Creación de tribunal ambiental

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por cierto, este tema fue largamente debatido en la Comisión y la verdad es que no hubo mucha posibilidad de diálogo con el Ejecutivo en torno a, primero, la localización más adecuada de los tribunales, en particular del tribunal de Valdivia.

Entonces, yo entiendo que haya Senadores importantes en Valdivia y yo, por cierto, los considero. Pero también discutimos un criterio y le pedimos razones a la Ministra. Y, por cierto, las razones no fueron ni cuantitativas ni cualitativas, sino que más bien una razón discrecional respecto de la importancia de la radicación territorial.

Imagen: www.fotolog.com/octava_region

Y en segundo lugar, respecto al número de tribunales, la Ministra en todo momento señaló que no podía ni estaba en condiciones de llegar a ningún acuerdo. Yo se lo reiteré en la Comisión. Entonces, hasta el punto que le dije: “Bueno, entonces hay que conversarlo con el Ministro de Hacienda”. Porque, si no es una decisión de Medio Ambiente -yo entiendo a la Ministra-, habrá que… Pero tampoco ha habido oportunidad de conversarlo con Hacienda, a fin de poder saber si podíamos ir al número de cinco o si podíamos tener un acuerdo político respecto a la gradualidad de constituir más tribunales que los tres que ha señalado la ley.

Por lo tanto, yo me voy a abstener.

Ahora, algunos dirán, si efectivamente el artículo se cae, bueno, lo conversaremos. Porque la verdad es que el Gobierno está obligado a conversar. Y sobre este punto no hemos dialogado. No hemos conversado ni con la Ministra ni con el Ministro de Hacienda. Porque, al final, tal parece de que el Gobierno dialoga con algunos Senadores. No dialoga con todos.

Yo entiendo, y les pido a mis colegas Senadores, particularmente a los de la Oposición, que tengamos un criterio coherente. Si hay puntos de diferencia con el Gobierno, tratemos de tener un criterio para llegar a acuerdos, positivo.

Yo soy partidario de los tribunales. Pero la verdad es que siento que el número es insuficiente y la localización al menos es discutible.

Por lo tanto, señor Presidente, anuncio mi voto de abstención. Y yo…, no está el Ministro de Hacienda en la Sala, la Ministra señaló que ella no está en condiciones de llegar a ni un solo acuerdo respecto de cambios, a aumentos de tribunales, y por tanto, vamos a llegar a un punto cero.

Estos tribunales son necesarios. Estamos trabajando para que hagan el enganche respecto a la Superintendencia. Pero en algún ámbito el Gobierno tiene que dialogar con los Senadores de Oposición cuando hay diferencias.

Y ese diálogo tiene que hacerse. Manifiesto toda mi voluntad para ese diálogo.

Mientras tanto, la única alternativa que me dejan es la abstención.

He dicho.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

—-

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidente.

La verdad es que respecto a la prueba es un tema, por cierto, esencial en todo juicio, en todo proceso. Y respecto de la petición de mayor claridad sobre qué se entiende con “Serán admisibles todos los medios de prueba obtenidos por medios lícitos”. O sea, yo señalé que los abogados que estaban en la Comisión nos pudieran explicar cuáles van a ser los medios lícitos. Porque estamos hablando de otro tribunal, no estamos hablando ni del tribunal penal ni del tribunal civil, estamos hablando del tribunal ambiental.

Porque, muchas de las pruebas que se han obtenido, por ejemplo, en el sector de pescadores artesanales, se han obtenido por medios que muchos consideramos ilícitos. Se han hecho en horario contra la voluntad de la ciudadanía, en definitiva, en condiciones de invasión de territorio que es administrado por -en este caso, cinco millas o áreas de manejo- los pescadores artesanales.

Lo segundo: que el artículo consagra que “No habrá testigos ni peritos inhábiles, lo que no obsta al derecho de cada parte de exponer las razones por las que, a su juicio, la respectiva declaración no debe merecer fe.”.

O sea, puede hablar cualquiera; o sea, el testigo o el perito puede ser cualquiera, no importa que tenga intereses económicos, no importa que esté pagado, que haya sido sobornado, que, en definitiva, esté pagado por la empresa. No habrá ningún tipo de inhabilidad en los testigos ni en los peritos.

