Colusión de supermercados: “reformas no pueden dejar a consumidores debajo de la mesa”

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Como una “oportunidad de hacer justicia para los consumidores ante el abuso de los empresarios que se coluden”, calificó el senador Alejandro Navarro a la demanda presentada por la Fiscalía Nacional Económica en contra de supermercados Cencosud, SMU y Walmart sumaban en conjunto una participación de 92,5% en la industria.

El parlamentario señaló que “sabemos que la actual ley es mala, pero esta sigue siendo una prueba de fuego para el sistema, pues la seguidilla de violaciones a la ley de la libre competencia tiene a la ciudadanía hastiada de tanto enriquecimiento ilícito en productos que son parte de la canasta básica. Modificar la ley de la libre competencia es imprescindible, pues aunque no se aplicará a los procesos actuales, sino sólo para el futuro, impedirá el círculo vicioso de este tipo de delitos”.

Para el miembro de la Cámara Alta, “los acuerdos políticos para mejorar la ley de la libre competencia deben asegurar que los consumidores reciban siempre una justa compensación; por ende, las reformas no pueden dejar a consumidores debajo de la mesa. No puede ocurrir lo mismo que en el caso de la colusión de los detergentes, donde el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica, las empresas que vulneraron la ley y las marcas de detergentes perjudicadas, llegaron a un acuerdo a espaldas de los consumidores. Todo indica que la separación excesiva entre los juicios de la ley del consumidor y los juicios anticolusión, finalmente terminan por la impunidad de los empresarios, y en evitar la indemnización de los clientes”.

El miembro de la Comisión de Economía del Senado aseguró que “propondremos que la facultad de presentar una querella criminal por colusión y la demanda al Tribunal de la Libre Competencia, no sea exclusivamente de la Fiscalía Nacional Económica, sino que para toda la ciudadanía. Esta facultad exclusiva tensionará a la Fiscalía, de la misma manera que se tensionó el Servicio de Impuestos Internos y el escándalo de Jorrat. A nuestro juicio, la ciudadanía en general y principalmente las Asociaciones de Consumidores, deben tener la facultad de demandar ante el Tribunal de la Libre Competencia, pues son interesados en tanto que víctimas”.

Asimismo declaró que “el proyecto del ejecutivo debe ser mejorado, pues mantiene un régimen limitadísimo de escuchas telefónicas e intercepción de comunicaciones privadas. Además se permiten tales intercepciones sólo para probar el ilícito de “colusión”, pero no se admiten para el abuso de posición monopólica (caso detergentes queda fuera), ni para las prácticas predatorias y competencia desleal. Todos los delitos contra la libre competencia deben ser susceptibles de investigarse”.

El parlamentario anunció además que propondrá “una profunda modificación de las normas relativas a la responsabilidad civil. Hay casos donde la indemnización y compensación debe ser inmediata, actividades donde se debe presumir la responsabilidad del empresario, incluso analizaremos la incorporación de daños punitivos como en el derecho anglosajón. No puede, en los tiempos modernos, exigir dolo o descuido a todas las indemnizaciones, eso es casi de la edad media, ha corrido mucha agua bajo el río desde la dictación del Código Civil, y de la misma Ley del Consumidor, que poco innova al respecto”.

Para Navarro, “la ciudadanía no tolerará impunidad jurídica a esta colusión. Los correos electrónicos parecen una prueba evidente del delito, y si bien el debido proceso es un derecho irrenunciable, por lo menos ya sabemos cómo operan estas grandes empresas, de manera clandestina, repartiéndose mercados, y en la obscuridad de sus escritorios, perjudicando a los chilenos sin la menor consideración a sus bolsillos”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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