Cesantía: “Se avecina un terremoto y un tsunami laboral en la Región del Bío-Bío”

Advirtiendo que “el terremoto y posterior maremoto que azotó a algunas regiones del país el pasado 27 de Febrero, no son, por sí solos, un motivo válido para despedir trabajadores en las regiones afectadas, a la luz de la legislación y la jurisprudencia de los tribunales”, el senador Alejandro Navarro dijo que “sin ser un experto de la Onemi ni del SHOA puedo predecir que en la Región del Bío-Bío se avecina un terremoto y un tsunami laboral debido a la cesantía que se estima podría llegara a afectar a 20 mil trabajadores”.

El parlamentario indició que “diversas informaciones de prensa están señalando diversas, pero siempre muy altas cifras de “desvinculaciones” como dicen algunos empresarios o despidos, como decimos nosotros, que sólo vendrán a incrementar la precaria situación en que se encuentran miles de hombres y mujeres de trabajo, algunas de ellas jefas de hogar, y que son el sustento de sus familias, muchas de ellas albergadas o en la calle luego de perder todo por el terremoto y el tsunami”.

Navarro dijo que “ya hemos sido informados de que en las obras que realizaba Endesa en la nueva central Bocamina, en Coronel, serán más de 400 los trabajadores que serán cesados en sus labores, lo que genera un lógico estado de movilización, porque efectivamente en muchos casos hayan empresas que también han sido afectadas por los efectos del sismo, tam,bién es cierto que con el apoyo gubernamental adecuado pueden hacer un esfuerzo, dialogar con los trabajadores y mantener un ritmo productivo que sostenga los puestos de trabajo”.

Respecto de la legislación vigente el parlamentario señaló que “la sola ocurrencia de una catástrofe, aún de la envergadura de la ocurrida, no configura automáticamente la causal de fuerza mayor o caso fortuito señalada por el Artículo 159, numeral 6) del Código del Trabajo. Indicó que la jurisprudencia ha profundizado esta disposición precisando que para que un terremoto, maremoto u otra clase de fenómeno natural autorice el despido de trabajadores debe producir “una imposibilidad absoluta para cumplir con las obligaciones laborales.”

“Los fallos de los tribunales -añadió- son claros y reiterados para indicar que si existen, por ejemplo, seguros comprometidos no procede el despido porque el empleador será resarcido en sus pérdidas. Más aún, si pese al pago de la aseguradora, éste no desea perseverar en el negocio, el cierre se producirá por su voluntad y no a consecuencia del siniestro.”

Navarro dijo que “tampoco se produce fuerza mayor o caso fortuito cuando existen otros establecimientos del mismo propietario en los que se pueda reubicar a los trabajadores. Las sentencias de los tribunales exigen que la catástrofe ocasione un descalabro mayor en el negocio, que haga imposible la mantención del giro.”

El legislador llamó a los trabajadores afectados por despidos que denuncien los casos ante la Dirección del Trabajo y los tribunales. Asimismo, exigió al organismo fiscalizador una actitud más activa en la defensa de los derechos de los trabajadores y la difusión de sus derechos. “Hasta ahora la Dirección del Trabajo no ha sido eficaz en informar adecuadamente en las zonas involucradas y la acefalía en que aún se encuentra poco ayuda demostrando, además, falta de interés del Gobierno en una materia que está agudizando los problemas de las familias”.

El parlamentario hizo un llamado al Ejecutivo a corregir a la brevedad este problema, nombrando un Director Titular para el organismo e implementar medidas que permitan mantener los empleos, como fueron las generadas en la anterior administración para enfrentar la crisis financiera, prorrogando la vigencia y ampliando las características de instrumentos como el permiso de capacitación y el incentivo para la retención de trabajadores.

Finalmente Navarro dijo que “espero que este tema, que aunque es siempre importante cobra mayor relevancia por la grave situación que se vieve en las zonas afectadas, especialmente en la del Bío-Bío, no se asuma como un efecto más del terremoto, sino que como una problemática que requiere una mirada amplia desde el Estado y las políticas públicas, generando todas las condiciones excepcionales que sean necesarias para evitar una crisis social, y ello parte generando los espacios para el diálogo entre la autoridad, los trabajadores y los empresarios de manera conjunta, tal como lo ha venico haciendo la ministra del Trabajo con la CUT y las agrupaciones empresariales”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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