COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE ESTABLECER LOS PROBLEMAS QUE SE HUBIERAN PRODUCIDO CON MOTIVO DE LA INSCRIPCIÓN DE DOMINIOS EN INTERNET

navarro-guillier

Sesión 71ª, en comité, celebrada en miércoles 13 de junio de 2001, de 16.15 a 17.58 horas.

Preside el diputado señor Carlos Kuschel.
Asisten los diputados señores Sergio Correa, Carlos Jarpa, Alejandro Navarro, Enrique Van Rysselberghe Carlos Vilches y Patricio Cornejo.
Concurren, además, los señores Sergio Amenábar, presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, Andrés Echeverría, secretario de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, Pablo Avendaño, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaria de Telecomunicaciones y Alejandra Moya, abogada de la División Jurídica de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

TEXTO DEL DEBATE

El señor KUSCHEL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Tiene la palabra el señor Sergio Amenábar.
El señor AMENÁBAR.- Señor Presidente, la Asociación Chilena de Propiedad Industrial(ACHIPI) ha estado preocupada de la inscripción de nombres de dominio en Internet desde hace bastante tiempo, porque lo considera un asunto que está, entre otras cosas, vinculado con el tema de la protección de marcas comerciales y relacionado, a su vez, con la propiedad intelectual. En ese sentido, estamos conscientes de que se ha prestado para abusos. Por lo tanto, nuestra postura como entidad es realizar un análisis para determinar la forma como prevenir y remediar esa situación, lo cual, entendemos, debe hacerse a través de un proceso de constitución de nombres de dominio.
A este respecto, hay que indicar que la expresión “nombres de dominio” tiene relación directa con Internet y, como se sabe, esta última nace en forma anárquica y, de alguna manera, pretende mantenerse el mayor tiempo posible en esa condición. De hecho, cuando los abogados, como es mi caso, nos relacionamos con estos temas con gente especialista en computación, se nos hace muy difícil encontrar un lenguaje común, porque ellos defienden ese mundo supranacional que es Internet y, por nuestra parte, vemos los peligros de su falta de reglamentación.
Por otra parte, estamos conscientes de que por su naturaleza, Internet es un instrumento rápido y eficiente y todas las soluciones que se puedan proponer al problema de la inscripción de nombres de dominio deben ser de las mismas características.
Por lo demás, constatamos que en materias de comunicación y cultura hoy se tiende a evitar todo tipo de cortapisas previas a los medios, estableciendo sanciones a quienes hagan mal uso de los derechos o de las herramientas correspondientes. De hecho, en países como España hay cortapisas preestablecidas a la inscripción de nombres de dominio. En ese país sólo puede inscribir nombres de dominio el titular del nombre comercial o de la marca comercial ya inscrita que corresponde al nombre de dominio. Lo mismo acontece en otras naciones. Quiero aclarar que, en este caso, me refiero a nombres de dominio a nivel nacional, es decir, a los que están bajo la denominación “.cl”. En nuestro país, se encuentran bajo la jurisdicción de NIC Chile, que depende de la Universidad de Chile y, en concreto, de su departamento de computación.
En Chile tenemos un sistema de solución de controversias fuera de NIC Chile, porque esta entidad, como organismo técnico, sólo rechaza una inscripción cuando sus instrumentos computacionales le señalan que esa inscripción es incompatible con otra ya conferida. En este caso, se genera un problema de otra especie. NIC Chile tiene un cuerpo de árbitros y, además, las partes en conflicto pueden ponerse de acuerdo con un tercero que sirva de árbitro para que solucione el conflicto. Sin embargo, reconociendo esta realidad y la discusión sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, parece conveniente que existiendo intereses públicos y privados de trascendencia económica y social, el legislador chileno norme el sistema, sin entrar a intervenir su parte orgánica o técnica, aceptando la jurisdicción arbitral que está reconocida sólo por un reglamento interno de NIC Chile, el que establece en forma clara las causales de objeción y revocación de los nombres de dominio y, en general, da formalidad y permanencia al sistema.
Además, esa normativa debería establecer que, en casos excepcionales, el administrador de nombres de dominio debiera requerir, en forma previa a sus funciones técnicas, el pronunciamiento de los tribunales arbitrales antes de conceder inscripciones que, en su concepto, pudieran ir en contra de derechos de terceros, de la moral y del orden público.
En relación con lo anterior, hay que señalar que el sistema es bueno, salvo el hecho de que no existe una legislación al respecto pues, como se sabe, sólo hay una reglamentación que funciona en el ámbito privado. Por lo tanto, parece necesaria la creación de ciertas instancias de coordinación entre el organismo que administra Internet y los que tienen competencia sobre materias conexas, como es el caso del departamento de propiedad industrial del Ministerio de Economía y la fiscalía de libre competencia. Se trata de un sistema equilibrado entre una normativa legislativa, pero administrada, tal como hoy sucede, por NIC Chile y un marco de solución de controversias arbitrales que, además, corresponde al marco internacional en la materia, donde las contiendas sobre nombres de dominio en el ámbito internacional se resuelven por medio de arbitraje. Por consiguiente, siempre hemos dicho que sería bueno establecer instancias de coordinación entre esos departamentos y la organización anticompetencia, ya que se están dando, por la vía de la inscripción de nombres de dominio, violaciones a derechos de las personas, de las empresas, a marcas de fábricas y comercio y a principios de la competencia vial.
Con la venia del señor Presidente, cedo la palabra al señor Andrés Echeverría, secretario de nuestra entidad y árbitro en materia de nombres de dominio.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Tiene la palabra el señor Echeverría.
El señor ECHEVERRÍA.- Señor Presidente, creo que habría que distinguir el tema técnico del político. El primero ha sido llevado adelante en buena forma por la Universidad de Chile y no creo que exista en otros organismos del Estado la capacidad técnica para trabajar mejor que ellos.
En este aspecto, no considero adecuado que el Departamento de Propiedad Industrial se haga cargo del tema, pues con muchas dificultades trabaja un sistema computacional que le permite manejar los registros de marca. Por lo tanto, en el tema técnico, estamos conscientes de que NIC Chile lo ha hecho bastante bien. Pero como todo tema nuevo, consideremos que la naturaleza jurídica de los nombres de dominio no es una cosa tranquila en ninguna parte del mundo. Tampoco lo es en Chile, pues surge como una realidad y no como una cosa normada. Evidentemente, hay pequeños problemas en el funcionamiento actual de las normas reglamentarias. Si a ustedes les interesa, les podría hacer un par de menciones, pero se trata cuestiones poco significativas.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- A la gente de mi edad normalmente le cuesta entender esto de la computación. A nivel de usuario todavía la tragamos, pero meternos un poco más en el fondo no nos es fácil.
Haciendo esa salvedad, creo que aquí hay un topón que precisamente produce que discutamos este tema en términos de diferenciar los nombres de dominio del concepto de propiedad o del derecho de marca. Es decir, hay dos cosas que aquí corren en forma paralela, lo que, obviamente, se ha prestado para cometer algún grado de abuso, sobre todo considerando que la cancha no está lo suficientemente rayada. Señalo esto porque es muy probable encontrar en Internet el nombre de dominio “diputadovanrysselberghe”. Es lo mismo que pasaría -estoy haciendo una similitud- si fuera un arquitecto que quiere hacer una urbanización y alguien sabe que compré un terreno en equis lugar. Si no tomo las precauciones debidas antes de comprarlo, me pueden meter una cuña por la vía de la ley.
