Defensa jurídica del Gore a Contraloría, por sentencia en demanda laboral

Navarro dijo que en primera instancia deberían haber pagado los 11 millones por avenimiento

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Una investigación a la Contraloría solicitará el senador Alejandro Navarro, con el fin de que se investigue si la defensa jurídica del Gobierno Regional del Bío Bío cauteló los intereses fiscales en el proceso judicial que condenó al organismo estatal a pagar 150 millones de pesos a 29 ex trabajadores de la empresa Alpa Limitada-encargada de las obras del proyecto del edificio de Servicios Públicos de la comuna Penco-que quedaron cesantes luego de la quiebra de la constructora y que, mediante el apoyo del legislador buscaron por todos los medios llegar a un acuerdo prejudicial con el Gore desde el inicio del conflicto, el año 2006, “lo que hubiera evitado el juicio, resuelto el problema a los trabajadores en un breve plazo y todo por un monto de 11 millones de pesos que era la suma inicial adeudada por concepto de las prestaciones laborales insolutas”, explicó Navarro.

El senador PS comentó que “cuando afloró el conflicto de la constructora, los trabajadores llegaron hasta mi oficina solicitando apoyo, por lo que los asesoramos jurídicamente y, a la vez, nos contactamos inmediatamente con la Intendenta de ese entonces, María Soledad Tohá, a quien le expusimos el caso y le hicimos saber la necesidad de resolver el problema en el corto plazo para evitar que llegara mayores. Para ello, junto a los trabajadores afectados y a su equipo de abogados, intentamos que hubiera un avenimiento, a lo que el Gore señaló que para ello previamente debía haber una demanda de por medio; y una vez interpuesta, declinaron conversar para buscar un acuerdo, señalando que esperarían la sentencia”.

Navarro, expresó que “lo que resulta curioso es que cuando el Segundo Juzgado del Trabajo de Concepción, dictó el fallo en el que condenaba al Gore a pagar 150 millones de pesos, casi 15 veces más de lo que hubiera podido pagar inicialmente, los profesionales del Gobierno Regional no presentaron apelación ni descargos a la sentencia. Por ello es que queremos que se investigue y se aclare las posibles irregularidades ocurridas en este proceso, en el cual se deberá cancelar el elevado monto, el que, además, urge que se pague a la brevedad, con el fin de evitar que la suma continúe en alza, ya que por cada mes son casi ocho millones más adeudados”.

Agregó que “aquí, claramente, hay responsabilidades tanto administrativas, como jurídicas, por lo que nos parece lógico que Contraloría, el órgano mayor de fiscalización en la Región, investigue y dé a conocer qué pasó en el proceso, atendido de que hace más de un año a la fecha advertimos de las implicancias que podrían acarrear estos hechos, mediante una seria de reuniones que sostuvimos con la ex Intendenta Tohá, con la actual Jefa Regional, Angélica Fuentes y con parte del equipo jurídico y asesores del Gore”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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