“CDE debe pedir reparación e indemnización por daño ambiental”

Diputado Navarro hizo presentación por daño al fisco causado en Río Cruces

cisne

Una presentación solicitando “que se interpongan acciones de reparación y de indemnización por daño ambiental, apenas se tenga algún indicio de culpabilidad respecto de quien lo causó, por acción u omisión”, solicitó el diputado Alejandro Navarro, quien agregó que “paralelamente, deben adoptarse las medidas cautelares, debiendo estar entre las primeras la implementación de un plan de emergencia para salvar a los cisnes”.

El parlamentario dijo que “creemos que el pleno establecimiento de responsabilidades no puede ni debe reemplazar las acciones urgentes para evitar los irreparables daños que implica la desaparición de una especie. Cuando hablamos de medidas precautorias urgentes, nos referimos a la necesaria acción de reparación de daño ambiental, que debe ser acompañada de una solicitud de medida cautelar, cual es el rescate físico de los cisnes sobrevivientes a la catástrofe ecológica y su eventual reubicación a otros sistemas ecológicos cercanos y similares”.

Navarro señaló que “hemos concurrido al CDE, tal como los hicimos hace días atrás ante el Ministro Bitar en su calidad de presidente del Consejo de Monumentos Nacionales porque el lugar afectado es un Santuario de la Naturaleza, que se formó a consecuencia del terremoto y maremoto de 1960, en Valdivia, ocasión en que la tierra se hundió e inundó terrenos agrícolas en la ribera de los ríos Cruces y Chorocamayo, surgiendo una frondosa flora acuática, rodeada por manchas de bosques siempre verde, donde anida una infinidad de aves nativas y exóticas, entre ellas, cisnes de cuello negro, garzas africanas, cuervos del pantano y taguas”.

“Su protección legal -prosiguió- bajo la categoría de santuario de la naturaleza data de 1981 (D.S. 2734 de 03/06/1981). Actualmente se encuentra protegido por dos tratados internacionales, como son los Convenios Ramsar y de Diversidad Biológica, ambos suscritos por Chile, aprobados por el Congreso, y actualmente ley de la República. De hecho, cuando Chile suscribió el primero, presentó al Santuario como humedal de importancia internacional como hábitat de aves acuáticas, que es una categoría de derecho internacional del medio ambiente, por la existencia de cisnes de cuello negro en el lugar”.

El legislador indicó que “el papel del CDE en materia ambiental es muy importante, ya que la Constitución, en su artículo 19 Nº 8, el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación, e indica que “Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza (…)”. Paralelamente, el artículo 2 de la Ley Orgánica del CDE dispone que, “El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado”.

Navarro señaló que “además, la acción indemnizatoria ordinaria, por su parte, sólo puede ser ejercida por el directamente afectado por un daño ambiental, que, en estricto rigor, corresponde al Estado cuando han sido dañados bienes fiscales o bienes nacionales de uso público. Esta ha sido la regla de general aplicación por la Unidad de Medio Ambiente del Consejo”

“Respecto de la acción de indemnización del daño ambiental -añadió- la muerte de cisnes y de otras especies aviares, así como el generalizado trastorno del ecosistema del Humedal Carlos Anwandter, se produce en un bien nacional de uso público, por lo que naturalmente los gastos en que incurra el Estado, a través de sus órganos competentes para reparar provisoriamente el daño ambiental, y eventualmente rescatar y trasladar las aves más importantes de este santuario de la naturaleza, deben ser resarcidos e indemnizados”.

El parlamentario del PS dijo que “hasta este momento, no hay ninguna repartición pública que haya presentado alguna demanda o acción alguna para la reparación del daño ambiental, ni para su indemnización. Creemos y acudimos al Consejo de Defensa del Estado en virtud de su experiencia y legitimidad en materias ambientales, y por que tiene el suficiente nivel de independencia para lograr con éxito la sustanciación de tales acciones especiales”.

Navarro señaló que “hasta el momento no se ha verificado o probado daño alguno a las personas. No obstante, creemos que si han muerto especies como los cisnes de cuello negro, taguas, coipos, y otras especies del lugar, incluso ganado, es fácil pensar que este daño puede llegar a las personas, toda vez que el Río Cruces provee de agua a Valdivia durante el verano. Por lo tanto, esta sería una correcta aplicación del principio preventivo del derecho del medio ambiente”.

“En Chile -enfatizó- el principio de precaución, no está expresamente consagrado en sus normas o políticas ambientales, sin embargo, se inserta en nuestra legislación a través de los tratados internacionales ratificados que lo contemplan, como la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono; el Protocolo de Montreal, la Convención de la Biodiversidad y la Convención de Cambio Climático. Estos tratados imponen a nuestro país adoptar el principio precautorio como principio general en el cumplimiento de los objetivos de estas convenciones”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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