: Prensa Oficina Parlamentaria

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