DECISIÓN PEHUENCHE DE SEGUIR VIVIENDO EN SU TIERRA DEBE SER RESPETADA POR ENDESA

marcha-mapuche

Diputado Navarro y fallo de Corte de Apelaciones sobre Central Ralco:

Su satisfacción por el fallo emitido por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco manifestó el diputado Alejandro Navarro, quien dijo que “pese a que esta sentencia formalmente no dio a lugar a los recursos de protección que presentamos junto a las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, lo más importante es que se establece que sólo voluntariamente las familias pehuenches podrán salir del Alto Bío-Bío, lo que quiere decir que Endesa debe respetar la decisión ya tomada por ellas de seguir viviendo en las tierras en que vivieron sus antepasados, debiendo considerar seriamente la posibilidad de desistir de la construcción de la central”.

El parlamentario recordó que “tres eran los recursos que se habían presentado impugnando la construcción de la central en razón de consideraciones relativas al otorgamiento de la concesión eléctrica, al no cumplimiento de lo estipulado en la Ley Indígena, en la Ley de Bases del Medio Ambiente y en una resolución de la Conama relativa al plan de relocalización de las familias que aceptaban las permutas, y aunque el fallo de los ministros Lamberto Cisternas, Hugo Llanos y Jorge Gómez considera que no se estaba produciendo el daño sobre el derecho defendido en este momento, en los considerandos 17, 18, 19 y 20 de la sentencia establece extensa y reiteradamente que la ejecución de dicho proyecto no afecta los procesos de relocalizaciones y de permutas, las que pueden efectuarse sólo de manera voluntaria”.

El legislador del PS agregó que “esta larga resolución judicial establece que el otorgamiento de los derechos de concesión eléctrica de manera válida, no son un obstáculo para que se cumplan por su parte las resoluciones de la Conama y la Conadi, lo que de manera simple quiere decir que la entrega de la concesión no exime a la Endesa de tener que cumplir con la Ley Indígena, la Ley 19.300 y la resolución exenta 10/97 de la Conama, todo lo cual considera la existencia de las permutas y el establecimiento de servidumbres convenidas con las familias pehuenches del Alto Bío-Bío”.

Navarro señaló que “todo lo anterior se ve reforzado en los informes que consideró la Segunda Sala antes de emitir su pronunciamiento, especialmente en el de la Conama que establece que ‘la ejecución de las obras sólo han afectado las tierras de las familias permutadas y no las de aquellas que no lo han hecho’, así como también en el de la Conadi que remitió un listado de los predios afectados por la ejecución del proyecto y que por lo tanto fueron desafectados, sólo en el caso de aquellas familias que aceptaron la relocalización”.

“Por ello –enfatizó el parlamentario- junto con desestimar las formas y no el fondo de las impugnaciones que hicimos, la Segunda Sala definió expresamente y sin posibilidad de dobles interpretaciones que frente al otorgamiento de una concesión eléctrica definitiva, debían determinarse obligatoriamente y de acuerdo con las familias que no han aceptado las permutas, las servidumbres que sean necesarias”.

Sobre la resolución exenta 10/97 de la Conama, aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 1997, el diputado socialista dijo que “en ésta se dejó constancia de que esta aprobación se hizo “…bajo las condiciones o exigencias establecidas en los puntos 8, 8.1 y 8.2 de los considerandos de la presente Resolución”, los que establecían la implementación de un Plan de Relocalización, sujeto a lo establecido en el Considerando 7.3 de la misma Resolución de CONAMA, el cual establece expresamente que: “Sin perjuicio de lo establecido por esta Resolución, además la relocalización de población indígena debe ser llevada a cabo bajo los preceptos de la Ley Nº 19.253 que establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ello implica que la permuta de tierras indígenas o cualquier otro gravamen sobre tierras indígenas, requerida para la ejecución del plan de relocalización, sólo puede practicarse con la autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La permuta de tierras indígenas no se considera normativa de carácter ambiental y, por tanto, el acto de la autorización antedicha no está vinculada a la presente Resolución”. Agregando más adelante que: “La evaluación y aprobación de las permutas constituyen un proceso distinto y separado del de Evaluación de Impacto Ambiental. La evaluación de las permutas por parte de CONADI podría requerir no sólo de un análisis detallado, y caso a caso (para la permuta de cada unidad familiar) de la valorización económica de los bienes inmuebles involucrados, lo que no se requiere para la evaluación ambiental, sino que también podría incluir conceptos tales como el costo de oportunidad de las tierras cuya inundación haría factible el proyecto hidroeléctrico, consideración que CONAMA, en el contexto de la Evaluación de Impacto Ambiental está inhabilitada para realizar. Desde esta perspectiva, debe destacarse que la autorización ambiental y la autorización de la permuta son claramente diferenciadas, e independientes una de la otra, siendo la aprobación ambiental, y dentro de ella las líneas generales del proceso de relocalización, condición necesaria pero en ningún caso suficiente para la realización del Proyecto, que sin lugar a dudas requiere de una aprobación posterior de las permutas, por parte de CONADI como único órgano competente.”

Posteriormente a esto –dijo Navarro- la Endesa dedujo recurso de reclamación ante el Consejo Directivo de la CONAMA contra ciertas condiciones que le fueron impuestas por la Dirección Ejecutiva de CONAMA en la citada Resolución, pero no recurrió contra la condición específica exigida para la relocalización de la población indígena. Por lo tanto, la empresa aceptó dicha condición ambiental, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 25 de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que en su 2º inciso establece: “Si no se reclamare dentro del plazo establecido en el Artículo 20 en contra de las condiciones o exigencias contenidas en el certificado señalado precedentemente, se entenderá que éstas han sido aceptadas, quedando su incumplimiento afecto a las sanciones establecidas en el artículo 64 de esta ley”.

