CASO DE MARINO ACUSADO INJUSTAMENTE: REINVINDICAN SUS DERECHOS CIUDADANOS

Diputado Navarro planteará que papel de antecedentes se borre automáticamente

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Su convicción de que “las personas, sean estas civiles o militares, merecen el absoluto respeto de sus derechos ciudadanos”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, quien en conjunto con el ex funcionario de la Escuela de Grumetes de la Armada, el Cabo 2º ® Ociel Garcés Baeza, entregó antecedentes respecto de la situación vivida por éste último, luego de que con fecha 31 de agosto del 2000 le fuera impuesta una amonestación grado “B” por “efectuar trabajos particulares en horas del servicio”, y que con fecha 29 de noviembre se le iniciara un proceso por parte de la Fiscalía Naval de Talcahuano por “el delito de hurto de especies de propiedad particular”, lo que culminó con la renuncia del ex funcionario, debido a la presión que le significó el ser sindicado como autor del hurto de $160.000 pesos desde la casa de un suboficial de la Isla Quiriquina, adonde concurrió a realizar los trabajos en horario laboral.

Navarro señaló que “posteriormente, con fecha 29 de agosto de este año, se le notificó que la sentencia definitiva del 13 de agosto de 2001, había sido absuelto de la acusación. Pero el tema es ¿quién se hace cargo del daño moral sufrido por esta persona que por 11 años se desempeñó como electricista de mantención de líneas de media tensión en la Armada, cuando frente a sus pares quedó como un ladrón?”.

“La otra situación que agrava su caso –afirmó el legislador del PS- es que a pesar de que la Armada ofició al Registro Civil informando la certificación de la absolución y a Policía Internacional con fecha 30 de agosto de este año, para dejar sin efecto la orden de arraigo en su contra, hasta el día de hoy su papel de antecedentes aparece ‘manchado’, lo que a todas luces nos parece injusto. Para ello presentaremos un proyecto que determine el carácter automático del procedimiento administrativo que ‘limpie’ los antecedentes de quienes, luego de un proceso, son declarados inocentes de los cargos que se le imputaban. Las personas tienen derecho a que se respeten sus derechos y su dignidad, sean civiles o uniformados, tanto ante la justicia –civil o militar- como ante los organismos del Estado”.

El parlamentario indicó que “con fecha 15 de junio del año 2000, Garcés Baeza fue autorizado por el Director de la Escuela de Grumetes, capitán de navío Enrique O’Reilly Merino, para ‘desarrollar actividades lucrativas privadas en el ámbito civil, fuera del horario normal de trabajo, fuera de los recintos de la repartición y con prohibición de usar equipo o material fiscal’, lo que efectivamente se cumplió hasta el viernes 25 de agosto del año pasado, en que Garcés concurrió hasta la casa del suboficial Jorge Flores Aguilera, alrededor de las 15:00 horas, es decir antes de concluir su jornada a las 18:00 horas, falta que él reconoció en el marco de la investigación”.

“Lo complejo y confuso de esta situación se da –añadió el diputado- en los distintos énfasis que en las distintas etapas del proceso se dio tanto a la realización de actividades particulares en el horario de trabajo, como al nunca probado hurto del que se le acusó. De hecho, en un inicio se ingresó al libro de castigo la acusación de que Garcés había ingresado ‘al domicilio particular de un suboficial en horario de trabajo’, agregándosele que ‘posteriormente los dueños de casa detectaron la desaparición del dinero’. A esto se suma el hecho de que en el transcurso del proceso desarrollado por la Fiscalía Naval, el principal punto en contra del acusado fue el hurto, casi no mencionándose el ingreso a la casa en horario laboral, salvo para tratar de sustentar la primera acusación”.

“Lo concreto –prosiguió Navarro- es que, tal como lo señala el octavo punto de la resolución redactada por el Auditor Naval, capitán Fernando Jiménez Loosli, ‘no se ha podido formar plena convicción…para estimar la participación culpable del procesado en el ilícito de hurto que se le imputa…razón por la cual lo absolverá de la acusación dictada en su contra’, quedando sin efecto, por tanto la petición de la parte acusadora en el sentido de condenar al acusado ‘a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, multa de seis unidades tributarias mensuales y a la pena accesoria de suspensión de oficio público durante el tiempo de la condena’.

Sin embargo, para el legislador socialista “producto de todo lo anterior, el daño moral, psicológico y económico que se le infringió al ex funcionario, especialmente el haber sacado a relucir su situación económica privada para intentar probar el hurto, le ha significado el no haber podido hasta ahora encontrar un trabajo, con el consiguiente daño para su esposa y sus dos hijos, agravando aún más su situación. En ese contexto, la dignidad de Ociel Garcés requiere a lo menos dos reparaciones urgentes: que quede públicamente establecido que no era culpable y que la autoridad judicial naval insista en el oficio remitido a Policía Internacional y al Registro Civil, para que de una vez por todas su certificado de antecedentes quede limpio respecto de los cargos que enfrentó”.

En relación a este último punto, Navarro dijo que ”a todas luces es necesario mejorar los procedimientos judiciales y administrativos que permitan impartir verdaderamente justicia de principio a fin. Al inicio brindando las condiciones para un juicio justo y luego del proceso –cuando el fallo es absolutorio- para verificar que los antecedentes de los inculpados vuelvan en el menor tiempo posible a quedar como antes de la investigación”.

“Claramente concluyó el parlamentario, la modernización de la justicia en marcha en nuestro país debe llegar también a la justicia militar, porque producto de acusaciones no probadas como en este caso puede truncarse la vocación militar de las personas, además de generársele graves problemas, ante su familia, sus pares y ante sí mismo, derivados de una estigmatización absolutamente innecesaria”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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