CHILE ESTÁ EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS EN MATERIA LABORAL

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Su preocupación por “los efectos negativos que puede tener para el país el no respeto de los convenios internacionales que rigen en nuestro territorio”, manifestó el diputado Alejandro Navarro Brain, quien junto a dos ex trabajadores y dirigentes sindicales de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (ex CTC) -perteneciente a la empresa transnacional española Telefónica- Luis Angulo Flores y José Rivera Cartes y el Coordinador para América Latina de la Union Network International, Hermol Flores, denunciaron el incumplimiento de una serie de normas nacionales e internacionales por parte de la multinacional hispana, a propósito del despido de cerca de 500 trabajadores en nuestro país y de cerca de casi un millón de trabajadores en toda latinoamerica. “Cada día es más evidente que Chile ha subvalorado el papel de los actores laborales de EE.UU. sobre iniciativas político-económicas como el Fast Track, en el Tratado de Libre Comercio (TLC)”, aseveró el parlamentario.

“Esta situación amenaza seriamente con retrasar e incluso hacer fracasar el intento de alcanzar este acuerdo. Chile ya tiene más de veinte denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que además hoy preside el chileno Juan Somavía”, señaló el legislador del PS.

De acuerdo a la información entregada por Navarro “en el caso de estos trabajadores se pasan a llevar dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre negociación colectiva, así como jurisprudencia sobre la misma materia, a partir de un fallo del Primer Juzgado del Trabajo de Concepción, y uno del Noveno Juzgado del Trabajo de Santiago y, lo que es más grave, convenios suscritos a nivel internacional por Chile, ratificados por nuestros gobiernos, y que por lo tanto estamos obligados a cumplir y a hacer respetar”.

Sobre lo mismo, el diputado dijo que “es especialmente grave el que no se respeten los convenios 87 y 98, sobre libertad sindical y negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo, ni tampoco la Declaración Tripartita de Principios sobre las Compañías Transnacionales y la Política Social, adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, en su 204ª reunión realizada en Ginebra el 16 de noviembre de 1977, ni tampoco el Acuerdo sobre un Código de Conducta, firmado por Telefónica, la UNI -que agrupa a más de 15,5 millones de trabajadores en más de 800 sindicatos en el mundo y a los 26 sindicatos de empresas telefónicas existentes en Chile- y la OIT, en Ginebra el 13 de enero del 2001”.

“La declaración –agregó- constituye uno de los instrumentos de mayor importancia respecto a las responsabilidades y compromisos que deben asumir los estados, las compañías transnacionales y los trabajadores porque contiene más que un carácter meramente referencial o declarativo, sino que constituye un programa de acción. En el caso del acuerdo sobre Código de Conducta, se manifiesta la adhesión de las partes a las normas fundamentales de la OIT sobre libertad de sindicalización y derecho a la negociación colectiva, entre otros, basados en unos 20 convenios y recomendaciones de la OIT, lo que en este caso podría llegar a quedar en letra muerta por el accionar de la Compañía de Telecomunicaciones en Chile”.

“Esta situación –indicó el parlamentario socialista- ha dado curso a una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo, solicitándole se haga parte en este caso, requiriendo su participación directa, con el objeto de que se investiguen las flagrantes violaciones a la legislación nacional e internacional con motivo de estos despidos injustificados y arbitrarios, lo que puede significar para nuestro país, de no resolverse esta situación sanciones internacionales por no respetar los convenios suscritos y, por lo tanto, incorporados a nuestra normativa vigente”.

Navarro aseveró que “la solución no es otra que la cancelación de las prestaciones que estaban vigentes hasta el día 30 de junio del 2002, como parte del convenio colectivo o el reintegro de los trabajadores despedidos ilegítimamente, como lo han señalado tanto los tribunales como la Dirección del Trabajo, mediante pronunciamiento emitido en el ordinario N° 6082-386, del 16 de Diciembre de 1999, donde señala que se ha vulnerado una garantía constitucional y corresponde, en consecuencia, como sanción administrativa una multa, según lo contemplado en el artículo 349 del Código del Trabajo”.

“Por ello –prosiguió- una comitiva de parlamentarios chilenos vamos a viajar a Ginebra a entrevistarnos con Somavía y con la UNI (Union Network Internacional). También iremos a España para reunirnos con el presidente de Telefónica, Rodolfo Martín Villa, con el Ministro del Trabajo del gobierno de España, y el presidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento español, durante la última semana de Julio”.

Por último, el legislador indicó que “junto al diputado Pedro Muñoz, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara, hemos solicitado una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, a fin de expresarle nuestra preocupación por esta situación, reunión que esperamos materializar a la brevedad”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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