Cuestionan cobro del flúor en la cuenta del agua potable

Diputado Navarro junto a Uniones Comunales

agua

Un recurso de protección en contra del Servicio Salud VIII Región, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Comisión Regional del Medio Ambiente VIII Región, y de la Empresa Sanitaria ” ESSBIO “, interpusieron el diputado Alejandro Navarro junto a las Uniones Comunales de Concepción, Coronel, Tomé, Penco y Chiguayante, debido al inminente cobro, en la tarifa de consumo de agua potable, del flúor que se le pretende agregar a ella.
El legislador PS explicó que “a través del recurso, solicitamos a las autoridades correspondientes, a adoptar de inmediato todas las providencias y diligencias que prudentemente juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, y evitar el inminente cobro de una prestación cuya legalidad, origen y procedencia se encuentran cuestionados por el presente recurso”.

El diputado comentó que debido a que la Corema VII Región y el Ministerio de Salud autorizaron definitivamente la fluoruración del agua potable en la VIII Región, y si la información aparecida en los medios de comunicación se hiciera efectiva, los usuarios deberían empezar a pagar al consumir el agua potable la inclusión de flúor en ella, situación que de hecho constituye un gravamen arbitrario e ilegal para los usuarios, en contraposición al lucro, beneficio o utilidad que esta medida produce para la empresa prestadora del supuesto beneficio de salud pública”.
“En general, – continuó el parlamentario- la normativa sobre la materia sólo considera el cobro por el servicio de agua potable, al tratamiento asociado a su potabilidad, como es la cloración y filtración. Es decir, por definición, el agua cruda potable no requiere de flúor para llegar a ser potable. Esto se demuestra, con claridad, en el caso de los sistemas de agua potable rural, ya que a pesar de que los habitantes del campo puedan tener los mismos problemas dentales que los habitantes de la ciudad, a ese sistema no se les exige fluoración”.

Respecto al tema del costo asociado a la puesta en marcha de este sistema, el diputado señaló que “el presunto incremento sería de 1,5 peso /m3 por cada uno de los 314 mil usuarios del servicio de agua potable en la Región, es decir por cada metro cubico que consuman cada uno de clientes, unos 4 millones 700 mil pesos adicionales serán incorporados mensualmente a la gestión de la empresa Essbío S.A. De este modo, a manera de ejemplo, una familia que consume en promedio 20 metros cúbicos de agua al mes agregará a su cuenta unos 24,5 pesos. Si la familia consume unos 50 metros cúbicos mensuales promedio, su cargo adicional será de uso 63,5 pesos, lo que claramente refleja el incremento potencial de recursos que solo por esta vía ingresarán a la gestión de Essbío”.

Navarro recordó que “el Decreto Supremo N° 453 del Ministerio de Economía de 1990, que contiene el Reglamento para la fijación de tarifas de servicios de agua potable y alcantarillado, junto con determinar el procedimiento administrativo para la fijación de la tarifa a cobrar por las empresa sanitarias, establece expresamente; ” … la fijación de tarifas de las servicios de agua potable y alcantarillado,… se regirá por las normas contenidas en dicho cuerpo legal( léase DFL 70 ), y en el actual reglamento. ” De lo señalado, se colige que, por una parte, queda determinado el ámbito material que regula la materia y, por otra, el objeto susceptible de ser tarifado; el agua potable.

El Parlamentario socialista explicó que “El DFL N° 70, por su parte, establece en su artículo uno un precepto similar, disponiendo que ; ” … estarán sujetos a fijación de tarifas los servicios de agua potable y de alcantarillado de agua servidas, prestados por servicios públicos y empresas de servicio público… ” De esto-agregó Navarro- se desprende claramente, que lo que el legislador ha deseado gravar con una prestación pecuniaria es el servicio de ” agua potable “, y no otro elemento ajeno a ella, como sería el flúor para este caso, susceptible de ser incluido artificialmente en el agua, para fines diversos, como ocurre en la especie con el halógeno flúor, para fines de salud pública preventiva”.

“En consecuencia-señaló el diputado-, el agua potable no requiere de flúor para constituirse en tal, y por tanto el cobro adicional por el flúor a su tratamiento que efectuaría en este caso por la empresa ESSBÍO, carecería de todo respaldo legal, esto es, la agregación o adición que se practicará al agua potable de esta región, cumpliendo con las resoluciones del Ministerio de Salud y Corema VIII Región, no autoriza en forma alguna, para traspasar los costos de esta medida de salud pública al consumidor o usuario de ella, ya que no existe según lo expresado, norma legal o reglamentaria que así expresamente lo determine”.

RECURSO DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE DIVERSAS INSTITUCIONES RESPECTO AL USO Y COBRO DE FLUOR EN EL AGUA POTABLE

Prensa Oficina Parlamentaria

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