Conflicto Alto Bío – Bío: Diputado Alejandro Navarro y conflicto del Alto Bío-Bío

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Su convicción de que la Conadi debe hacerse parte de las acciones judiciales en curso por el caso Ralco, “en defensa de los intereses de los indígenas involucrados”, manifestó el diputado socialista Alejandro Navarro. El parlamentario de la Bancada Verde, basó su afirmación en las obligaciones que la ley indígena y la propia Constitución le entrega a este organismo del estado. Según el parlamentario, “el conflicto entre Endesa y las poblaciones pehuenches del Alto Bío-Bío, con motivo de la posible puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Ralco, exige un rol activo y la inmediata intervención de la Conadi a favor de los derechos e intereses de los indígenas, como lo exige la ley 19.253 o ley indígena”. El legislador fundamentó este emplazamiento a la Conadi “primero, sobre la base de que las tierras en disputa para los efectos de la implementación del proyecto Ralco, son tierras de propiedad indígena, conforme a la ley 17.729 y otros instrumentos especiales”. Sobre lo mismo, Navarro señaló que “el artículo 13 de la ley indígena es muy claro al respecto, estableciendo que las tierras a que se refiere el artículo precedente (Nº12), por exigirlo el interés general de la nación, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, estableciéndose como única excepción: salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”. El diputado agregó que “se establece una prohibición de efectos casi generales para la enajenación de las tierras indígenas, situación excepcional en nuestro derecho, además de una contraexcepción, en virtud de la cual sólo podrán ser sujetos de actos jurídicos patrimoniales, personas indígenas de una misma etnia”. Como ejemplo de lo anterior, Navarro señaló que el inciso primero, del artículo 13 de la ley indígena, contempla que las propiedades pueden ser gravadas, siempre que concurran los siguientes requisitos: que se trate de tierras individuales, o sea de personas naturales indígenas; que exista autorización de la Conadi; que el gravamen no comprenda la casa habitación de la familia indígena, ni el terreno para su subsistencia”. A juicio del diputado “esta parte de la ley aparece hoy como ineficaz, toda vez que Endesa avanza con su proyecto, al margen de la ley, obteniendo una concesión definitiva fraudulenta y anunciando públicamente la reanudación de faenas en el Alto Bío-Bío”. “Por otro lado –agregó el parlamentario- Endesa se ha empeñado en su proyecto por todas las vías, incluyendo las permutas de tierras que exige la ley indígena. Para materializar la mayor parte de las hasta ahora realizadas se ha incurrido en graves vicios de consentimiento como lo constató el ex director de la Conadi, Domingo Namuncura, existiendo además un grupo de familias pehuenches que no desean consentir en permutar”. Por otra parte, el legislador indicó “que la ley indígena ha de ser respetada en todas sus partes. El artículo 13 se establece que sólo podrá llevarse a cabo el proyecto hidroeléctrico si concurren los siguientes requisitos legales: consentimiento libre y espontáneo entre las partes contratantes; autorización de la Conadi; que se trate de tierras individuales, o sea, pertenecientes a personas naturales indígenas; y que la permuta se efectúe por tierras indígenas de similar valor comercial debidamente acreditado”. “Sobre lo mismo –prosiguió Navarro- de no producirse o no concurrir todos y cada uno de estos requisitos, no es posible efectuar permuta alguna, y por consiguiente tampoco es posible materializar el proyecto Ralco”. El diputado socialista señaló que “cabe puntualizar que la contravención a las exigencias establecidas por la ley, tiene o acarrea como sanción la nulidad absoluta del acto o contrato, conforme al Derecho Civil”. Respecto de la situación de las comunidades indígenas, el legislador dijo que “la ley es más estricta aún, estableciendo una prohibición absoluta en la enajenación de las tierras que les pertenezcan, lo cual igualmente acarrea la nulidad absoluta, para el caso de contravención”. Navarro planteó que “los pehuenches del Alto Bío-Bío han debido en consecuencia recurrir al amparo constitucional, interponiendo el pasado 31 de marzo, dos recursos de protección fundados en el artículo 19, Nº24 de la Constitución, entre otros, que establece el derecho de propiedad a todas las personas y sobre toda clase de bienes, y cuyo inciso tercero consagra, expresamente que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”. Por otra parte, recordó el parlamentario “se ventila una causa civil en los juzgados de letras de Santiago, en que se solicita la nulidad de derecho público de todo procedimiento de aprobación ambiental del proyecto Ralco, juicio seguido por pehuenches en contra de Conama y Endesa”. “Por estas situaciones –concluyó el diputado- es que se hace para Conadi un imperativo moral y jurídico intervenir formalmente en las causas que actualmente se ventilan entre los pehuenches y Endesa, dándose cumplimiento a lo dispuesto en la propia ley indígena que exige de Conadi, en su artículo 39, inciso segundo, lo siguiente: además le corresponderán las siguientes funciones… d) asumir, cuando así se le solicite, la defensa jurídica de los indígenas y sus comunidades en conflictos sobre tierras y aguas”; e) velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta ley…”.

Fuente:PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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