Caso Carlitos: Justicia amonesta a jueces y obliga nueva prueba de ADN

  • El congresista, Alejandro Navarro, afirmó sentir conformidad con la resolución de la Corte Suprema que ratificó sanciones en contra de juezas del Tribunal de Familia de Chillán, “puesto que no han respetado el procedimiento legal por no cumplir con los principios de concentración y celeridad”.
  • Asimismo, Navarro celebró la reciente noticia de la aceptación del recurso de casación que apoyó, el cual ordena una nueva audiencia de juicio y, así también, que se desarrolle una nueva prueba de ADN, siendo la anterior revocada por irregular.

 

Para el parlamentario del MAS, quien desde siempre ha defendido la importancia de proteger tanto física como psicológicamente a los niños, sostuvo que “el Tribunal de Familia de Chillán que sigue en la porfía de no reconocer que el hijo de Carlos Acevedo fue abandonado por la madre cuando tan solo tenía 8 meses de vida, la cual, según testimonios de Carlos, jamás lo visitó y jamás trató de generar lazos con Carlitos”, recordó que “este caso que por estar sumido en una serie de irregularidades, Carlos presentó una carta ante la Corte Suprema en la que solicitó sanciones para funcionarios del Tribunal de Familia de Chillán, misiva que finalmente sí tuvo resultados”.

Seguido de lo anterior, Navarro detalló que según dictamen judicial entregado a Carlos Acevedo: “la Corte Suprema nos dio la razón y tras una investigación sumaria, se les llamó severamente la atención a dos magistradas, ‘por haber faltado a sus deberes que le impone la Ley y el artículo 19 del Acta 98 del año 2009, por no cumplir con los principios de concentración y celeridad que están obligados a respetar en la clase de juicios de que se trata la investigación, al haber suspendido las audiencias fuera de los casos previstos por la Ley, causando así un grave retardo en la tramitación del proceso y perjuicio para las partes’. Asimismo –agregó Navarro conforme a la resolución- a las magistradas se les tomó nota de esta falta en sus hojas de vida”, informó, agregando que “esto debe servir para que los jueces de familia siempre fallen en derecho y por sobre todo prioricen la integridad del niño o niña”, dijo.

La esperada anulación de la cuestionada prueba de ADN

Imagen: ladiscusion.cl

Aparte, el Senador rememoró que “los intentos de la familia Acevedo por realizar un examen de ADN oficial fueron varios, definiéndose por la Corte el 4 de julio de 2011 su realización en Chillán. Sin embargo, el SML local tomó el examen por separados, lo que sin lugar a dudas para Carlos Acevedo esto significó que no estuvieran las garantías para la realización de la prueba”.

Tras lo anterior, Navarro comentó que “la familia de Acevedo vivió una tensa incertidumbre puesto que al comparar las pericias con fecha del 14 de septiembre de 2011, se enteraron que el oficio del Instituto Médico Legal de Concepción estaba con fecha 16 de septiembre de 2011, y finalmente se ingresaron el 29 de septiembre del mismo año al Tribunal de Familia de Chillán, cuestión inexplicable que hayan existido  esas dos semanas de desfase. Finalmente el examen tuvo como resultado negativo para Carlos Acevedo, en discordancia con un examen biológico que él realizó en una institución privada, el cual dio resultado positivo”.

Todo esto quedó anulado y como lo informó el presidente del MAS, “la Justicia dictaminó este viernes 1 de junio invalidar la sentencia anterior que cuestionaba la paternidad de Acevedo y tal como lo solicitamos, sin costas para él, tendrá que proseguir con la tramitación de un nuevo examen de ADN, pero ahora lo llevaremos a cabo en el SML de Santiago y bajo estrictas medidas de transparencia y seguridad, como debe ser”, afirmó Navarro.

Para el legislador, “lo fundamental es que siempre se debe entregar el cuidado personal del niño o niña al progenitor quien dé las mejores condiciones de vida, puede ser la madre o el padre”, aseveró.

El caso

Para contextualizar, el Senador rememoró que, según el relato del papá del niño, “la madre de Carlitos lo entregó en tuición voluntariamente cuando el niño tenía tan solo un año a la madre del papá del pequeño, mediante el Tribunal de Menores de Chillán. Después, tras 7 años sin volver a verlo, la madre pidió tener bajo su cuidado al niño, por lo que se produjo un advenimiento en el cual la abuela paterna de Carlitos vivió presiones que la obligaron a cederlo, situación que fue denunciada al Colegio de Abogados”.

El senador Navarro, de acuerdo al testimonio del padre, replicó que “una consejera del Tribunal, la abogada de la madre de Carlitos y el abogado de la mamá de Carlos Acevedo, se coludieron y amedrentaron a la madre de Carlos Acevedo para que firmara ese dudoso advenimiento de entrega del niño, ya que si no lo firmaba se lo quitarían inmediatamente; esto en presencia de la magistrado, -que según Carlos Acevedo le señaló a Navarro- todos siempre tuvieron la precaución de cortar los audios para que estos registros no quedaran”.

