Comisión de medio ambiente: Restricción a vehículos catalíticos

autos-contaminacion-640x300

El sólo anuncio de la aplicación de esta medida ha provocado la natural y esperada reacción negativa de los afectados y contradictorias posiciones jurídicas asumidas por distinguidos colegas. Se agrega a esta conflictiva situación l aposición de la autoridad, la que pareciera recapacitar sobre la implantación de esta medida y anuncia que amerita un análisis legal más profundo que despeje las dudas al respecto. Deseamos, como Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Chile, aportar algunas fundamentos constitucionales y legales para sustentar esta medida. A la fecha los argumentos en contra de esta restricción vehícular apuntan, en síntesis a los siguientes aspectos:

a. la adopción de tal restricción no puede ser impuesta por simple Decreto sino que requeriría ley especial.

b. Sus efectos estarían lesionando en su esencia varios derechos garantizados por la Constitución Política del Estado.

c. Existe un fallo del Tribunal Constitucional que impediría aplicar este tipo de restricción.

d. Se estaría lesionando por parte de la autoridad la fe pública ya que se habría asegurado que a los vehículos catalíticos no les afectaría ninguna restricción de circulación, y

e. No existiría fundamentos técnicos que respalden tal medida.

Antes de entrar al análisis de estas objeciones y plantear nuestra discrepancias conviene tener presente algunas bases constitucionales fundamentales en las que se sustenta esta medida, u otras que la autoridad competente pudiere aplicar a futuro, en relación con los problemas de deterioro ambiental que afectan no sólo a la región Metropolitana sino que a la mayoría de las regiones del país. Es así como, en efecto:

1. Incumbe al Estado, como agente del bien común y garante del bienestar de sus habitantes, adoptar las medidas de gobierno conducentes a tal misión superior. Ello queda suficientemente consagrado en:

1.1 Art, inc.4º: El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien Común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respecto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
1.2 Art. 19º Nº 1 La constitución asegura a todas las personas…el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las mismas.
1.3 Art. 1º inc. 5º El Estado debe resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, proponer al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
1.4 Art. 5º, inc 2º El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 1.5 Art.19 Nº8 La Constitución asegura a todos los habitantes: El Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Del examen de estas disposiciones podemos concluir que: La garantía sobre medio ambiente libre de contaminación reviste una doble calidad de deber estatal impuesto por el Bien Común y de derecho público subjetivo que permite a su titular reclamarlo de una persona o una autoridad determinada. Es indudable que dentro del concepto del Bien Común se encuentran involucradas la conservación del medio ambiente como condición necesaria para que todas y cada una de las personas alcancen su plena realización, toda vez que en tal concepto se comprenden no sólo los elementos propios de la biodiversidad natural, sino también el entorno artificial y sociocultural de los asentimientos humanos. 2. Ahora bien, la prosecución del Bien Común, tarea en la cual el Estado, a través de sus órganos y autoridades competentes, tiene el rol determinantes e irrenunciable, exige de la comunidad un aporte también fundamental , cual es la renuncia o detrimento de los intereses particulares, que podrá traducirse en limitaciones, restricciones, cumplimientos de condiciones o gravámenes de diversa naturaleza y fundamentos. En el plano de las medidas contra el deterioro ambiental, pareciera ser que amplios sectores de nuestra sociedad aún no asumen esta conceptualización ni las medidas que deban adoptarse, todo ello pese a los cuestionables y expectantes índices macro económicos y las tendencias a nivel mundial que apuntan precisamente en el sentido de privilegiar la conservación ambiental. Entrando ahora al análisis de las objeciones sintetizadas al inicio de esta presentación, podemos plantear lo siguientes: a. La restricción a vehículos catalíticos no podrán ser impuesta vía Decreto sino que requiere ley especial. En esta materia también es preciso recurrir a las normas báscas constitucionales que son claras e indiscutibles Así se tiene que Al Presidente de la República le corresponden el gobierno y administración del Estado, lo que expresa en su denominación de “Jefe del Estado” (Art 24) La misma Constitución le ha entregado atribuciones especiales en su Art 32. Entre ellas destaca su potestad reglamentaria, que queda entregada al ejercicio discrecional de esta autoridad superior y que puede ejercerla libremente dentro de exclusivos criterios de conveniencia y oportunidad. Por su parte, en materia de ley, del análisis de contexto de la misma Constitución y en especial de su Art.60, es posible concluir que el constituyente ha entendido que la ley es toda norma general y obligatoria que estatuye las bases esencial eso básicas de un ordenamiento jurídico (Art 60 Nº20). Al examinar el inicio del citado Art. 60 que expresa “Sólo son materia de ley….el constituyente otorgó taxatividad a los asuntos que pueden ser objeto de ley según sus numerales, estando por lo tanto, vedado al legislador, agregar otras, pues su competencia es de atribución. Por lo tanto, el restro de la materias no contempladas por el Art.60, como lo indica el Nº 8 de su Art.32, las dejo entregadas al ejercicio discrecional de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Sostener que para la aplicación de medidas como restricción, en concreto, se requería ley especial al afecto, no sólo ya contra el ordenamiento constitucional ( no es una norma general sino aplicable a una zona determinada y esencialmente transitoria, como tampoco estatuye bases esenciales o básicas de nuestro ordenamiento jurídico) sino que es contraria a la lógica más elemental. Desde luego debiera seguirse el tramite general de elaboración de una ley que la experiencia indica que puede demorarse hasta 6 años casos legislación de aguas, bosques nativos, etc. Lo que se compadece con la necesidad de urgencia y oportunidad con que debe enfrentarse las medidas de emergencia y preemgercia ambientales. Por último, cabe tener presente que el ejercicio de esta potestad reglamentaria debe basarse, desde luego

Fuente:COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *