Contundente rechazo hizo San Fabián a La Punilla y central hidroeléctrica de la CGE

El director nacional de la Conama, Álvaro Sapag, tuvo que enmendar rápidamente sus palabras para sortear un problema semántico, que si no se aclaraba, pudo traer más de algún inconveniente en una audiencia compuesta por vecinos de San Fabián que se resisten tajantemente a la construcción del embalse La Punilla, quienes lo único que quieren es escuchar que el proyecto será retirado.
“El proceso está reglado por la institucionalidad nacional”, señaló el alto personero de Gobierno, quien esperaba dar plena seguridad de que no se haría nada que no fuera aprobado según todas las normas nacionales vigentes.
Pero, en un espacio atestado de dirigentes, campesinos y ganaderos, donde no existe ni siquiera energía eléctrica para instalar un sistema de amplificación, la frase sonó a “arreglado”.
El dirigente Juan Carlos Bustos, quien presentó los principales reparos de la comunidad cordillera respecto de la mega obra de riego, pidió que se corrigiera el término, lo que generó algo de hilaridad en un ambiente tenso, donde se recriminó a las autoridades por llevar adelante un proyecto que presentaría una serie de errores.
Bustos indicó que el estudio ambiental que presentó la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas posee falencias evidentes al definir los espacios físicos, ambientales y sociales que serán afectados por el embalse.
Además, denunció que el proyecto es inconstitucional, al promover dos tipos de pago para adquirir los terrenos de las familias afectadas.
De esta manera, no se activaría para todos el sistema de expropiaciones que permitiría pagar mejores precios por las tierras, sino que se utilizaría la “compra asistida, según la cual se contrataría a una empresa para adquirir los terrenos y reubicarlos y eso es inconstitucional”, sostuvo el dirigente.
Los vecinos alegaron que el embalse anegará unas 1.700 hectáreas, perdiéndose cientos de hectáreas de bosque nativo, animales, paisajes como la laguna de Chacayal y vastos sectores de la comuna quedarían prácticamente incomunicados.
El alcalde de la comuna, Cristian Fernández, manifestó que “tal como está, el proyecto debe ser retirado, porque es malo, está mal diseñado, no hubo un buen trabajo en terreno y se proyectan por ejemplo cuarenta familias en circunstancias que tenemos alrededor de cien en la zona”.
El director nacional de la Conama, Álvaro Sapag y el director nacional de Obras Hidráulicas, Juan Antonio Arrese, poco pudieron aportar a un debate donde básicamente escucharon a los residentes.
Arrese defendió el proyecto señalando que el país se encuentra en una encrucijada debido al déficit de embalses que permitan hacer de Chile “una potencia agroalimentaria”.
Además, manifestó que el país debe mirar seriamente la construcción de obras reguladoras de este tipo, pues el agua es un bien escaso que actualmente se está perdiendo y que es necesario controlar para favorecer a los agricultores.
Sin embargo, vecinos presentes hicieron ver que no sería el riego el verdadero motor de La Punilla, sino que la producción de energía eléctrica, rubro que se ha convertido en un negocio de grandes repercusiones en un país deficitario y donde pueden proliferar centrales de diverso tipo, entre ellas la Geotermia, de la cual existe una unidad proyectada para la comuna.
El senador Alejandro Navarro manifestó que “lamentablemente los intereses de los pequeños propietarios no pueden hacer mucho frente a las grandes empresas y el Estado de Chile”.
En este sentido, manifestó que en San Fabián puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió en Ralco, donde los pehuenches fueron reubicados en terrenos inhóspitos, perdiendo sus raíces y capacidad de vivir en dignidad.
El diputado Frank Sauerbaum, en tanto, señaló que “ustedes deben decidir lo que quieren que se haga con el proyecto. Si estiman que no se debe hacer, deben ser fuertes para oponerse y nosotros los ayudaremos para que obtengan lo que merecen”.
El embalse, que tendría una inversión superior a los 400 millones de dólares, estará ubicado sobre el río Ñuble, en una angostura existente a 3 kilómetros aguas abajo de su confluencia con el río Los Sauces.
La obra, que anegará unas 1.700 hectáreas, considera la construcción de un embalse multipropósito para regadío y generación hidroeléctrica.
Se estima que el embalse tendría una capacidad de 650 millones de m3, posibilitando el mejoramiento y extensión del riego en tres comunas de Ñuble, con una seguridad de riego sobre el 85%, en unas 66.000 hectáreas regadas.
Para la municipalidad el proyecto, que responde a necesidades vitales del país en orden a generar energía, debe antes que todo responder a los múltiples cuestionamientos que ha surgido.
Uno de ellos se refiere al plan de mitigación o reparación por la pérdida de ejemplares y hábitat debido a los desvíos de los cauces y construcciones fluviales.
Asimismo, se debería dar una solución a la pérdida de asentamientos de culturas ancestrales, que ni siquiera ha sido adecuadamente estudiados y quedarán indefectiblemente sin ser conocidos tras la inundación de las tierras por el futuro embalse La Punilla.
DERECHOS DE AGUA
A pesar del rechazo que despierta el proyecto, el año pasado la Contraloría Regional tomó razón de las resoluciones de la Dirección General de Aguas MOP que constituyen los derechos no consuntivos solicitados por la Dirección de Obras Hidráulicas para incorporar la generación hidroeléctrica del embalse Punilla.
El ejercicio de estos derechos, cuya generación eléctrica se estima entre 90 a 100 megawatts, está sujeto a la obligación de respetar un caudal ecológico, es decir, dejar escurrir aguas abajo del punto de captación un caudal suficiente para la preservación de la naturaleza y protección del medio ambiente, tal como lo establecen las modificaciones al Código de Aguas de 2005.
De esta manera, el paso siguiente para concretar esta obra es la obtención de la aprobación ambiental por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente.
A este hecho, se suma que el Ministerio de Agricultura destinó recientemente 120 millones de pesos para que una universidad local realice estudios respecto de los potenciales regantes que serán beneficiados.
Desde esta perspectiva, el Estado de Chile, tiene todo “arreglado” para que el proyecto finalmente se ejecute en el menor tiempo posible, considerando que se le dio prioridad a juzgar por las señales que ha dado el Estado en el último tiempo.
CONAMA
Álvaro Sapag, director nacional de la Conama, señaló que “el proyecto presentado el 2004 por una entidad del Estado tiene muchas observaciones y ello significa que las instituciones funcionan. Este proyecto tiene muchas observaciones que han sido contestadas; sigue el proceso adelante y probablemente haya algunas dudas más que contestar y si el proyecto cumple con la legislación vigente habrá que tomar las medidas de compensación apropiadas y si no cumple no se hará”.
El personero recalcó que para ejecutar este proyecto se seguirán todas las normas establecidas en la Constitución y las leyes chilenas.
El senador Alejandro Navarro manifestó que el Estado debería priorizar la conservación de una cuenca como la del río Ñuble, que no ha sido intervenida, y enfocarse a generar proyectos en áreas que ya tienen inversiones en marcha como Ralco.
Para aprobar el proyecto, Obras Hidráulicas tenía originalmente 180 días, pero los plazos se han dilatado debido a las numerosas observaciones que se han realizado desde el 2004.
De esta manera, ya han pasado dos Adendas y actualmente se está en la tercera, la cual tampoco estaría satisfaciendo las inquietudes de la comunidad y organismos ambientalistas como Codeff.
Para ésta, el MOP “no presenta un estudio geológico consistente ante los últimos eventos sísmicos, no se hace cargo de la pérdida de la biodiversidad al inundar 1.700 hectáreas y sólo se compromete a adquirir 306 hectáreas como área de compensación, no siendo coherente con la superficie a inundar y a pesar que servicios como Conaf y SAG han solicitado una mayor protección a un sitio prioritario de biodiversidad”.
CGE
Tras la reunión en Los Sauces, las autoridades se dirigieron al sector de Las Guardias, donde los vecinos manifestaron aprensiones respecto de la construcción de la central hidroeléctrica de la CGE Generación.
Tal como en el caso de La Punilla, la población se niega a que la iniciativa empresarial se lleve a cabo.

