“DENUNCIA CRIMINAL PRESENTADA EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIONES QUE CAUSARON LESIONES A MAPUCHES”

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Denuncia Criminal presentada por el Alcalde de Tirúa Adolfo Millabur y el Diputado Navarro.
EN LO PRINCIPAL: Denuncia. OTROSÍ: Acumulación.

S.J.L. del C.

ADOLFO MILLABUR ÑANCUIL, Alcalde de la I. Municipalidad de Tirúa, ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, Diputado de la República, MIGUEL LIGUEMPI HUILITA, consejero nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), José HUENUPIL Antileo, Presidente de la Comunidad Indígena de Comillahue, DAVID HUENUPIL HUENCHUMAN, werken de la organización indígena Identidad Territorial Lafquenche, CARMEN ROSA LLANCAO CORTES, tesorera de la Asociación Indígena Koñi Mapu, BRAULINA ROSA CHANQUEO NECULPI, Vicepresidenta de la misma organización, NANCY DEL CARMEN CARILAO RETAMAL, Secretaria de la Asociación Indígena Huente Huincul, Cerro Alto, comuna de Los Alamos, NARCISO OCTAVIO CARILAO HUICHALAO, miembro de la misma asociación, todos domiciliados para estos efectos en calle Esmeralda 080, segundo piso, comuna y ciudad de Cañete, a US. respetuosamente decimos:

Que venimos en presentar denuncia por los delitos tipificados y sancionados por los artículos 255 y 397 del Código Penal en contra de LUIS REYES URRA, LUIS SAEZ SALGADO, ROBERTO REY PIZARRO, MAURO MERCADO ANDAUR y JAIME MONSALVE PICHUN, todos funcionarios de Policía de Investigaciones, y en contra de quienes resulten responsables de acuerdo a los antecedentes que pasaremos a exponer:

Con esta misma fecha, 28 de Mayo del 2001, los señores Juan Bautista Liempi Pailaya, Abel Alonso Marihuen Huenupil y Hernán Sebastián Albornoz Carilao, mapuche lafquenche víctimas directa del delito de lesiones sancionado por el artículo 397 del Código Penal, cometido el pasado 15 de Mayo, en el pueblo de Tirúa, han presentado querella criminal contra las mismas personas a que se refiere la presente denuncia, razón por la cual y a fin de evitar repeticiones innecesarias nos remitimos a los hechos expuestos en esa querella, dándolos por reproducidos para todos los efectos legales.

En atención a las responsabilidades pública que ejercemos, sea como Diputado, Alcalde, Consejero nacional de Conadi y dirigentes de importantes organizaciones indígenas de esta localidad, hemos estimado un deber ineludible denunciar los graves hechos cometidos por funcionarios públicos, que pudieron provocar una tragedia aún de mayores proporciones, afectando, por otra parte, gravemente, las relaciones del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Es de público conocimiento la conflictiva situación que viven en la zona jurisdiccional de este tribunal comunidades indígenas con propietarios forestales y agrícolas que ocupan tierras que ancestralmente han pertenecido a dichas comunidades. El Estado de Chile, a través de la Ley 19.253, de 5 de Octubre de 1993, ha reconocido la legitimidad de las demandas de los pueblos indígenas y se ha comprometido a reparar la inconmensurable deuda histórica que tiene la comunidad nacional. El Estado de Chile que ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas y ha declarado que es deber de toda la sociedad y del Estado respetarlos y promover su desarrollo, no puede permitir que impunemente funcionarios públicos vejen a toda una comunidad, conformada mayoritariamente por mapuche.

Los hechores no sólo causaron lesiones graves, sino que afectando colectiva y masivamente a la comunidad de Tirúa, han cometido el delito contemplado en el artículo 255 del Código Penal, que prescribe:
“El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

En estas circunstancias se hace necesario que se sancione de manera ejemplar conductas ilícitas reñidas con el derecho y el sentido común cometidas por personas que han sido entrenadas y preparadas para prestar un servicio delicado en toda sociedad como es la detención e investigación de hechos que revisten carácter delictivos. En un estado de derecho no es aceptable que quienes tienen la obligación de atenerse estrictamente a las reglas que regulan su actividad, la transgredan grotescamente, no guardando una mínima prudencia en su actuar. Los funcionarios policiales contravinieron gravemente lo prescrito por el artículo 74 bis A del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 253 del mismo cuerpo legal, que los obliga cumplir las órdenes emanadas de autoridad competente, las que deben ser intimada en forma legal a la persona a quien afecten al efectuarse su cumplimiento. El personal de Investigaciones, no exhibió órdenes de ninguna autoridad judicial competente y ni siquiera se identificaron como tal.

La denuncia que formulamos, además de ser el medio idóneo para canalizar nuestra preocupación pública por los graves hechos acontecidos el 15 de Mayo pasado en Tirúa, expresa nuestra voluntad de cooperación con la justicia a fin de lograr el más pronto esclarecimiento de los hechos que investiga este tribunal en la causa rol N°41.180.
POR TANTO, en conformidad a las normas legales citadas, y artículos 81 y 82 del Código de Procedimiento Penal
ROGAMOS A US: tener por presentada denuncia criminal en contra de Luis Reyes Urra, Luis Saez Salgado, Roberto Rey Pizarro, Mauro Mercado Andaur y Jaime Monsalve Pichun y de quienes resulten responsables, por la participación que les cabe en los hechos que revisten el carácter de delictivos, en conformidad a los artículos 255 y 397 del Código Penal.

OTROSÍ: Rogamos US ordenar la acumulación de la presente querella a la causa rol N°41.180, que se refiere a los mismos hechos.

Fuente: Oficina Parlamentaria

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