En la respuesta a esta presentación de la empresa –agregó el legislador- el Consejo Directivo de la CONAMA, integrado por 13 Ministros de Estado, se pronunció sobre el recurso de reclamación interpuesto por ENDESA contra la Resolución, dictando la Resolución Exenta N°23 de fecha 24 de Septiembre de 1997, donde ratificó la condición establecida por la Resolución. En su Considerando Resolutivo 6, la Resolución del Consejo de Ministros hizo hincapié en esa segunda condición necesaria, reproduciendo textualmente el punto 7.3 de la Resolución, y agregando, en su parte final, para hacerlo más explícito, el siguiente texto: “…, y obviamente la autorización específica de cada uno de los interesados”. De este modo, para ejecutar su proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, la empresa ENDESA tiene previa e ineludiblemente que obtener todas y cada una de las intenciones de permuta requeridas, y la aprobación de esas intenciones por CONADI, como único órgano competente”.

“Por eso mismo –añadió- y como es de público conocimiento, la empresa ENDESA se apresuró en la ejecución de dicho proyecto hidroeléctrico, sin que se hubiera verificado la condición impuesta por la autoridad ambiental. En efecto, ENDESA ejecutó caminos de acceso para las obras, campamentos y oficinas, servicios auxiliares, líneas de abastecimiento de energía eléctrica a las faenas, yacimientos y botaderos, tala de bosque nativo, un túnel de aducción, la caverna de máquinas, un puente de hormigón sobre el río Bío-Bío y, por último, el túnel de desvío mediante el cual ha procedido a desviar de su cauce natural al río Bío-Bío para la construcción de la presa, obras indispensables para contener las aguas que inundarían las tierras indígenas”.

“Al respecto –continuó el parlamentario- debe advertirse que, si bien los caminos de acceso a lo que sería la nueva central hidroeléctrica o que pudieran servir a su construcción pueden ser considerados como una obra independiente o utilizable también para otros fines, como ser, de comunicación, tránsito y turismo, esto no ocurre con las obras de la construcción del muro de la represa, que carecen de todo sentido, utilidad o aprovechamiento alternativo, lo mismo que los túneles de aducción y de desvío de las aguas del río, si el embalse de las aguas finalmente no puede realizarse y, por ende, tampoco el proyecto hidroeléctrico. Y siendo ese embalse de las aguas imposible de realizar sin el consentimiento y la aceptación de las permutas de parte de todos y cada uno de los propietarios indígenas que serían afectados por la inundación de sus tierras indígenas y sus casas habitaciones, la construcción apresurada de esos muros y esos túneles, sin que la empresa haya obtenido el consentimiento de todos esos propietarios y la aprobación de sus intenciones de permuta por CONADI, sólo podría explicarse, descartando la posibilidad de la absoluta irresponsabilidad del directorio de la empresa, como un modo extremo de presionar a las autoridades, con “hechos consumados” y de las inversiones ya realizadas, o de lograr el abandono por parte de los propietarios indígenas no dispuestos a aceptar las permutas ofrecidas por ENDESA y a abandonar su habitat ancestral, o de poner incluso a los Tribunales de Justicia en una situación de decidir bajo presión y no en observancia estricta de la ley”.

Navarro dijo que “Endesa debe evaluar la continuidad del proyecto, ya que de acuerdo al proyecto actual, las actuales circunstancias jurídicas le van a impedir continuar con la actual ejecución de obras. Además, apoyados en este fallo vamos a iniciar nuevas acciones ante los tribunales para dejar claramente establecido el derecho de las comunidades pehuenches de permanecer en sus tierras ancestrales”.

El legislador agregó que “aquí lo que corresponde es que el gobierno acate el fallo, no sólo en la legitimidad que tendrían la otorgación de concesiones a Endesa, sino también en lo que respecta a respetar los derechos de quienes legítimamente no han querido ser erradicados del Alto Bío-Bío. Aquí debe respetarse lo resuelto por la justicia y deben acatarse las leyes consideradas en el fallo. No es posible pensar que la búsqueda de una ‘salida’ a este tema por parte de la empresa sea política y pase nuevamente por hacer lobby ante el gobierno con el fantasma de la inversión que no se efectúa y sus potenciales consecuencias en la economía, tal como ocurrió en la administración Frei. El estado de Derecho debemos respetarlo todos”.

“Además –prosiguió el diputado socialista- me parece que es importante que Endesa informe adecuadamente a sus accionistas sobre los efectos de este fallo, ya que creo que sus intereses estarán en riesgo en el caso de empecinarse en seguir adelante pese a lo fallado por la justicia. Creo que para que las decisiones que se tomen al interior de la empresa se ajusten a la legalidad nosotros mismos estamos dispuestos a enviarles una copia del fallo y así puedan conocerlo y evaluarlo en profundidad, antes de tomar decisiones, que esperamos sean las correctas”.

El parlamentario indicó que “también haremos llegar los antecedentes de esta sentencia y pediremos reuniones a autoridades del gobierno, tales como el Ministro Secretario General de la Presidencia, Alvaro García; la Ministra de Planificación, Alejandra Krauss; y al Director Ejecutivo de la Conama, Gianni López, para que exista claridad respecto de los alcances sobre esta materia”.

Por último, Navarro dijo que “la mejor señal de la importancia de este fallo es el silencio que hasta ahora ha mantenido al Endesa”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *