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  • El senador Alejandro Navarro insistió en la necesidad de modernizar la actual institucionalidad.

Horas de angustia viven nuestros compatriotas en las regiones del norte del país, en especial en las regiones de Atacama y Antofagasta debido al intenso frente de mal tiempo que ha provocado severos daños, inundaciones, aluviones y crecidas de ríos dejando un saldo de 4 personas fallecidas y 22 desaparecidos.

En este contexto el senador del MAS afirmó que “si bien, la prioridad es enfrentar el desastre e ir en ayuda de nuestros compatriotas afectados”, también señaló que “es necesario hacer la evaluación si la actual institucionalidad da el ancho para un país que durante las últimas dos décadas concentra la mayor cantidad de emergencias y desastres naturales de América Latina”.

A juicio del vicepresidente del Senado, senador Alejandro Navarro “la Onemi está totalmente agotada, así como el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Protección Civil y Emergencias (Boletín 7550-06), que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, es absolutamente insuficiente”.

Navarro argumentó que “entre el terremoto y maremoto del 27-F, los recientes de Iquique, Valparaíso, el sismo de Tocopilla, las nevadas en Aysén, las erupciones del volcán Chaitén, Villarrica y del cordón Caulle, las inundaciones en Toconao y otros tantos desastres naturales, el país ha tenido que asistir a más de 350 mil damnificados con planes de emergencias y reconstrucción”.

“Esto se suma a que tan solo durante este último verano se han registrado más de 13.000 hectáreas de bosques quemadas producto de más de un centenar de incendios forestales y otras 6 mil hectáreas quemadas en los incendios -aun descontrolados- en la Reserva Natural China Muerta y al Parque Nacional Conguillío”, informó el parlamentario.

“Sin embargo –prosiguió- esta situación no es coherente con un plan real de refuerzo de la institucionalidad, la comunicación de riesgos y amenazas en la población”.

A juicio del parlamentario “ya no sirve esa lógica de coordinación entre un par de ministerios, las gobernaciones y las precarias oficinas de emergencia de los municipios, que generalmente cuentan con una sola persona, sin recursos ni capacidad de decisión. Debemos crear una institucionalidad con capacidad resolutiva y con un financiamiento adecuado para implementar una red de trabajo exclusivo en esta materia”.

Navarro dijo que si bien “el ex presidente Sebastián Piñera no fue capaz de crear la institucionalidad adecuada para enfrentar emergencias y catástrofes, durante este gobierno tampoco se avanzado en la materia”.

Para el congresista “hay quienes piensan que este ministerio sería un gasto o más burocracia, cuando en realidad los propios expertos nos recomiendan modernizar la actual institucionalidad e invertir en prevención para reducir muertes y pérdidas económicas ligadas a la reparación pos catástrofe.”

El parlamentario señaló que “según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 20 años, el fisco de Chile ha debido desembolsar más de US$ 200 millones en promedio al año, a causa de estos desastres. El monto sitúa a Chile como el país que más gasta al año en emergencias de Latinoamérica, según Tsuneki Hori, especialista en gestión de desastres del BID”.

El presidente del MAS profundizó sobre los problemas indicando “que durante la última emergencia forestal que vivimos en el la región del Biobío durante el verano, la Onemi debió solicitar a Santiago el agua para hidratar a los brigadistas forestales, porque la Onemi regional no tiene capacidad de generar ordenes de compra desde Concepción”.

“Por lo que cualquier modificación legislativa al sistema de emergencias y catástrofes debe considerar un mayor grado de autonomía de las regiones para que puedan actuar con rapidez, adoptando las medidas necesarias con la mayor celeridad sin tener que depender de instrucciones tomadas desde Santiago”.

Es por eso que el parlamentario llamó a la presidenta Bachelet a que “luego de ir en ayuda de los afectados en el norte, se revise la actual institucionalidad en materia de emergencias y seguir el ejemplo de países como Rusia, Paraguay o España que cuenta con un Ministerio de Emergencias que no solo actúa en casos de emergencias, sino que también previene y hace gestión del riesgo”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA