COMISIÓN DE SALUD INVESTIGUE DENUNCIAS CONTRA LA ATENCIÓN PRIVADA DE URGENCIA PREHOSPITALARIA

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P. ACUERDO Nº574 PRESENTADO EN SESIÓN Nº7ª DEL 19/6/01
PROYECTO DE ACUERDO

VISTOS:

Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la H. Cámara, y

CONSIDERANDO:

1. Las múltiples denuncias y reclamos hechos por usuarios de los servicios de las empresas privadas de atención médica prehospitalaria, fundamentalmente contra Unidad Coronaria Móvil y Help, las que apuntan fundamentalmente en las demoras excesivas de entrega del servicio; la no prestación del servicio contratado el que es reemplazado por uno de menor calidad; la no prestación del servicio, la atención y prescripción sólo telefónica de medicamentos; las dificultades para poner término al contrato y la prorroga automática de éste por plazos de un año.

2. Las trágicas situaciones derivadas del hecho de que los profesionales médicos de estos servicios, en su mayoría extranjeros becados en nuestro país, sólo son contratados a honorarios y con pago de acuerdo a productividad, es decir de acuerdo al número de atenciones realizadas en un turno, lo que los obliga a desplazarse a grandes velocidades en vehículos distintos de las ambulancias para alcanzar un mayor porcentaje de atenciones, lo que ha costado la vida a algunos de estos profesionales, como sucedió en mayo del 2001 con la embarazada doctora colombiana María Luisa Satizabal; así como también a algunos de sus pacientes, como ocurrió en un accidente ocurrido a fines de 1999 en que una ambulancia chocó contra un pilar del Metro, quedando el médico muy malherido y falleciendo el paciente que era trasladado.

3. Que en muchos de los casos denunciados por los usuarios de estas empresas, éstas subcontrataban los servicios externos de empresas de atención médica domiciliaria, las que se encargan de las situaciones definidas como ‘de baja complejidad médica’ y en las cuales opera el mismo incentivo perverso de pago por paciente atendido, encontrándose entre éstas las empresas ViaMed y MediVida.

4. Que tanto los conductores de las ambulancias como de los vehículos particulares utilizados a manera de ‘avanzada’ son, en su mayoría personas que desempeñan otras labores en las jornadas distintas a las de su trabajo en estas empresas, lo que lleva a situaciones innecesarias de extremo riesgo debido al cansancio que normalmente se manifiesta en ellos, tal como ocurrió en el accidente en que perdió la vida la profesional colombiana, donde el conductor del vehículo era el funcionario de Carabineros, Nelson Morales, perteneciente a la dotación de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas de Santiago.

5. Que pese a las condiciones de riesgo en que los profesionales y personal auxiliar realizan su labor, en este tipo de empresas se impide la sindicalización, lo que ha significado demandas por parte de los sindicatos médicos de dichas empresas, bajo la acusación de prácticas antisindicales.

6. Que otras denuncias relativas a la calidad de los vehículos utilizados en la prestación de este servicio, los que muchas veces no han llegado a su destino por fallas mecánicas o estructurales graves, apuntan al hecho de que socios de las mismas empresas de atención médica prehospitalaria son dueños o integran sociedades propietarias de plantas de revisión técnica, por lo que la verificación y fiscalización de sus condiciones adolecerían de falta de rigurosidad por existir intereses contradictorios, lo que claramente podría configurar un ilícito.

La Cámara de Diputados acuerda:

1. Mandatar a la Comisión de Salud para que en un plazo de 30 días reúna y considere todos los elementos de juicio, pruebas y testimonios sobre las denuncias realizadas sobre la atención privada de urgencia prehospitalaria, para que establezca una opinión, sugiera y recomiende la adopción de medidas, tanto por parte de la autoridad de Salud, de Trabajo, como por la de Transportes a fin de asegurar que se respeten los derechos de los usuarios de este sistema de atención médica; los derechos laborales de quienes allí se desempeñan y se cumplan todas aquellas disposiciones establecidas en la normativa de Transportes, de manera tal de posibilitar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Alejandro Navarro Brain
Diputado de la República

Fuente: Oficina Parlamentaria

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