Dicho esto, tengo la impresión de que lo que nos convoca es este topón conceptual entre lo que es el nombre de dominio, que va administrado por un sistema tecnológico que va 10 metros adelante, y todo un sistema de propiedad, o derecho de marca, que va con la lengua afuera corriendo 100 metros atrás. Si ése es el problema, pienso que lo que nos corresponde -y les pediría sus aportes- es compatibilizar un poco estos dos conceptos, que hoy no van de la mano.
El señor AMENÁBAR.- Solamente quiero hacer dos alcances en relación a lo que usted dice, porque lo comprendo perfectamente.
El nombre de dominio y la marca son dos cosas completamente diferentes. La marca es un signo de fantasía destinado a distinguir un producto o servicio. Por su parte, el nombre de dominio es lo que a los teléfonos el número utilizado por el suscriptor. ¿Qué sucedió con el nombre de dominio? Por razones prácticas, se estimó mejor adaptar los nombres de dominio a un sistema alfanumérico en vez de a uno numérico. Entonces, uno podía elegir el nombre de dominio colocándole una palabra determinada. Y aunque éstos son derechos diferentes con objetivos diferentes, obviamente, al poder alfabetizar el nombre de dominio, no faltó -como usted bien lo señaló- gente que quiso aprovechar esta circunstancia para pasar sobre ese derecho, que no es de la misma naturaleza que el relacionado con las marcas comerciales, pero que indudablemente es conflictivo.
Por otra parte y como esto es algo nuevo y hay variadas opiniones, no puede pretenderse que esta materia esté fuera del alcance de nuestra legislación. Como expresó el señor Echeverría, considero que está muy bien administrado por NIC Chile y no propondría un cambio, pero como bien señala el señor diputado, creo que debería rayarse la cancha en aspectos fundamentales, específicamente en lo relativo a los dominios que pueden inscribirse. Además, pienso que esa cancha debería rayarse por la vía legislativa, entendiendo por esto la utilización de cualquier vía jurídica. No estoy diciendo que esto sea necesariamente materia de ley. Podría buscarse otra forma de solución, como la confección de algún reglamento o la adecuación de alguna ley existente. No obstante, es indispensable rayar la cancha -creo que el diputado Van Rysselberghe lo entendió mucho mejor de lo que reconoce- ya que no solamente se está lesionando el derecho a una marca comercial. El diputado señor Van Rysselberghe puso el ejemplo: si le inscriben su nombre, ya no sólo se atropella un derecho patrimonial, sino uno personal. De esta manera, hay múltiples implicancias a diferentes derechos que perfectamente pueden ser resguardados por una normativa jurídica adecuada, la que NIC Chile, con justa razón, no se siente con derecho a dictar, porque no tiene potestad para hacerlo.
El señor ECHEVERRÍA.- Hace un par de años me tocó elaborar un trabajo sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio para un seminario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. Pongo dicho trabajo a vuestra disposición, si les interesa.
Éste es un tema nada de quieto y, en mi opinión, no corresponde tampoco a lo que, aparentemente, ha sido internacionalmente lo más aceptado, en el sentido de que los nombres de dominio no producen una propiedad como lo hacen las marcas. ¿Qué postulo? Que, en el fondo -como bien decía Sergio-, el sistema, computacionalmente, funciona a través de lo que se conoce como el número IP. Se podrían digitar los números, lo que sería exactamente igual que hablar por teléfono, porque se trata de que, por ejemplo, desde Zimbabwe se pueda llamar a cualquier lugar del mundo y solamente respondan de ahí, exactamente como funciona el teléfono. Como decía, se estableció una relación entre estos números y una determinada palabra. ¿Pero de dónde sale esa palabra? Tengo que crearla yo, debo contactarme con mi proveedor de servicio de Internet o, primeramente, inscribirla como nombre de dominio y decir. En ese momento –es lo que postulo- surge una creación intelectual, la que no constituye de momento un derecho de propiedad. Si bien es cierto que la Constitución y el Código Civil aseguran la propiedad para las creaciones intelectuales, para que esa creación intelectual constituya realmente un derecho de propiedad debe haber alguna ley que la regule. En este momento estamos en una situación muy semejante a lo que hace bastantes años ocurrió con el software. Nadie discutía que los programas computacionales eran una creación intelectual de las personas que los producían. Su labor era muy importante y de gran valor, ya que había que dominar una ciencia o una técnica para crearlos. Sin embargo, no estaban regulados. No se podían patentar como propiedad industrial ni formaban parte de la propiedad intelectual. Ante esta situación, el legislador reaccionó asimilándolos al tratamiento que recibe la propiedad intelectual. Con el tema de los nombres de dominio ocurre algo semejante y por eso deberían tener algún sistema de regulación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué debemos regular.
La Internet es una situación de hecho que se divide en dominios genéricos y dominios de código de país. En este último caso son más de 200, en tanto que los dominios genéricos son 6, más otros 7 que pronto comenzarán a funcionar. Así, tenemos cerca de 300 alternativas para inscribir nombres de dominio. Chile sólo puede regular el “.cl”, pero se debe hacer con mecanismos que permitan un rayado amplio de la cancha, porque, de lo contrario, la dinámica de la Internet nos pasará por encima. Eso debemos tenerlo claro. La Internet se desarrolla en forma tan vertiginosa que no se puede tener una regulación que implique forzarla en su aplicación, de lo contrario, los dominios genéricos o los dominios territoriales nos van a sobrepasar.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, entiendo que contamos con la presencia de dos estudios jurídicos que están exponiendo acerca de la propiedad intelectual.
En materia de lo que ha sido la discusión de esta Comisión y, en general, de lo que es el debate relativo a la propiedad intelectual, no sólo está el tema de los dominios de Internet, también está el de las licencias de los softwares. En este sentido, ha surgido con mucha fuerza una campaña de la Asociación de Distribuidores de Sofwares (ADS) llamada “Tolerancia Cero”. Hay quienes, después de visualizar el tipo de campaña que se está desarrollando, tenemos observaciones importantes respecto del marco de legal y de justicia con que se hace.
Microsoft, dominador del mercado chileno de softwares con una participación de casi un 95 por ciento del mercado, está desarrollando una política que ha hecho que ya en dos oportunidades sea condenado en los Estados Unidos. Y tiene otra causa en la Corte Suprema, que está a punto de ser fallada. Las acusaciones no son sólo por práctica monopólica y concentración, sino que, fundamentalmente, por los instrumentos utilizados respecto del tema de las licencias.
Estos son temas que van aparejados. Estamos recién en la puerta de entrada. Como ustedes lo han señalado, el mundo de Internet es amplio y es difícil prever la dinámica de su evolución. Todos sabían que iría rápido, pero está yendo más rápido de lo que pensábamos.