“Es más –añadió el Senador en base a lo mencionado por Carlos Acevedo- una consejera del  Tribunal amenazó al padre de Carlitos en presencia de su hermana y fuera de audio, llevándolos a otra sala, que no era de audiencias, diciéndoles que no siga con el proceso judicial”.

Para Navarro, “ante todo esto, los jueces y funcionarios de tribunales de menores deben estar para proteger y no para amenazar”.

El deseo del pequeño Carlitos

El Senador siguió relatando lo que el papá del niño ha expresado: “Carlitos fue entrevistado el año 2008 y manifestó en aquella oportunidad que quería seguir viviendo con su familia paterna. Reconoció tener miedo a su madre, ya que ella había concurrido junto a su cuñada y abogada a golpear a las tías del establecimiento parvulario donde él estudiaba. Si con señalar que hubo denuncias e incluso una querella de parte del jardín infantil, no obstante a pesar de ser alertado el Tribunal de Familia de Chillán, hizo caso omiso de la gravedad de la situación”.

El desarraigo

Según Navarro, conforme a lo expresado por el papá de Carlitos, “el año 2010 hubo medidas cautelares que impedían a la madre acercarse al pequeño, por daños físicos en contra de Carlitos. Sin embargo, el niño es entregado a la madre, a pesar de existir una medida de protección sin resolver si la madre estaba apta o no para tenerlo, pues los informes de organismos protectores de menores, definían que la madre no tenía las aptitudes para acogerlo”.

El parlamentario, según lo dicho por Carlos, “su hijo fue sacado de la casa el día 11 de enero de 2011, sin saber nada más de él, excepto que fue retirado del colegio donde estudiaba, el mismo día en que correspondía la realización del peritaje de ADN, donde fue agredido a golpes de puños y pies por la abogada y el tío de Carlitos, de lado materno, siendo el niño sacado a la rastra del Servicio Médico Legal de Chillán por la abogada, frente a Carabineros, quienes constataron los hechos, que fueron ingresados al Tribunal de Familia”.

Navarro dijo que, en correspondencia a lo que le señaló Carlos, “fue la magistrada quien entregó al niño y ella misma fue quien dio curso a la medida de protección, dentro de la cual hubo una  medida cautelar, por los temores del niño hacia la madre. Carlitos fue retirado del domicilio del padre y permaneció 3 horas en el cuartel de la PDI”.

“Los abogados curadores de la Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juveniles (OPD) de Chillán  no actuaron como debería, ya que después de un año dijo que estaba sobrecargado de labores y se retiró de la causa. Hubo un reemplazo y quien asumió tuvo cero prolijidad en su cargo, ya que no solicitó informes al colegio, ni solicitó a la madre los informes o certificaciones pertinentes sobre controles médicos del niño al día, no veló por el interés superior del niño, y cuando éste a mediados del año pasado es entrevistado, los audios se pierden, no percatándose ninguna de las 3 entrevistadoras de que el niño no llevaba sus lentes, los cuales son primordiales para su  tratamiento ocular, según consta en informes entregados al Tribunal de Familia de Chillán reiteradas veces”, replicó Navarro sobre lo expresado por Carlos Acevedo.

Como se lo ha mencionado Carlos Acevedo, el congresista declaró que “sin considerar que los informes de los peritos son categóricos al declarar que la madre no está habilitada para tener a Carlitos, una consejera, en audiencia manifestó a la abuela paterna del niño, que la madre de Carlitos ha sido una excelente madre y que ella como guardadora lo había vulnerado, cuestión que no es así, pues nunca el niño ha declarado estar feliz con su madre, y todo lo contrario el cuidado que tuvo la abuela de Carlitos en su crianza fue siempre de dedicación”.

Navarro, comentó que “esperamos que las sanciones extendidas a las magistradas del Tribunal de Familia de Chillán sea el comienzo de lo que nosotros defendemos que es justo y es que Carlitos vuelva a vivir con su padre”, concluyó.

La moción legislativa de Navarro

Producto de la complicada realidad que viven los menores, cuyos padres viven un proceso de separación o están derechamente divorciados, Navarro presentó un proyecto de ley que regula el Síndrome de Alienación Parental, problema que consiste en persuadir al hijo con el fin de inculcar el odio hacia el otro padre.

Dentro del cuerpo de la propuesta “fijamos modificar el artículo 225 del Código Civil chileno. En realidad, Andrés Bello puede ser muy admirado por haber redactado este Código, sin embargo su artículo que data de 1857, y que menciona que  ‘Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos’, debe ser actualizado, es por ello que nosotros estimamos conveniente reemplazar ese mismo punto por: ‘En caso de que los padres vivieren separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá a ambos en forma compartida. Si no hubiere acuerdo en adoptar el cuidado compartido y surgiere disputa sobre cual padre tendrá la tuición, el juez decidirá a solicitud de cualquiera de ellos cuál de los padres tendrá a su cargo el cuidado personal de los hijos’”, entre otras observaciones que el Senador considera prioritario discutir prontamente en el Congreso.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

 

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