Proyecto eléctrico suma detractores
El rechazo más absoluto plantearon dirigentes de Las Guardias y de San Fabián al proyecto de construcción de la central de paso de la CGE Generación.
La firma, pretende levantar una planta que producirá alrededor de 136 MW, para lo cual invertirá aproximadamente 250 millones de dólares.
Sin embargo la comunidad, señala el alcalde Cristian Fernández, espera que el estudio geológico que está en ejecución y que es básico para el inicio de las obras, sea descartado y que otra entidad se haga cargo de aquel.
Fue la propia empresa la que financió el estudio, lo cual es el principal argumento usado por los detractores para impugnarlo.
El dirigente Sergio Sanders, manifestó que tras el terremoto se debería ejecutar un nuevo estudio que considere las nuevas condiciones geológicas que quedaron al descubierto tras el sismo.
El personero, manifestó que si el terremoto hubiera ocurrido con la planta en funcionamiento, se habría roto el canal de aducción que transporta aguas del río a la planta, afectando a varios sectores poblados.
El terremoto gatilló una nueva mirada del municipio respecto de este proyecto, pues anteriormente lo observaba con cierta condescendencia, que era criticada por la comunidad.
El ingeniero Patricio Moya, quien asesoró a propietarios que vendieron sus terrenos a la CGE, manifestó que la empresa está realizando trabajos en la zona por donde pasaría el canal.
Sostuvo que gran parte de los bosques ya habrían sido talados, lo que no correspondería, dado que se trata de obras propias de la central.
En la reunión, los vecinos criticaron, además, que las autoridades hubieran favorecido a la empresa al permitirle que se cambiara el entubamiento del canal por la instalación de una malla que no da garantías de seguridad.
En la ocasión se exigió que se realice un nuevo estudio ambiental y además otro estudio geológico en toda la zona.

Fuente: La Discusión

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