Volviendo al tema de los softwares, quiero hacer presente que, respecto del sistema windows o del programa office, teníamos un pago de licencias cada dos años, que hoy está reducido a 6 meses. Esto tiene relación con Internet. No hace mucho estuvimos con el grupo chileno-mexicano en el Distrito Federal. De visita en el Senado mexicano, intenté ingresar a mí pagina web utilizando un computador que tenía el programa windows 2000, pero como yo tengo el windows 97, no se me configuraron todos los elementos de la página y me salió un mensaje que indicaba que el destinatario del contacto no poseía el equipo necesario para la total configuración. En definitiva, sólo pude acceder a un 70 por ciento de mí página. Esto me obliga, para tener un buen contacto con los senadores mexicanos, a comprar e instalar el windows 2000. El windows 97 ya no está a la venta. Fue retirado del mercado. Les quiero anticipar a mis colegas que he preparado un proyecto de acuerdo sobre esta materia, el que presentaré próximamente. Creo que es un tema que debemos abordar en la Comisión, porque está directamente relacionado con las materias objeto de nuestro estudio. Por ejemplo, deberíamos abordar el tema del pago de licencias. En estricto rigor, de acuerdo con lo que señala la Asociación de Distribuidores, en materia de los softwares para trabajar en Internet se establece el pago de licencias por programa. Por eso, he enviado un oficio para saber cuánto está pagando la Cámara de Diputados por concepto de licencias. Igualmente, he consultado cuánto está pagando en general el Estado por este concepto.
El tema de la propiedad intelectual está en debate. Lo está en Estados Unidos, en Europa y también en nuestro país, no obstante ser éste el país con menos piratería. Hay diversos procesos judiciales entablados respecto de si corresponde pagar varias licencias para utilizar un mismo programa en varios computadores. En teoría pura, debería comprar 3 licencias para instalar un mismo programa en mi computador de Valparaíso, en el que tengo en Penco y en el de mi casa. ¿Es eso posible? Esto será parte del debate sobre propiedad intelectual.
En materia de los dominios, se ha señalado que el desarrollo de Internet se debe básicamente a la libertad de acción, que ponerle restricciones o regulaciones va inhibir y coartar su desarrollo y que, en definitiva, debiera ser el mercado el que regule, ya que habiendo un libre acceso no tendremos que preocuparnos por el tema de la propiedad, porque el valor no estará en ella. Muchas personas ingresaran y se generarán muchos iguales.
Al demandar y defender la propiedad intelectual ¿cuál es el proceso de valoración que se hace del bien o, en este caso, de la marca? Lo que ha motivado esta investigación es el problema suscitado por el uso del dominio “chile.cl”. A propósito, no sé si ustedes han conocido el dictamen del Consejo de Defensa del Estado. Les voy a entregar una copia, porque es muy importante. Es de hace unos 15 días y lo pueden encontrar en mí página web. En ella declaran que el nombre Chile es de propiedad inalienable y no comerciable y, por lo tanto, demandan que, mediante la vía judicial, el Estado recupere el nombre Chile para sí. Esa es la resolución del Consejo, fundada en un análisis constitucional respecto del nombre de Chile, que está ligado íntegra e inseparablemente al Estado chileno.
Pero volviendo a mi pregunta, en este proceso, con otros dominios, cualesquiera que ellos sean, ¿cuál es el proceso que hace que esas marcas tengan un valor? Porque existe la posibilidad de que esto sea mal usado por los ciberocupas. Eso nos preocupa, ya que no sólo se han dedicado a ocupar Colo-Colo, Pablo Neruda o Armada de Chile. Todos los nombres de las comunas que represento están inscritos por alguien que los registró en Miami o en Los Ángeles. De hecho, se han registrado todas las provincias, las capitales de las provincias y las comunas. Las han inscrito ya sea en “.com” o en “.cl”, para lo cual han pagado el derecho correspondiente, el que dura dos años y es renovable. Quiero saber si, en su opinión, a futuro, será posible por la vía judicial defender una marca o un nombre. Por ejemplo, el diputado Carlos Kuschel, si fuera candidato a senador y quisiera poner una página web, se podría encontrar con la desagradable sorpresa de que le dijeran que no, porque el nombre Carlos Kuschel está ocupado. En ese supuesto, el diputado señor Kuschel, ¿podría defender su nombre? ¿Qué va a pasar?
El señor KUSCHEL (Presidente).- Estaré obligado a seguir de diputado.
Tiene la palabra el señor Amenábar.
El señor AMENÁBAR.- Es tan cierto lo que se está diciendo que el problema del arbitraje internacional, en materia de nombres de dominio y de los conflictos de nombres de dominio, está en manos, principalmente -entre otros-, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Éste es un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas, que tiene por objeto ver todo aquello que diga relación con el desarrollo de la propiedad intelectual o industrial. O sea, ya se ha reconocido que, de alguna manera, hay una relación, entre nombre de dominio y marca comercial, aunque exista la diferencia antes enunciada. Por el monto, ha habido un arbitraje limitado respecto de marcas, pero la tendencia es que este arbitraje, que se produce en los dominios de naturaleza más universal, vaya ampliándose a la decisión respecto de conflictos de nombres de dominio.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las marcas y los nombres de dominio en cuanto a reglamentación? Que Chile es imposible de inscribir como marca en Chile, porque ello está taxativamente prohibido por la ley sobre propiedad industrial.
El señor NAVARRO.- Salvo en las empresas públicas que fueron vendidas con anterioridad.
El señor AMENÁBAR.- Exacto. Pero sin entrar en detalles, el nombre Chile no es registrable como marca por nadie. La generalidad de las legislaciones prohíbe el registro del nombre de las naciones o el nombre de las personas sin su consentimiento.
El señor CORREA.- Por ejemplo, ¿qué pasa con nombres de dominio como Banco de Chile y Laboratorio Chile?
El señor AMENÁBAR.- Señor Presidente, son derechos adquiridos desde hace mucho tiempo. La legislación marcaria estaba en pañales como hoy lo está la materia que estamos discutiendo. Pero si hoy se hubiera fundado el Banco de Chile, no se podría inscribir como marca.
El señor ECHEVERRÍA.- Señor Presidente, aún no existe ninguna marca registrada llamada Chile, sino marcas compuestas, como Lan Chile, Banco de Chile o Laboratorio Chile, lo cual no implica una apropiación exclusiva y excluyente del término.
El señor CORREA.- ¿Qué sucede en el caso de las personas que adquirieron los dominios chile.cl o chile.com y pagaron dinero por eso? ¿Quién pierde ahí? Lo pregunto porque el Consejo de Defensa del Estado ha dicho que ninguna inscripción puede hacer suya nombre Chile .
El señor AMENÁBAR.- Señor Presidente, la cancelación del nombre de dominio -no obstante el dictamen del Consejo de Defensa del Estado- va a tener que ser materia de un pronunciamiento de un órgano judicial. No va a ser expropiado, sino materia de la resolución de un conflicto por decisión de un tribunal, como puede pasar con cualquier conflicto. Ahí verán las partes responsables las prestaciones mutuas a que esto pudiera dar lugar, si es que las hay. Porque, Nic Chile, entre otras cosas, declara que no es responsable de los dominios que inscriba, ya que no es quien crea los dominios, sino sólo los registra. Quien crea los dominios, en el supuesto que haya creación, es la persona que los pide. Entonces, quien adquirió -suponiendo que haya habido un proceso de adquisición, de transferencia de dominios sobre el nombre Chile, inscrito por una persona y traspasada por otra- tendrá que dirigirse al que le vendió ese nombre para que sanee la situación producida.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, dentro del ámbito privado está permitido todo lo que no está prohibido. Por consiguiente, no estaba ni está prohibido que se pueda haber adquirido el nombre de dominio chile.cl. Ahora, me parece complicado sentar un procedente, en el sentido de hacer una ley con efecto retroactivo, a la que me negaría absolutamente. Lo que ya pasó, pasó. Por eso debemos rayar la cancha para que no vuelva a pasar. Por muy Parlamento que seamos no tenemos el derecho a hacer leyes con efecto retroactivo. Eso va contra la esencia de la legislación.