Me parece extraordinariamente complejo. O sea, siempre hay caución respecto de declarar una prueba, un testigo o un perito y nadie, por alguna justificada, por alguna razón legal o de fe. Pero el artículo señala que no habrá la posibilidad de impugnar ni el testigo ni el perito como tal.

Entonces, creo que es excesivamente flexible y voto en contra.

—-

El señor NAVARRO.- Es el tema de los plazos, señor Presidente.

Respecto de los 5 días para evacuar el informe, el plazo dispuesto “podrá ampliarse hasta por cinco días, por razones fundadas y si, vencido este aumento, el fallo no se dictare, los ministros incurrirán en grave incumplimiento de sus deberes.”.

Yo pensaba… y hemos señalado que los plazos no sé por qué tan estrictos: 5 días. Y eso me parecía demasiado restrictivo.

Creo que era posible un mayor plazo, sobre todo, tratándose de causas muy complejas en donde efectivamente las demostraciones puedan requerir mayor tiempo, en especial, por tratarse también de situaciones aisladas. Si tenemos una situación medioambiental en la Primera Región, arriba en la Cordillera de Los Andes y estamos en Antofagasta; en el tribunal, lo mismo: los tribunales están muy alejados de los lugares en donde efectivamente los proyectos de esta naturaleza se hacen.

Creo que los plazos cortos lo que ayudan es a los poderosos, no a los débiles; a los que están mejor preparados para defenderse. Creo que plazos flexibles siempre son buenos para mejor decidir, como señalan los jueces.

Es por eso que voté en contra, y mantengo mi voto en contra, señor Presidente.

—-

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que los tribunales, aun cuando la Corte Suprema ha dicho que no son ni jueces ni van a ejercer justicia, sino que más bien son tribunales administrativos, en un informe que ha enviado y que efectivamente señala, que informa negativamente, la Corte Suprema de Justicia, informa negativamente este proyecto de ley y la creación de estos tribunales.

Pero lo que es cierto de que los tribunales lo que tienen que buscar, por cierto, es justicia, la verdad y claramente, tal como existe en los tribunales civiles o penales, hay un fondo sobre los cuales los jueces pueden acceder para financiar ciertas pericias que una de las parte no puede hacerlo.

Así nos señalaron los abogados de la Comisión. Y lo que dijimos en esa oportunidad es que este tribunal, que pretendía con igual ansiedad, con igual devoción buscar justicia, si efectivamente un informe pericial no era posible de ser financiado por una de las partes, debía existir un fondo que diera cuenta si eso contribuía a mejor resolver y, particularmente, a la búsqueda de justicia.

Entonces, le planteamos esto al Ejecutivo, la Ministra -no recuerdo exactamente-, pero nada que tuviera que ver con recursos fue discutido en la Comisión. Pero el sentido de la intervención de la Senadora Alverar me parece adecuado.

Sin embargo, lo que estamos viendo es la eliminación del último inciso, que señala que “Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presente.” Es decir, dejamos fuera el hecho de que se puedan financiar por las partes. Eso tiene un lado positivo, por cuanto si no lo financian las partes, tendrá que ser financiado por el Tribunal.

Sin embargo, creo que esta facultad, si se ejerce, deberá ejercerse con prudencia, porque efectivamente muchas empresas tendrán los recursos para hacerlo. Nadie pensará que a Hidroaysén le vamos a financiar el peritaje. ¡No! O que a ENDESA o que a la CGE le vamos a financiar los peritajes.

Yo se los financiaría a los vecinos de Los Sauces o a los vecinos de Castilla. Y en eso uno apela al criterio del tribunal. La eliminación de este artículo lo que genera es que el tribunal deba tener los recursos. Y, precisamente, vamos a discutir, en la Ley de Presupuestos, por cierto, el financiamiento para estos tribunales. Y allí se va a plantear lo que la Senadora Matthei ha señalado ante la incapacidad o la resolución del Ejecutivo, en la Ley de Presupuestos, se debiera incorporar los recursos necesarios para el pago los peritajes cuando corresponda a buen criterio del juez, cuando efectivamente sea la parte que no lo tenga, la parte del caso que no pueda financiarlo.

Señor Presidente, y esta es pregunta para la Senadora Alvear, la sola eliminación del inciso deja en condiciones de que no habiendo obligación de las partes de pagar los peritajes, efectivamente, estos podrían recaer siempre sobre el tribunal. Pero efectivamente el tribunal sí puede aceptar que una parte lo financie, sí puede aceptar que la parte financie un peritaje y lo presente. Lo que en mi opinión debiera quedar explícito es que presentando la solicitud de peritaje una de las partes y siendo esta de consenso con los jueces, que puede contribuir a mejor resolver, pero no pudiendo ser financiado el peritaje, este tribunal pueda también resolver el financiamiento de ese peritaje. Con la sola redacción que queda en el artículo 40 sobre informe pericial ello no queda tan claro. Y más bien los jueces pueden prescindir de ese financiamiento.

Por tanto, yo estoy a favor de eliminar el último inciso, porque lo que provoca es que efectivamente el juez tenga que dirimir entre financiar un peritaje y aceptar, por cierto, cuando una de las partes sí lo puede financiar.

Esto, señor Presidente, ocurre porque cuando discutimos estos proyectos, todos lo que tiene que ver con financiamiento pasa por Hacienda y, por cierto, no por Medio Ambiente. Por tanto, no hay respuesta por la Ministra de Medio Ambienta, porque no tiene la facultad.

Yo espero que en la discusión del Presupuesto sí podamos generar el debate cuando nos toque financiar, discutir el tema de los tribunales podamos generar los recursos necesarios para que así funcione. Creo que es lo procedente.

He dicho, señor Presidente.

—–

El señor NAVARRO.- Presidente, tal como lo señala la Corte Suprema en su informe, que es desfavorable a la creación de estos tribunales, por cuanto, además de eso le asigna dirimir las contiendas de competencia a las Cortes de Apelaciones, y los ministros de los Tribunales Ambientales van a ganar más que los ministros de las Cortes de Apelaciones, mucho más sueldo.

Yo siento que, por cierto, no es un proyecto fácil. Es un proyecto complejo. Pero lo que sí es claro de lo que busca es mantener justicia ambiental. Tener un arbitraje en un sistema absolutamente desbalanceado.

Este sistema ambiental, hasta antes de estos tribunales, lo que tiene es todo a favor de las grandes empresas. O sea, se plantea un estudio de impacto ambiental, elaborado con centenares, decenas de millones de dólares, para una comunidad que lo más importante que tiene es el alcalde y un par de profesionales. Por tanto, lo que buscan los tribunales siempre es tener equidad, igualdad ante la ley.

¿Y alguien puede decir que va a ser igualdad ante la ley hacer que ENDESA pueda pagar un informe pericial, pero que los ciudadanos comunes no puedan hacerlo? ¿O el caso de la CGE en el embalse Punilla, en el río Ñuble, una empresa poderosa pueda realizar un peritaje, pero los ciudadanos no tienen los recursos?

O sea, negar esta posibilidad es estar construyendo tribunales para los poderosos. Eso es.

Y, la verdad, que si ese es el sentido, porque aquí lo que no se ha dicho es que, efectivamente, cuando planteamos esta indicación, y cuando la Senadora Alvear ha planteado este tema, claramente lo que estamos buscando es un equilibrio, la adecuada defensa de los derechos de las empresas, pero también la adecuada defensa del derecho de los ciudadanos.

Entonces, aquí yo emplazo a la Ministra.

Ministra, si este proyecto va a ser así, va a tener en mí un férreo adversario de este proyecto de ley. Y vamos a hacer trabajo en la Cámara de Diputados para que se rechace. Porque si, en definitiva, no logramos al menos que se financien las pruebas para mejor resolver, de acuerdo a las capacidades -por cierto, que resueltas por el juez-, pero en igualdad de condiciones, lo que estamos es legitimando los proyectos de los poderosos, tal como hoy día ocurre en el sistema de evaluación de impacto ambiental.

Porque esa es una decisión política.

Entonces, yo siento que el tema es más allá del tema o no administrativo; si procede o no que sea constitucional o inconstitucional. Es un tema del espíritu de los tribunales. Esto afecta la igualdad del derecho de los ciudadanos frente a la ley, frente a estos tribunales. Si esto no queda así en la ley, yo termino por convencerme que estamos haciendo un “terno a la medida” para que los poderosos puedan justificar sus proyectos que invaden, destruyen, pisotean o socavan derechos ciudadanos.

