“Comportamiento de Aguas Andinas obliga a revisar regulación sanitaria”

Diputados Tohá y Navarro entregaron carta en la empresa Aguas Andina:

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Su rechazo a la venta de los derechos de agua aprobados por el alcalde de santiago, Joaquín Lavín, y la mayoría de los concejales manifestaron la diputada Carolina Tohá (PPD) y Alejandro Navarro (PS), quienes luego de entregar una carta en la gerencia de Aguas Andinas señalaron que “entre otros aspectos, una de las mayores irregularidades que contiene esta transacción es la ‘donación desinteresada’ de 365 millones de pesos a la corporación cultural por la vía de las donaciones culturales, lo que implica una elusión tributaria”.

Los parlamentarios, que entregaron dos cartas, una dirigida al actual gerente general Josep Bagué, y otra al gerente general que asumirá mañana Angel Simon, indicaron que “nos parece que la decisión de efectuar esta transacción, que consideramos absolutamente lesiva para el patrimonio de la municipalidad, de la comuna y, muy especialmente, de los habitantes de la comuna de Santiago, genera una modificación apresurada de las condiciones bajo las cuales Aguas Andinas adquirió la propiedad de la ex empresa EMOS, en que expresamente constaba bajo el peso de la historia y de la reiterada jurisprudecia, la vigencia de estos derechos”.

El parlamentario del PS dijo que “provoca molestia que esta urgencia por precipitar una decisión de venta de los derechos que se mantenían desde el 7 de febrero de 1898, se esté tomando bajo la decisión de asumir cualquier costo, inclusive planteándose la posibilidad de iniciarse acciones legales por parte de la empresa para llegar a esta misma resolución del tema. Esto genera, entre los ciudadanos que durante más de un siglo han sido beneficiados por el ejercicio de estos derechos, un profundo recelo y sólo contribuye a incrementar la desconfianza respecto de la disposición de Aguas Andinas, de cara al futuro, ante la comunidad”.

Por su parte la diputada Tohá señaló que “sobre el contenido mismo de la transacción acordada tenemos la convicción que nos parece altamente irregular y claramente interesada la cláusula que establece un ‘aporte’ de 365 millones de pesos a la Corporación Cultural de Santiago, los que -se dice- podrían ser destinados al Teatro Municipal o a los establecimientos educacionales de la comuna, todo esto por la vía de la ley de donaciones culturales. Esta situación de aparente colaboración o beneficencia social en el marco de esta acción de compra venta lleva contiene implícitamente el germen de la elusión tributaria”.

Navarro indicó que “asimismo y en una fórmula que compromete políticamente esta decisión parece altamente inconveniente que se haya fijado un monto tope de 700 millones de pesos como tarifa por el consumo de agua hasta el año 2005. Por lo mismo, se esta reconociendo implícitamente que las cuentas de agua de la municipalidad terminaran siendo superiores a esa cifra, lo que demuestra que esta negociación es abiertamente lesiva para los intereses de la comuna de Santiago. Además, el año 2005 es el año en que Lavín entregará su cargo y probablemente será candidato presidencial. En consecuencia, la forma en que esta negociación se ha realizado genera una percepción fundada de que se esta protegiendo la gestión del actual alcalde en desmedro de los intereses permanentes de la comunidad”.

Sobre lo mismo, ambos legisladores coincidieron en que “otra conclusión perfectamente lógica que se alcanza es que el incremento tarifario no sólo será de gran magnitud por fijación de acuerdo a parámetros técnicos, sino que será también proporcional a los niveles de inversión en áreas verdes, piletas y establecimientos educacionales, entre otras obras, que el municipio decida realizar. En consecuencia con esto, lo más seguro es que Lavín deba inhibir su política de ‘piletas piscinas’ en los veranos”.

La nota entregada por los parlamentarios en la gerencia de la empresa señala que “tenemos la convicción de que este acuerdo entre Aguas Andinas y la Municipalidad de Santiago se convertirá en un hito histórico negativo en la historia de nuestro país, como un símbolo de la renuncia a ejercer un derecho a un bajo precio y un alto costo y también de la vulneración de los derechos de las personas, no sólo de Santiago, sino que de todo Chile. Además, será sin duda una situación que introducirá nuevos elementos de juicio en el debate nacional sobre reforma al Código de Aguas que actualmente se tramita en el Congreso Nacional”.

La nota concluye expresando que “en la certeza de estar representando el sentir y el pensar de la mayoría de los habitantes de Santiago y del país, hemos querido hacerles llegar esta opinión que aunque seguramente no producirá ningún cambio en el itinerario comercial trazado, quedará para siempre en la conciencia de los ancianos, mujeres, hombres y niños que han visto conculcados sus derechos”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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