El señor ECHEVERRÍA.- Señor Presidente, en una comisión que funciona en el Ministerio de Economía también se están discutiendo estos temas. A la última reunión que asistí se planteó una situación bien particular, que es el criterio de Nic Chile, en el sentido de que ellos tienen un contrato que dura dos años, a raíz de una discusión jurídica sobre los plazos de prescripción de la acción de caducidad de una inscripción de nombre de dominio. En definitiva, Nic Chile planteó que no les interesaba mayormente si el plazo de prescripción de la acción de caducidad podía ser de tres o de menos años, porque los contratos suscritos eran de dos años, inferior al plazo actual de la acción para anular un registro de dominio. Nic Chile postuló que el contrato duraba dos años. Por tanto, cada dos años debería haber un contrato nuevo, lo cual implica que no necesariamente debe ser con efecto retroactivo. Y si eventualmente se hubiera producido alguna situación incorrecta, podría sanearse de aquí a dos años. Lo importante es que cualquier cosa que se haga, tanto por parte de la autoridad legislativa como judicial ante un caso de esta naturaleza, va a limitar exclusivamente los dominios “cl”. Los tribunales chilenos no tienen ninguna posibilidad de ordenar la caducidad o nulidad de un dominio “.com”, sobre el cual Nic Chile no tiene ninguna responsabilidad.
El señor AVENDAÑO.- Señor Presidente, hago entrega de las excusas por escrito del señor Subsecretario. Lamentablemente, por razones de buen servicio que surgieron a última hora, no pudo asistir. Por ello me pidió que en mi calidad de jefe subrogante de la división jurídica, y a Alejandra Moya, como abogada de la división que ha estado estudiando todos estos temas, que compareciéramos en su representación e hiciéramos entrega de una minuta que él había preparado, con las observaciones que, en un principio, nos merece el tema que nos ocupa.
Si el señor Presidente lo considera necesario, puedo proceder a leer la minuta, con el propósito de ser lo más ajustado posible a las ideas del Subsecretario en torno a esta materia, sin perjuicio de hacer entrega de un ejemplar de la misma.
Leo: “En relación a la petición de informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología, facultada por la H. Cámara de Diputados para investigar los problemas que pueden producirse con motivo de la inscripción de dominios en Internet, en torno a la administración del dominio nacional “.cl”, debo señalar, en primer lugar, que no hay una práctica consistente en materia de regulación de dominios nacionales a nivel mundial. En términos generales, los países se han abstenido hasta la fecha de regular un sistema que, en su conjunto, ha producido más de cuatro millones de dominios nacionales en todo el mundo, en más de ciento cincuenta países y territorios.
“La Subsecretaría de Telecomunicaciones representa a Chile en el Comité Consultivo de Gobiernos (GAC) de ICANN, el órgano internacional encargado de la administración y delegación de nombres de dominio. En esa calidad, ha conocido la experiencia mundial referida a la utilización de nombres de dominios nacionales, incluyendo al dominio chileno “.cl”, administrado por NIC Chile.
“El lineamiento más preciso en esta materia proviene de la propia ICANN. El GAC ha elaborado, con fecha 23 de febrero del año recién pasado, sus Principios para la Delegación y Administración de Dominios Nacionales. Este documento, que sirve como referencia a la actuación de gobiernos y administradores de dominios nacionales, señala que estos últimos son depositarios del domino delegado y que tienen el deber de servir a los residentes del país en que se encuentran. Por su parte, a los gobiernos les encomienda el deber de asegurar que los dominios nacionales sean administrados de acuerdo al interés público.
“Creemos que la creciente importancia de Internet, tanto como fenómeno social como en términos de actividad económica, requieren un trabajo en profundidad de la materia. Los nombres de dominio comprometen intereses de la sociedad en su conjunto, por lo que cualquier iniciativa en la materia debe tener como objetivo fundamental resguardar el interés-país de Chile.
“Esta Subsecretaría considera pertinente plantear como elementos a considerar los siguientes:
“-Hay un reconocimiento generalizado de que la labor realizada a la fecha por NIC Chile ha sido oportuna y eficiente, permitiendo el desarrollo de un nutrido campo de dominios nacionales chilenos;
“-Se deben estudiar los procedimientos aplicados por NIC Chile al inscribir dominios y al resolver los conflictos que de ello pudieran derivarse. Es indudable que, al margen de la discusión en torno a si los nombres de dominio son o no sujetos de regulación marcaria, la utilización de un nombre de dominio puede tener efectos económicos importantes para personas y empresas. Debemos buscar mecanismos que impidan las inscripciones abusivas, tanto de especuladores que quieren vender el nombre a su legítimo dueño, como de empresas de mayores recursos, que buscan evitar que sus competidores puedan realizar inscripciones legítimas. También debemos resguardar el uso de los nombres propios de las personas, como atributos de la personalidad, y evitar su inscripción abusiva por terceros;
“-En este contexto, debe reconocerse la existencia de palabras y conceptos pertenecientes al patrimonio público, cuya inscripción debe quedar reservada al Estado, en representación de todos los chilenos. Es conocido el caso de “chile.cl”, pero pienso también en el nombre de reparticiones públicas, regiones y localidades, cuya inscripción debe ser asegurada para su legítimo usuario. El mecanismo para lograr este fin deberá ser definido por todos los involucrados, teniendo como eje orientador el objetivo-país que ya he mencionado.
“-El ordenamiento de los nombres de dominio que he propuesto busca asegurar la confianza de los usuarios en la Internet. Debemos darle plena seguridad a los usuarios de que podrán hacer uso de portales de gobierno electrónico, comprar y vender a través de comercio electrónico e incluso instalar sus propios negocios en línea, todo con total confianza. Para ello es fundamental la plena transparencia del proceso de asignación de nombres de dominio, por lo que, por ejemplo, la publicación de solicitudes de nuevos nombres no sólo debiera hacerse en el sitio web de NIC Chile, sino que además se debería publicar en forma física, a través del Diario Oficial u otros medios impresos, para que incluso las personas que no están conectadas a Internet tengan oportunidad de hacer valer sus derechos. En esta misma línea, debieran reformarse y reforzarse los mecanismos de solución de controversias, por ejemplo, mediante la eliminación del plazo máximo actualmente existente de tres años para reclamar en contra de una inscripción abusiva.
“Un antecedente útil en la consideración de estas materias en Chile es la experiencia de otros países y de organismos internacionales. España, por ejemplo, prohíbe registrar en su dominio nacional a nombres genéricos de productos, servicios u otras categorías; toponímicos de países, regiones u otras indicaciones de geografía, y palabras contrarias a la moral o buenas costumbres, entre otras. Además, la asignación del nombre de una organización o marca comercial sólo puede darse a sus legítimos titulares.
“Por su parte, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual lleva a cabo un proceso sobre el reconocimiento y uso de nombres en el sistema de nombres de dominio. En su informe interino, emitido el 12 de abril recién pasado, la OMPI sugiere permitir a quien se sienta afectado por un registro abusivo solicitar su anulación, de acuerdo a criterios y procedimientos previamente establecidos. Este criterio, menos rígido que el anterior, puede considerarse una pauta para el trabajo en nuestro país.
“Por último, debemos tener presente que en el desarrollo de este proceso, debemos evitar la sobrerregulación. Esta puede redundar en mayores costos y dificultades para inscribir dominios nacionales, que serviría de freno al desarrollo de sitios nacionales en Internet y de contenido local. La sobrerregulación también conlleva el peligro de migración de inscripciones hacia los llamados “dominios genéricos”, como “.com”. Ello ha sido la experiencia, por ejemplo, de España, ya citada. Otro costo que la sociedad debe evitar es aquel asociado con los conflictos por nombres de dominio, por lo que debe privilegiarse en todo caso la negociación directa entre las partes, como mecanismo alternativo a la litigación.”.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Gracias, señor Avendaño.
Al parecer, doña Alejandra Moya quiere señalar algo más.
La señora MOYA.- Señor Presidente, estoy dispuesta a contestar cualquier consulta sobre el tema.
El señor NAVARRO.- Sobre este tema, ya hemos realizado un debate con el Gobierno. En su oportunidad, en mayo de 2000, entregamos un completo informe a Rodrigo Egaña respecto de la protección que debiera dar el Estado.
Tengo en mis manos un informe respecto a la inscripción del nombre de dominio de Chile en el caso de sus embajadas y para cubrir los intereses comerciales de diversos países del mundo que han abierto registros. En muchos de ellos se han realizado inscripciones; en otros, no.
Sólo a manera de anécdota, quiero comentarles que Entel Chile inscribió “presidentelavin.cl” en octubre de 1999.
¿La Subsecretaría o el Ministerio de Obras Públicas tiene cubiertos estos aspectos? ¿Cuáles son las inscripciones que ustedes han realizado de sus dominios?
La señora MOYA.- Tenemos inscrito “moptt”, “mtt” y “subtel.cl”.
El señor AVENDAÑO.- Y estamos en trámite respecto de “chilefuturo.cl”, para un proyecto sobre tecnologías de información. Esas son las inscripciones de nombres de dominio que ha efectuado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
El señor NAVARRO.- ¿Tienen algún estudio que visualice cuál va a ser el rol de la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto de Internet? ¿Va a quedar en su dominio el tema de las comunicaciones? ¿Cuál va a ser el ente fiscalizador? Esto queda muy claro, por ejemplo, en el ámbito eléctrico, en que está la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -que en realidad se dedica casi exclusivamente a la electricidad, porque, por lo menos en mi región, tiene cinco personas, dos técnicos y ni un ingeniero en combustibles-. Este es otro tema, que tiene que ver con la capacidad para poder fiscalizar. Me refiero a la facultad en el ámbito de Internet. ¿Qué visualizan? ¿Se está viendo la posibilidad de que la subsecretaría sea la encargada?
El señor AVENDAÑO.- Como ya se había dicho anteriormente, Internet se nos presenta como una realidad de hecho, que nos genera una serie de conflictos, de discusión y, en definitiva, de decisiones en torno a si se debe regular o no.
La Subsecretaría ha regulado aquellos aspectos relativos a Internet que entiende que están dentro de la esfera de su competencia. Es así que hemos dictado tres normas técnicas que dicen relación, por un lado, con los procedimientos y plazos para las conexiones de los ISP, los proveedores de acceso a Internet, y también con los sistemas de publicidad y los índices de tráfico de los ISP.
Lógicamente, la Subsecretaría está preocupada del tema. Hay una serie de estudios que se llevan a cabo para los efectos de determinar la forma en que debemos abordar la problemática que plantea Internet. Entendemos que Internet es un fenómeno que, si bien se trata de una materia de tecnología y de telecomunicaciones, no se limita a los aspectos de telecomunicaciones involucrados. Por lo tanto, más allá de nuestros estudios específicos, existe un trabajo del Gobierno orientado a determinar los campos de acción en que debiera abordarse la problemática de Internet.
La Subtel se ha preocupado de aquellos aspectos que, a nuestro entender, requieren de regulación, como son los relacionados con los proveedores de acceso a Internet y con la protección de los derechos de los usuarios de Internet.
La señora MOYA (doña Alejandra).- Internet es un ámbito que puede ser regulado por una serie de ministerios que se consideran facultados para ello. Lo que tradicionalmente ha formado parte de nuestra esfera de competencia es todo lo relacionado con el acceso y la conectividad. Lo que dice relación con los usuarios es regulado a través de una norma muy reciente de indicadores de calidad de Internet.
Si bien participamos en la comisión que analiza lo concerniente a los nombres de dominio, entendemos que éste es un tema propio del Ministerio de Economía, por la relación evidente entre nombres de dominio y marcas, más allá de lo que queramos considerar como la naturaleza jurídica de los nombres de dominio.
El señor NAVARRO.- Felizmente, esta Comisión ha tenido una participación extraordinaria en orden a evaluar los aspectos referentes a Internet, entrando por la puerta de los dominios. El Presidente Lagos se refirió a Internet, el 21 de mayo pasado, como uno de los elementos que ha favorecido el crecimiento del país en el ámbito de los servicios y de la generación de nuevas ideas. Eso nos obliga a establecer una regulación orientada a que la fuerza del mercado opere como todos queremos, esto es, que haya libertad de competencia, pero que no se produzca ningún tipo de desviación. Lo que nos ha llevado a discutir esta materia no es tratar de imponer reglamentaciones o burocracias, sino tratar de anticipar que en la más amplia libertad, nadie termine contraviniendo un libre desarrollo que beneficie al país. La idea es evitar que por falta de regulación el proceso se dificulte o se desvíe. Por ello, es deber del Estado reglamentar esta materia. Cuando el subsecretario de Telecomunicaciones concurra a la Comisión, analizaremos qué institución del Estado puede ser la depositaria de esa responsabilidad. El señor Rodrigo Egaña, quien lleva adelante el proceso de modernización del Estado, no está abocado a determinar cuál será el ente fiscalizador. La Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene facultades fiscalizadoras en lo referente a radios, frecuencias, instalación de antenas y todo lo relacionado con las comunicaciones.
Si hay algo que está claro es que Internet es comunicación. Constituye la máxima idea de comunicación, porque es libre, instantánea y de costo casi cero en el futuro.
Tengo en mis manos un documento referido al desarrollo de Internet y sus consecuencias, por ejemplo, en Estados Unidos. Los problemas que pueden surgir con Internet no es algo propio de los países subdesarrollados, sino también de los países desarrollados. Éstos son temas que tanto el Parlamento como el Ejecutivo y el sector privado debieran tener presente. Hoy, Microsoft enfrenta una demanda del departamento de justicia de Estados Unidos, por conductas monopólicas y otros ilícitos. Ese proceso ha generado dos sentencias condenatorias: una, con fecha 5 de noviembre de 1999, enmendada el 21 de diciembre de ese año, en que se establecen ilícitos y delitos como hechos probados, y otra, con fecha 4 de abril de 2000, que confirma que Microsoft ha violado la ley antimonopolio de Estados Unidos, calificando su conducta como “depredadora”. El juez Jackson anunció en mayo de 2001 que determinará las penalidades que correspondan. Microsoft fue demandado por la división antimonopolio del departamento de justicia. No estamos hablando de una guerra comercial, ni de dos actores que se disputan un mercado, ni de un juicio entre privados. A través de dos sentencias condenatorias queda comprobado que Microsoft amarra el producto, es decir, obliga a comprar lo que no se quiere, a cambio de comprar lo que se necesita. Además, impone acuerdos comerciales, impide que otros puedan competir en el mercado, desarrolla prácticas anticompetitivas, priva a los consumidores de la libertad de elección, reduce la capacidad de los consumidores a elegir y priva a los fabricantes de pc de su libertad de elegir y determinar la pantalla inicial, mostrada por los computadores que ellos venden. Hace diez años los computadores tardaban menos de un minuto en encenderse y mostrar todo. Hoy demoran tres y más minutos, debido a las barreras de entrada que impone el acceso. También Microsoft ha sido acusado de entrar en acuerdos anticompetitivos, debido a que los sitios se ven mejor cuando se ingresa a ellos a través de Internet Explorer que cuando son vistos a través de cualquier buscador de la competencia -esto lo he comprobado personalmente; intenté entrar a una página a través de la competencia y no pude-, lo que excluye a la competencia y afecta adversamente a la innovación. Además, desincentiva la investigación y el desarrollo de nuevos productos, afecta las posibilidades de los competidores para obtener financiamiento para investigación y desarrollo, impide a los competidores -que a pesar de todo tuvieron éxito en desarrollar innovaciones- comerciar efectivamente sus productos mejorados, reduce el incentivo a la capacidad de los fabricantes de pc para innovar y diferenciar sus productos, y reduce a la competencia el espíritu de innovación y restringe el comercio. Además, suministra productos con vicios ocultos, cuyo efecto es provocar obsolescencia artificial de esos productos y los equipos que emplean, privar al consumidor de la posibilidad de conocer productos de la competencia y privar al usuario de su derecho de hacer pleno uso de su computador, interponiendo entre él y dicho sistema un programa Windows al que infundadamente se le atribuye la condición de operativo. Por último, priva a los usuarios de las ventajas propias del desarrollo tecnológico, consistentes en pagar cada vez menos por productos cada vez mejores.
