“Condena al Estado por fallecido tras tsunami del 27F es un fallo histórico”

“Este fallo de la Corte Suprema viene a generar condiciones en donde la ciudadanía puede creer que los tribunales sí pueden defender su derecho y establecer un principio de verdad”. Esa fue la impresión del senador Alejandro Navarro al conocer el fallo de la Corte Suprema que ordena al fisco pagar 55 millones de pesos a la familia de don Mario Ovando, de 67 años, quien vivía en el sector Salinas de Talcahuano y que falleció el 4 de marzo en el Hospital Higueras por las diversas lesiones que sufrió al sobrevivir al tsunami del 27 de febrero de 2010.

 

Hecho en el que, de acuerdo al presidente del MAS, “claramente el Estado no prestó servicio. Don Mario por medio de la radio escuchó el llamado del Intendente de la época, que le decía que no había riesgo y que los vecinos tenían que regresar a sus casas y ellos así lo hicieron, pero tuvieron que enfrentar el drama de una ola que casi alcanzó los dos metros de barro y azotó las viviendas”.

 

Asimismo, el senador narró: “Don Mario tras verse invadido por el agua y el barro, en una acción heroica sostuvo a su mujer, a sus hijos, para que alcanzaran el techo, buceó, sus pulmones se llenaron de barro, que al final terminó con su vida. Tal como lo indicó la Corte Suprema, el Estado faltó, se equivocó y costó vidas humanas en este caso y en muchos otros”.

 

Si bien Navarro sostuvo que “la compensación de 55 millones de pesos a la familia no le va a devolver la vida perdida, pero les va a ayudar a salir del desamparo y la inestabilidad económica. Esta sentencia va en dignidad para aquellos que arriesgando sus vidas mal informados por el Estado, desprotegidos por éste, perdieron la vida en la trágica noche del 27 de febrero de 2010”.

 

“Corte Suprema en el

corazón de las víctimas”

 

Asimismo, Navarro resaltó el trabajo de su abogado Adolfo Ortega, profesional jurídico con quien juntos han tenido importantes aciertos judiciales al llevar casos como el de las inundaciones del Canal Papen, en el que la Corte Suprema condenó al Estado a pagar 400 millones de pesos a las víctimas; o la indemnización a la familia del joven de Cabrero, Franco Coronado, que fue brutalmente golpeado por carabineros; Navarro con el apoyo de Ortega lograron que la Justicia condenara millonariamente a Enap por malos olores, teniendo ésta que invertir 100 millones de dólares para terminar con la pestilencia; y también han estado juntos, entre otras causas exitosas como la de Javierito en la que por negligencia médica se condenó al Servicio de Salud a indemnizarlo; lo que se suma al caso en el que tribunales ordenó al Estado a responder por la muerte a causa del hanta del reo adquirida en la Cárcel El Manzano.

 

Con relación a esta sentencia, según Adolfo Ortega, ésta “marca un precedente muy importante. Creemos que la Corte Suprema no se ha colocado solo al lado de las víctimas, sino que se ha colocado en el corazón de ellas. La Corte ha interpretado la terrible experiencia que le tocó vivir a la familia de Ovando Valenzuela producto de esta falta de servicio flagrante de haber llamado a quedarse en los hogares ese día en que la población estaba más vulnerable, en circunstancia en la que precisamente se estaba produciendo un tsunami”. Y agregó: “La Corte establece que si ese llamado no se hubiese hecho,  hoy día no nos encontraríamos con esa lamentable situación”.

 

Asimismo, Ortega recordó que a mediados del mismo año del terremoto, “interpusimos una demanda que fue rechazada en primera instancia por la Corte de Apelaciones y el Tercer Juzgado Civil de Concepción, pero la Corte Suprema determinó que allí existió una falta de servicio flagrante y que en definitiva las víctimas deben ser indemnizadas”.

 

Una sentencia de poesía

 

Navarro valoró el fallo judicial favorable a la familia Ovando – Valenzuela, y en lo particular, un extracto del escrito en el que se explicita textual:

El patrimonio personal de cada uno de los pretendientes es ora material, ora espiritual.

El espiritual comprende un enjambre de riquezas íntimas, subjetivas, que anudadas entre sí en una fórmula exclusiva, conforman el núcleo que identifica a una persona como indeleblemente única.

En cuanto ser real, dotada se encuentra esa personalidad de instrumentos aptos para encarar los embates y desafíos del cotidiano, procesándolos de manera conducente a su crecimiento y progresión, modelándose paulatinamente un individuo en el que se van integrando, en áurea proporción, los haberes de la vitalidad socializada.

La experiencia revela que las personas se debaten en un constante desafiar elementos objetiva y/o subjetivamente adversos y que ello deviene en consecuencias favorables o desfavorables a los intereses subyacentes.

Ello es normal y fluye de la naturaleza misma de la vida social. Hay, sin embargo, avatares tan imprevistos como indeseados y repelidos, entre otros factores, por sabérselos insuperables, imposibles de resistir, temibles en grado superlativo.  En principio, no existe motivo razonable capaz de justificarlos, como no sea la fuerza de la naturaleza, el ocaso y la miseria humana.

Lo normal es que episodios de esa laya dejen profundas huellas en quienes los experimentan, para bien o para mal, caso este último en que su impacto en el patrimonio espiritual ha sido tal, que el desequilibrio que en él engendra se traduce en el tormento de la desintegración o en el despojo de al menos una parte de lo que se asume como más propio; en fin, en el desgarro de aquella proporción áurea; de lo mío; del yo.

Es el denominado daño moral.

¿Exagerado será considerarlo concurrente en quienes en medio de la más grande de las incertidumbres de una tenebrosa noche de horror, mientras la más humana de las seguridades -el suelo planetario- repulsa a quienes y cuanto lo cubre, abatiéndolo, claman visceralmente por la autorizada voz de quien en la emergencia generalizada ha de guiarlos y que, por obedecerla, son víctimas de gigantescas olas de agua lodosa que los sumergen y asfixian, hasta que uno de ellos fallece horas después?

No dudan estos jueces en una respuesta negativa.

La cruz de lo vivenciado por los actores desde el instante mismo de la inundación y hasta la época del ingreso de la demanda que ha dado origen a estos autos, pasando por el fallecimiento del jefe de familia, ha debido generar una merma en el patrimonio espiritual de quienes saben que de no haber mediado la infeliz falta de servicio, no habrían debido soportar la carga -antes lindada- que ahora conducen;

18°.- Difícil materializar ese dolor, precisamente porque el patrimonio espiritual no compatibiliza con mediciones ni cantidades.

Con todo, procurando estos juzgadores acercarse a la ecuanimidad de lo justo, estarán por regular el daño moral que ha sufrido la demandante María del Carmen Valenzuela Flores en la suma de veinte millones de pesos; el que han experimentado Roberto Mauricio, Mario Esteban y Paulina Isabel Ovando Valenzuela en diez millones de pesos cada uno; y el que arrastra Álvaro Andrés Muñoz Ovando, en cinco millones de pesos.

Y, por último, el senador Alejandro Navarro concluyó: Estamos conforme por la señora María, viuda de don Mario, por su familia. Esperamos que los otros casos que restan y que también llevamos adelante en el campo judicial puedan también resolverse favorablemente a la gente que ha sufrido tanto por un error y por la falta de servicio de un Estado que no cumplió con el cometido de salvaguardar las vidas”.

 

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

 

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