Aquí yo reclamo la igualdad.

Y, por lo tanto, puede tener razón el Senador Novoa respecto de un procedimiento. O puede haber razón respecto de que requiere el patrocinio del Ejecutivo. Pero, entonces, se lo vamos a pedir. Y si no está ahora, lo estará en la Cámara de Diputados. El Gobierno accederá a ponerlo.

Pero yo siento que no estamos hablando solo de procedimiento administrativo. Estamos creando un tribunal de la República; no estamos creando un acto administrativo. La Corte Suprema nos dice lo contrario.

Yo siento que estos tribunales -y hemos accedido a discutirlo-, aun cuando -como dijo el Senador Girardi- en el debate de la ley de creación del Ministerio, teniendo a la Ministra aquí, nuestras indicaciones fueron desechadas por un acuerdo político en el cual yo no participé. Queríamos una ley mucho más potente, mucho más ciudadana, mucho más vinculante, pero el acuerdo político no lo permitió.

Entonces, al menos estos tribunales tratemos que tengan la legitimidad de que defiendan con igualdad tanto a ciudadanos como a empresas. Es decir, que todos tengan la posibilidad de defenderse. Y es clave, entonces, que las pruebas periciales sí puedan ser financiadas cuando una de las partes no pueda hacerlo, por la Corte, porque eso establece, entonces, que el criterio va a ser el de justicia y no en la cantidad de recursos ni el número de plata que tenga en la cuenta corriente una de las partes.

Ese es el criterio, señor Presidente.

Yo quisiera señalar que voy a votar a favor que efectivamente es admisible, y si el Tribunal lo revisa, bueno, será el Gobierno el que tendrá que dirimir en la Cámara de Diputados si va a patrocinar o no esta iniciativa para evitar que haya una objeción en el Tribunal Constitucional.

He dicho.

El señor NAVARRO.- Presidente, la verdad es que siempre en el ánimo particular de los jueces está por cierto las medidas para mejor resolver, esta particular y peculiar definición que opera en los tribunales. Pero cuando un juez opera una medida para mejor resolver para que pueda mejor resolver esta medida tiene que cumplirse.

Sin embargo, el artículo 41 señala que estas medidas deberán cumplirse dentro de une plazo de quince días, contados desde la fecha de la notificación. Y dice que vencido este plazo, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el Tribunal dictará sentencia.

No me parece adecuado que en definitiva por un animus para impedir alguien no dé cumplimiento a estas medidas para mejor resolver, las impida y el juez tenga que resolver igual. O sea, uno podría decir, primero, si no se cumplen las medidas decretadas por un juez, tendrá que haber una sanción; dos, el juez si la medida solicitada es importante y no se han cumplido los quince días, podrá otorgar un nuevo plazo.

Pero decir que por no cumplida la medida para mejor resolver se da como jamás presentada, se tendrá por no decretada, es decir, no puede ser ni apelada, me parece que es una forma subrepticia de decir: “Sí, acepto la petición para mejor resolver”, y luego dejo que pase el tiempo y nadie la puede apelar. No me parece.

Yo creo que efectivamente si es para mejor resolver, tendrá que cumplirse. Y si no se cumple, tendrá que haber una consecuencia. Pero decretar la medida y, luego, ignorarla y tenerla por no decretada, es decir, que no tenga ningún afecto, ninguna apelación, me parece que debilita, por cierto, la facultad del juez en esta fase de mejor resolver.

Por eso me abstuve y me voy a seguir absteniendo, porque lo que estamos tratando es de construir un tribunal que ejerza justicia en materia ambiental y creo que las medidas para mejor resolver se decretan para mejor resolver, y si no se realizan se resuelve mal.

Esa es la consecuencia de una lógica impecable. Si decreto algo para mejor resolver, pero eso no se cumple, bueno, yo tendré que concluir que no se ha resuelto adecuadamente.

No me parece que sea una norma que dé garantías para que los jueces -por cierto de este tribunal muy complejo- tengan la debida credibilidad.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público.