Lo que sucede hoy con los sistemas Windows y Office es que cada vez que se modernizan, se encarecen más. En ese sentido, ocurre lo contrario de lo que debiera suceder cuando se desarrolla un producto, esto es, mientras más masivamente se produce, más barato es su costo. Ello ha operado así en los sistemas de telefonía inalámbrica, en que con 3 millones y medio de celulares operando, existe una oferta que consiste en pagar 15 mil pesos por mil minutos. En cambio, con 4 millones de usuarios de Internet -cifra que sigue creciendo-, los productos se siguen encareciendo. En mi opinión, ésta es una situación que debiera ser analizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
En la Cámara de Diputados hemos sustituido el Office 97 por el Office 2000, porque el Office 97 ya no nos sirve. Para comunicarme con mi distrito, con la Cámara de Diputados o con todos los ministerios, que siguen operando con Windows 97, no necesito comprar el programa Windows 2000. Sin embargo, si dichas reparticiones empiezan a adquirir Windows 2000 –cabe señalar que Windows 97 ya no está a la venta en el mercado- estaré obligado a comprar Windows 2000. Cuando quiera comunicarme con el Sindicato de Tripulantes Pesqueros, que se ganó un computador por un concurso del Fosis y la Corfo y quieren instalar un programa con licencia, no podrá ser el Office 97 ni el Windows 98, sino que tendrá que comprar el que está en el mercado que es el Windows 2000. Sin embargo, cuando quiera comunicarme con ellos, esta situación me obligará a renovarme para tener una plena comunicación.
Por otro lado, como estamos en la Comisión de Ciencia y tecnología, necesitamos la visita del Subsecretario y en otra oportunidad será la del Ministro para ver un poco las perspectivas de desarrollo, pues siento que cuando debatimos estos temas no importa tanto el momento actual como él del futuro, pues el momento actual sufre el beneficio de la sorpresa y de vivir la contingencia y por ello sería imperdonable no tener los elementos para ordenar este proceso de manera tal que Internet sea la comunicación líder en el futuro y un eje en el que Chile pueda competir con cualquier país del mundo, incluso, con Estados Unidos, pues actualmente, como están dadas las condiciones, esa competencia está claramente determinada. Por lo tanto, más allá de los acuerdos de Sylicon Valley, más allá de que tengamos un club de emprendedores, más allá que tengamos en este país a Fernando Flores, si no tenemos una regulación mínima que garantice a cualquier chileno competir con sus propias facultades para entrar en un mercado y así desarrollar más la ley de libre mercado, estaremos en problemas. En consecuencia, me gustaría saber la opinión que tienen al respecto los ejecutivos, no sólo en el tema de los dominios, porque ya llegamos rezagados ahí. El Estado, en 1996,no tuvo la capacidad ni la visión cuando cedió gratuitamente esta materia a un particular, a una asociación o fundación. La argumentación que ha dado el propio Ministro era que en esa época estábamos en pañales y no visualizábamos lo que significaría en el futuro y, por lo tanto, entregaron el dominio. Recuperarlo actualmente nos costará varios cientos de miles de dólares o varios miles de dólares, pues ya costó 30 mil. Por lo tanto, si el Estado de Chile quiere recuperarlo tendrá que pagar y estoy por respetar esa posición. Obviamente, antes no existía una regulación por lo que ahora tendrá que ser comprado a precio de mercado. En consecuencia, en este momento tendríamos que ser capaces de mirar hacia delante y en ello la Subsecretaría de Telecomunicaciones nos puede dar una visión y así aprender juntos.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Señor diputado, el tema nuestro y la orden que tenemos de la sala es preocuparnos de las inscripciones de dominio en Internet. No sé si podríamos pedirle a la Sala que nos cambie la misión que tenemos, porque el plazo para que entreguemos el informe respeto al tema que nos ocupa vence el 16 de julio. Estoy de acuerdo con que este tema queda sobrepasado por una infinidad de otros aspectos y, quizás, la semana siguiente seremos sobrepasados por otros aspectos más.
Por otra parte, al señor Subsecretario lo hemos invitado muchas veces y no ha venido nunca.
El señor CORREA.- Señor Presidente, estamos en la Comisión de Ciencia y tecnología y se supone que estos temas que estamos conversando debieran ser de amplio dominio nuestro. Diría que salvo el diputado señor Navarro, el resto muy poco entendemos sobre este tema. Entonces, para poder legislar en un proyecto tan técnico como es este, tendríamos que tener una pequeña clase de computación, a fin de entenderlo. Dentro de mis dudas, está la siguiente. ¿Qué relación hay entre la inscripción de dominio y la página web? ¿La inscripción de dominio es el nombre que lleva la página web?
La señora MOYA (doña Alejandra).- Efectivamente, las páginas web tienen un número IP que es la dirección y este número se relaciona, por efectos mnemotécnicos, con un conjunto de palabras que constituyen el nombre de dominio. Por lo tanto, la página web tiene relación directa con el número IP y cada número es único y exclusivo de cada página web.
El señor CORREA.- ¿Dónde está ese número IP?
La señora MOYA (doña Alejandra).- Está, de alguna manera, escondido detrás del nombre. Si uno tipea el número IP en el buscador, llegará igualmente a la página web que está relacionada con ese número.
El señor CORREA.- Señor Presidente, en estos días estoy tratando de implementar mi página web y para ello me incorporé a un servidor que no lleva el www y no sé por qué ocurre esto. Son preguntas técnicas que no son para plantearlas aquí.
El señor AVENDAÑO.- Señor Presidente, estamos con toda la disposición para instruirlos en lo que fuese necesario. Si algún señor diputado lo requiere, podríamos coordinar una reunión de trabajo en donde haríamos una breve exposición del tema central.
El señor CORREA.- Señor Presidente, sugiero que aceptemos esa reunión que está ofreciendo el señor Avendaño, pues estamos legislando sin saber del tema.
Por otra parte, muchos diputados están interesados en tener su página web por lo que la Cámara de Diputados debería tener un servidor para esos efectos.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, creo que estamos metidos en un lío. Hablamos de legislar y las leyes que intentaremos hacer aquí serán válidas en esta larga y angosta faja de tierra que llamamos Chile, pero desgraciadamente este fenómeno de Internet es un asunto absolutamente global. Por consiguiente, creo que mientras no exista un acuerdo internacional para regular de alguna forma esto que recorre el mundo entero, atravesando las fronteras sin pedirle permiso a nadie, estamos haciendo el loco tratando de regularlo dentro de nuestro país. Quizás a lo mejor podremos para los “.cl”, reservados para Chile, establecer una comunicación de una base de datos con otra y que Nic Chile apriete una tecla y diga si ese nombre está registrado como marca y si le requieren ese nombre de una marca, aprieten otra tecla y le digan si esta registrado en Nic Chile, aunque fueran cosas distintas. Por lo tanto, mientras no logremos hacer conciencia que el Estado a través de no sé qué organismo, seguramente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, busque la forma para que haya algún acuerdo internacional -aunque sean unos pocos países- para tratar de fijar en estas bases de datos algunas líneas generales que sean lo más amplia posible. En consecuencia, mientras más restricciones existan habrá menos progreso. Eso lo tengo muy claro, pero alguna reglamentación debe haber.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Tiene la palabra el señor Amenábar.
El señor AMENÁBAR.- Señor Presidente, coincidiendo con el señor diputado, debo decir con legítimo orgullo que habiendo nuestra Asociación apoyado a Nic Chile en la creación del cuerpo de árbitros y en una estructura de solución de controversias en los nombres de dominio “.cl” fuimos pioneros en el mundo respecto de esta materia. Tanto es así que de esto se habla a nivel mundial.
El otro día leía un tratado que analiza las legislaciones sobre nombre de dominios en todo el mundo, publicado en Estados Unidos, y se refería a la solución chilena como la única digna de imitar por los otros países del mundo. No debemos temer a la innovación. Chile fue el primer país donde se publicó, aunque podría ser de manera imperfecta, la solicitud de nombres de dominios y el único lugar donde se da una instancia de solución de controversias antes de que este nombre quede perfecto. Ello fue una iniciativa conjunta de un sector público, como un Departamento de la Universidad de Chile, y el sector privado, como la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Tiene la palabra la señora Alejandra Moya.
La señora MOYA (doña Alejandra).- Señor Presidente, nadie puede no estar de acuerdo con lo que ha planteado el señor diputado respecto de la globalización. Ahora, existen iniciativas en ese sentido. Hay un Tratado sobre cibercrimen en Europa, que ha sido apoyado por Estados Unidos, país que ha sido muy persistente en perseguir una suerte de acuerdo internacional relativo a estos temas, ya que justamente les toca en forma muy particular.
Como usted muy bien ha dicho, en el problema de la transnacionalidad basta con sacar el servidor fuera del país. Aquí se ha hablado muchas veces de España, país que ha estado en estos momentos tramitando una ley contra los correos no solicitados. En resumen, se debe regular con criterio, ya que creo que todas las partes están de acuerdo. En las sesiones a que he asistido en el Ministerio de Economía me he dado cuenta de que existe la mejor voluntad por lograr un acuerdo satisfactorio para todos, pues a todos nos mueve el interés del país, por lo que nadie quiere aprovecharse de la situación.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Tiene la palabra el señor Avendaño.
El señor AVENDAÑO.- Señor Presidente, quiero hacer un breve comentario en relación con lo que decía el señor diputado. Es importante diferenciar el tema de Internet con el de la problemática de inscripción de dominios, lo cual evidentemente se enmarca dentro de la gran temática de Internet. La materia que nos ocupa -por ello se plantea la perfección de los mecanismos de regulación sin entrar a determinar qué organismo lo haría- no la hemos planteado en esos términos, pero –repito- hay que tener claro que una cosa es Internet y otra la inscripción de dominios, lo cual trata de un tema interno. Una cosa es Ican, gran órgano

Fuente: Oficina Parlamentaria

administrador que distribuye las distintas numeraciones para cada país que se asocian con este sufijo “.cl”, y otra, que en cada país la correspondiente administración sea quien determine los nombres de dominios que pueden ser asimilados a la respectiva numeración, lo que hace Nic Chile. Se piensa que esto puede ser objeto de alguna mejora, pero de ninguna manera implica entrar a regular el tema de Internet o entrar a todas estas definiciones que pueda adoptar la honorable Cámara de Diputados sobre determinar si es Nic Chile el órgano encargado de esta materia.
El señor JARPA.- Señor Presidente, es muy interesante la discusión que se ha presentado con respecto a este informe que nos ha pedido la Sala. Es muy importante lo que estamos tratando de realizar, reconociendo la dificultad que plantea el diputado señor Van Rysselberghe, partiendo de la base que llegaremos muy rápido por la velocidad con que se están firmando los tratados de libre comercio y realizando una serie de convenciones a nivel internacional. Por lo tanto, ya existe una iniciativa al respecto. Es muy importante y muy positivo lo que Chile está realizando como pionero en esta materia, a pesar de nuestras limitaciones, las cuales esperamos superarlas gracias a la cooperación que nos prestarán.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en primer lugar, podríamos invitar al Jefe de Informática de esta Corporación, señor Hernán Figueroa, con el objeto de que nos comente un poco todo lo relacionado con el programa de modernización de la Cámara realizado hace unos tres o cuatro años. En definitiva, hemos hecho un fuerte emplazamiento al Ejecutivo respecto de la inscripción de dominios, por lo que sería muy importante que nos explicara la situación que vive nuestra Corporación en estos momentos, a fin de establecer una protección en nuestra página.
En segundo lugar, hay una campaña de la Asociación de los Distribuidores de Softwares lanzada con tolerancia cero. Se ha dicho que se ha notificado a todos los clientes y que ha hecho presencia acompañada de la fuerza pública. Si no hay una orden judicial, ningún carabinero de este país puede acompañar a un privado a alguna parte y, sin embargo, se ha dado. Estoy en contra de la piratería. Creo que tal como se está destruyendo la industria de los CD’s o el tema de los libros, en este caso también puede producirse. Sólo traigo a colación esta materia, pues no existe regulación sobre este punto. ¿Quién asegura al creador que se le pague realmente lo que se le debe pagar? He denunciado al Sernac esta campaña de tolerancia cero por el hecho de tener publicidad engañosa.
Existe una ley, aprobada por esta Cámara, sobre el secreto informático. Según esa normativa nadie puede entrar a un computador. Hoy es un delito que alguien entre a una base de datos ajena y extraiga información. Por lo tanto, nadie puede entrar a revisar el programa de software y ver si es legal o no. Eso tenemos que regularlo porque también hay que proteger la propiedad intelectual, de eso se trata. El punto es que hoy el libre albedrío produce abusos de ambas partes. De modo que debiéramos aprovechar los antecedentes que nos pudiera aportar el señor Hernán Figueroa, jefe del área de Informática de la Cámara de Diputados, para dilucidar en qué pie se encuentra nuestra institución en el ámbito de la inscripción de dominios y, en general, en el tema computacional interno.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Les quiero recordar que tenemos una misión específica. Éste es un tema muy amplio que, ciertamente, podría alejarnos de nuestro objetivo. Entiendo que a muchos nos entusiasme, pero lo cierto es que debemos hacer el intento de no alejarnos de nuestro camino.
