Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, habíamos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre este proyecto anteriormente, pero cabe señalar que esta economía abierta de Chile posibilitó la firma de importante número de tratados de libre comercio multilaterales, bilaterales, y por cierto, donde yo he tratado de ambos aspectos bilaterales y multilaterales suscritos con Chile con países como Estados Unidos, firmado el 6 de junio del 2003, que entró en vigencia el 1° de enero del 2004. Y la verdad es que claramente ese tratado, los derechos de propiedad intelectual pasaron a ser parte importante del mismo.

Imagen: camara.cl

Yo recuerdo que fue un tema crucial, sobre lo cual no hubo ningún tipo de renunciación de parte de los Estados Unidos, y más bien de imposición. Este Parlamento podía votar a favor o en contra. No podía hacer ningún tipo de modificación.

Así son los tratados de libre comercio: no hay posibilidad que el Congreso pueda modificarlos. Solo los rechaza o los aprueba.

Dicho Tratado debía estar vigente antes del 1° de enero del 2009, y las partes debían ratificar o adherir a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, conocida más bien como UPOV 1991. Es decir, había una exigencia explícita del cumplimiento de la ratificación con la firma de un tratado con un año particular y un año específico. Y si bien ninguna disposición de este capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual iría en detrimento de obligaciones y derechos de una de las partes respecto de la otra en virtud del acuerdo sobre el aspecto de derechos de propiedad intelectual, claramente hay observaciones que vale la pena hoy día reafirmar.

Señor Presidente, la primera acta de la UPOV fue redactada el año 61, principalmente por Gobiernos industrializados que deseaban proteger a los obtentores, tanto en sus mercados locales como externos. El convenio fue posteriormente revisado por actas sucesivas de los años 72, 78 y 91.

La versión del 91 del convenio de la UPOV entró en vigor en abril del 98. Desde entonces, particularmente, ha quedado oficializado o cerrado a nuevas adhesiones.

Estos acuerdos bilaterales a menudo exigen que el Estado en desarrollo se adhiera al tratado, al UPOV, en un plazo señalado y que hagan efectivos sus estándares, ya sea miembro del acuerdo o se incluyen niveles más estrictos de protección de propiedad intelectual. Es decir, manteniendo siempre la vigencia del cumplimiento férreo de la propiedad intelectual. Ejemplo de esto son los acuerdos bilaterales celebrados entre los Estados Unidos y Nicaragua (enero de 1998); entre Estados Unidos y Jordania (octubre del 2000) y el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos.

Y si bien Chile suscribió el tratado UPOV del 78, a partir del cual promulgó la ley 19.342, el Tratado de libre Comercio con Estados Unidos exige -y esto es importante, estimados Senadores- la adhesión al del 91. El Acta o Convenio del 91 tiene distintos alcances a la versión anterior del 78, debido a cambios en el contexto mundial.

El año 78 no existía el mismo desarrollo actual de la biotecnología ni tampoco la transgenia, y el nivel comercial e industrial de intercambio era mucho menor. Por tanto, el desarrollo de nuevas variedades estaba limitado a cultivadores más que a grandes empresas trasnacionales. Y el patentamiento de nuevas variedades era mucho más limitado.

En este contexto, en mi opinión, debiera enmarcarse la discusión de este proyecto y que pretende ratificar el UPOV del 91. yo creo que la Sala tiene que considerar los siguientes aspectos:

Al 15 de enero de 2011 este convenio en cualquiera de sus versiones (72, 78, 91) ha sido suscrito por 68 países. Sin embargo, países como Argentina (nuestro vecino), Bolivia, Brasil (el gigante), Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Ecuador, Francia, Irlanda, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Uruguay, Paraguay, Portugal, entre otros, solo han adherido al UPOV del 78, no del 91, como este proyecto de ley nos pide aprobemos.

La pregunta es: nuestros vecinos gigantes de Argentina y Brasil no han adherido al del 91 y están desarrollando un trabajo masivo al nivel, por cierto, de cultivos y también de obtentores.

El que no hayan adherido no significa que no estén trabajando en una política de obtentores.

Es importante destacar que muchos de estos países de América Latina no han adherido a este convenio porque tienen serias y profundas observaciones.

La diferencia entre el Tratado del 78 y del 91 radica fundamentalmente en el Acta o convenio del 91 que estipula que se requiere la autorización del obtentor para al producción o reproducción de semillas para cualquier otro fin. Es decir, el obtentor establece una preferencia respecto de sí por el llamado “privilegio del agricultor”, es decir, el que obtiene la innovación de la creación de la semilla pasa a tener el control.

Señor Presidente, tenemos una clara diferencia, entonces, entre si hay un derecho del obtentor igual que para el agricultor.

La pregunta que podemos hacernos es si un campesino pequeño puede tener igualdad de condiciones cuando él mismo ha desarrollado a través de la experiencia, del cultivo selectivo una semilla que ha variado, pero que no es producto del obtentor.

El artículo número 10, señor Presidente, pone en desigualdad de condiciones y protege a los campesinos y comunidades indígenas como está estipulado, pero la verdad es que también pueden ser inscritas por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, sin respetar al verdadero obtentor. No hay protección para las variedades obtenidas a través de la experiencia de los pequeños productores.

En eso y por eso, Señor Presidente, de que claramente si no tenemos, primero, un análisis comparativo real entre ambos convenios, la verdad es que estoy por votar en contra. Creo que efectivamente lo tiene que examinar Agricultura, porque tenemos que tener claridad de lo que vamos a votar. Si vamos a avanzar o retroceder en materia de protección de nuestros agricultores.

Chile debería adscribir a este convenio en circunstancias de que haya mucha claridad, de que tengamos disipada el hecho y la duda de por qué los grandes -Argentina y Brasil- no lo han hecho. Y no lo han hecho -reitero- por razones fundadas: proteger a sus productores agrícolas, a los pequeños agrícolas y también a los grandes productores agrícolas por sobre los obtentores que no son chilenos, que van a ser grandes empresas, que poseen mucha tecnología, pero que no radican en Chile.

Y si bien esto pudiera estar enmarcado en el cumplimiento que Chile debiera tener en el Tratado de libre comercio con los Estados Unidos, yo creo que es cierto que también amerita una segunda lectura.

El tratado de libre comercio tenía dos posibilidades: o se votaba a favor o se votaba en contra, como he dicho. No hubo debate. Este parlamento no lo debatió, solo lo debatió la Comisión de Relaciones Exteriores y, hasta donde yo sé, en la Comisión de Relaciones Exteriores son expertos en Relaciones Exteriores, no en agricultura, no en obtentores, no en el desarrollo de la agricultura ni en el tratamiento de semillas.

Ese convenio TLC puso al parlamento de rodillas. Estamos en una monarquía presidencial. Aquí el poder radica en el Ejecutivo, un presidencialismo extremo. No hubo posibilidad de conocerlo en detalle. Yo me acuerdo perfectamente -yo era Diputado- el único que votó en contra fue Sergio Aguiló. Pero la verdad es que no podíamos modificar nada.

Se nos pedía “Sí” o “no”. Es por eso, Señor Presidente, que creo que hay que adoptar una medida de un debate con una visión más tranquila a estas observaciones que han hecho los países que he señalado tanto en el mundo como en América Latina antes de votar a favor o en contra.

Si se obliga a votar, señor Presidente, yo voy a votar en contra, porque la verdad es que todavía hay muchas incógnitas y creo que Chile aún puede dar una segunda visión a esta propuesta que hoy día se nos hace.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

He dicho.

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  1. chago
    Junio 15, 2011

    Queda claro que no solo no participó la opinión pública, sino tampoco los organismos especificos para una ley de esta envergadura, como señala el Senador Navarro.
    En democracia antes de votar una ley, deben los ciudadanos saber qué estan votando sus senadores, sus representantes.
    No preguntaré cómo fue posible que esto sucediera en Chile, y en relación a un tema tan importante: la respuesta es evidente, quienes tenemos memoria conocemos a los diputados udi y rn, quienes no tuvieron en el pasado ni tienen hoy el mas minimo interés en que la ciudadanía esté bien informada y acompañe así, la aprobación o no, de las leyes.

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