El señor NAVARRO.- Sobre lo mismo que usted está planteando, acabo de entregarle al señor Secretario la resolución del Consejo de Defensa del Estado que podría ser uno de los temas a evaluar por esta Comisión. Hay una conclusión que es bastante contundente y que, sin duda, apunta al objetivo de esta Comisión relativa a la inscripción de dominios “.cl”, en particular “Chile.cl” y con la inscripción de dominios en general.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Me estoy dando cuenta de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pareciera que está preparando un proyecto en torno a este tema, ¿o sólo lo están estudiando?
El señor AVENDAÑO.- No, proyecto como tal no hay. Sólo existen estudios y el interés respecto del tema.
El señor KUSCHEL (Presidente).- En torno a este tema ¿nadie está preparando ningún proyecto?
La señora MOYA (doña Alejandra).- Entiendo que no. El Ministerio de Economía tiene una comisión que está analizando la materia, pero todavía no ha terminado su trabajo. Puede que termine concluyendo que se necesita un proyecto.
El señor VILCHES.- Sólo quiero plantear dos asuntos. Primero, conocer qué legislación comparada existe en relación con el tema que estamos investigando. Se debe hacer esa revisión y pedirla definitivamente. Y segundo, creo que con esto va a ocurrir lo mismo que a sucedido con otras materias, y en las que Chile ha sido líder en el mundo. Chile fue líder, a nivel mundial, en la redacción de la defensa de los derechos humanos y del niño; me refiero al Tratado de Costa Rica, que los señores diputados bien conocen. Ahora, habida cuenta del carácter globalizador que tiene el sistema Internet, y considerando que las leyes locales no son aplicables y los acuerdos internacionales que se deben tomar para protegerse, propongo que en una de las conclusiones de esta Comisión se considere la posibilidad de que Chile sea el promotor y quien eche las bases de una propuesta internacional en torno a esta materia, por cuanto creo que nos vamos a ver enfrentados a los sitios, tal como aquí lo han dicho. Las amenazas existen y las han hecho: si regulan, nos vamos y trasladamos todos los sitios.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Depende de la regulación.
El señor VILCHES.- Por eso lo planteo. No se olvide que anteriormente presentamos un proyecto de Internet, vinieron los expertos y destruyeron todos nuestros argumentos. Debemos reconocer que esta materia es compleja, pero eso es lo que yo propondría, porque creo que este problema de la inscripción del “Chile.cl” pasa por llegar a un acuerdo, por cuanto se adscribe a lo que son las marcas que debieran ser manejadas por el Estado.
El señor NAVARRO.- ¿Qué jurisprudencia existe en los tribunales respecto de este tema?
El señor AMENÁBAR.- En cuanto a la naturaleza jurídica del nombre de dominio, a pesar de llamarse así, aún existe una amplia discusión. No podemos sostener que haya unanimidad en cuanto constituya o no un derecho de propiedad. En todo caso, claramente constituye un interés jurídicamente protegido.
En cuanto a la jurisprudencia, quienes de alguna manera la están dictando son los árbitros, el señor Andrés Echeverría, por ejemplo.
El señor NAVARRO.- ¿Y esto dicta jurisprudencia en los tribunales? Pongo el caso del Consejo de Defensa del Estado que ha planteado que éste es un bien personalísimo e incomerciable, y que debe ser recuperado por la vía judicial. El Ministerio de Economía tendrá que ir a disputar el nombre “Chile”. Le costó 30 mil dólares a Multimedia, pero habrá un proceso de negociación.
Esta jurisprudencia que Nic Chile está dictando ¿servirá en los procesos de los tribunales civiles? Porque éste va a ser un juicio civil, ¿no?
El señor ECHEVERRÍA.- Que yo sepa existe un recurso de protección que fue rechazado por haberse ajustado el otorgamiento del nombre de dominio a la normativa dada por Nic Chile.
¿Qué es lo que importa?. Importa el ámbito de aplicación de los fallos de las personas que hemos actuado como árbitros, que en la práctica se ha circunscrito exclusivamente a que Nic Chile da cumplimiento al fallo, elimina o confirma el respectivo registro de nombre de dominio. Que yo sepa, nadie ha presentado recursos en contra de un fallo arbitral. Los árbitros, como todos los jueces, dictan una resolución que, únicamente, tiene fuerza e imperio dentro de lo debatido. Lo que importa es que, al ser un sistema patrocinado por Nic Chile, aceptado por esta misma, y contractualmente aceptado por las partes, ese fallo lo ha cumplido Nic Chile y con ello se ha terminado el problema específico de algún dominio.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Entonces, ¿los fallos han sido positivos? ¿Nadie se ha quejado? ¿No ha habido otra instancia?
El señor NAVARRO.- No ha habido otra instancia judicial, porque lo que correspondería sería que el Estado o el Ministerio de Economía fueran a tribunales o al tribunal arbitral de Nic Chile. O sea, uno podría intentar un proceso corto y sin muchos gastos recurriendo a Nic Chile ¿cierto?
El señor ECHEVERRÍA.- Claro, se corre el riesgo de que el tribunal le plantee la posibilidad de que si recurre a un tribunal ordinario éste establezca que ésa es una materia contractualmente sometida a un proceso de arbitraje. Es una de las posibilidades tal vez más segura.
El señor KUSCHEL (Presidente).- ¿El sistema actual ha sido breve y razonable para las partes?
El señor AMENÁBAR.- Con las falencias que pueda tener, es un proceso que marca pautas a nivel mundial.
El señor KUSCHEL (Presidente).- ¿Y en una sola instancia?
El señor AMENÁBAR.- Sí. Se trata del mismo sistema que adoptó la Ompi.
El señor NAVARRO.- Respecto de este mismo tema, se inscribieron -y conozco al abogado que lo hizo, el señor Waldo Parra- los dominios “poderjudicial” y “cortedeapelaciones”. Hubo un acuerdo cuya intención fue hacerles una llamada de alerta respecto del tema al conjunto de Poderes del Estado. Hoy, el Poder Judicial mantiene abierta una página web para ver la jurisprudencia de los fallos y resoluciones. Sin embargo, hoy se ha interpuesto un recurso de protección en contra de la publicación de los procesos por demanda de alimentos. Entonces, al publicar el nombre de las personas afectadas se viola la ley de protección de la información privada, porque se publica un proceso, que, además, no tiene resolución, y la información se hace accesible a todo el mundo. Por lo tanto, si al buscar trabajo mi empleador me exige el papel de antecedentes y observa la página web del Poder Judicial y se da cuenta que tengo un juicio por demanda de alimento, aunque no se haya probado mi paternidad, con ello se viola mi propiedad privada, porque forma parte de mi fuero íntimo.
Por lo tanto, solicito que se envíe un oficio al subsecretario de justicia para preguntarle por la experiencia que existe sobre la materia y cómo ha procedido en los casos de los recursos de protección que se han interpuesto.
Con ello, he tratado de hacer una presentación para pedir a la Sala una prórroga del plazo de entrega del informe y ampliación del ámbito de competencia de esta Comisión.
El señor KUSCHEL (Presidente).- Eso lo discutiremos en la próxima sesión.
Finalmente, en nombre de la Comisión, agradezco la presencia de nuestros invitados, puesto que sus opiniones han sido muy útiles e ilustrativas.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 17.55 horas.

ALEJANDRO ZAMORA RODRÍGUEZ,
Jefe Taquígrafos Comisiones.

Fuente: Oficina Parlamentaria

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