Denuncian a receptores judiciales coludidos con Metalpar

Diputado Navarro y afectados por empresa en Corte de Apelaciones

buses

Su convicción de que “el Poder Judicial debe investigar las denuncias efectuadas en contra de los receptores de algunos tribunales del país por decenas de afectados por el accionar de la empresa Metalpar”, señaló el diputado Alejandro Navarro, quien junto a decenas de pequeños y medianos empresarios del transporte concurrió hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para entregar antecedentes sobre irregularidades cometidas por distintos receptores judiciales de juzgados letras de Valparaíso, Villa Alemana, Quilpue y Santiago.

“Los testimonios presentados -dijo el parlamentario- incluyen variados testimonios de afectados, entre ellos el de Sandra Verdugo Solís, a quien con fecha 3 de Octubre del 2001, alrededor de las 18:00 horas, le fue incautado el microbus de su propiedad, patente PP 5367-8. El hecho ocurrió en la Av. Brasil, de Valparaíso, supuestamente en cumplimiento de un exhorto emanado del 3° Juzgado Civil de Santiago, en causa rol 740-2001 y tramitado por el Juzgado de Letras de Villa Alemana. Sin embargo, el exhorto rol 5091-2001, diligenciado por el Juzgado de Letras de Villa Alemana, sólo llegó al domicilio de la afectada el mismo día, pero a las 22:20 horas, por intermedio del cual se le notificaba de una demanda ejecutiva”.

El legislador agregó que “en este caso se pudo verificar que a la fecha en que se practicó la incautación, no existía resolución alguna que la ordenase, y por el contrario, sí existía una que la prohibía. Pese a esto, el receptor, Jaime Badilla Siggelkow, procedió de igual forma a efectuar la incautación, a pesar que el retiro no podía decretarse sino transcurridos diez días desde la fecha de la traba de embargo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 455 del Código Civil. De hecho, la presunta notificación e incautación tuvieron lugar en un mismo acto según lo estampado por el receptor aludido”.

Navarro indicó que “el receptor, para realizar la incautación, contaba con auxilio de la fuerza pública de Carabineros, aún cuando semejante autorización tampoco existía. Por lo anterior, el abogado de la afectada, con fecha 29 de Octubre del 2001, solicitó al tribunal, la nulidad de la notificación de la demanda ejecutiva, y como consecuencia de ello, la nulidad de todas las actuaciones que tuvieran su origen en aquella, entre otros, el embargo e incautación del vehículo. Con fecha 30 de noviembre del 2001, el 3° Juzgado Civil de Santiago, acogió el incidente de nulidad, ordenando la restitución del vehículo en cuestión. Sin embargo, al examinar la guía de recepción, emitida por el Martillero Público, Carlos Ferreira Herrera, el citado bus fue puesto a disposición de su propietario, sólo el día 5 de diciembre del 2001, esto es más de treinta días después de que se incautó indebidamente el vehículo”.

“Otro caso presentado -agregó el parlamentario- es el ocurrido el 16 de diciembre de 1996, en la Av Brasil de Valparaíso, cuando el receptor judicial de Quilpué, Juan Marín González, con el auxilio de la fuerza pública de Carabineros, procedió a incautar el microbús patente LU 7142-8, de propiedad de Laura Arévalo Pizarro, en virtud de exhorto, el que sólo ordenaba al tribunal exhortado a notificar, requerir de pago y embargar el vehículo en cuestión. Sin embargo este fue incautado y trasladado a Santiago, presumiblemente para ser entregado al depositario provisional don Ramón Rey Duque como fue solicitado, en la demanda ejecutiva, por la Empresa Metalpar S.A.”.

El legislador del PS dijo que “hechos de esta misma naturaleza, y otros como incautaciones en el mes de febrero, en pleno feriado judicial, sin estar debidamente habilitado el juzgado, en este caso el 2º Juzgado de Quilpué, para proceder a realizar diligencia alguna, contraviniéndose el artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales, son llevados a cabo diariamente por otros receptores judiciales, como don Francisco Arancibia, receptor judicial de Valparaíso; Rodolfo Cepeda, receptor Judicial de Viña del Mar; Alejandro Vergara, receptor judicial de Quilpue, y María Clemencia Núñez, receptor judicial de Santiago, según denuncias y querellas gestionadas por los afectados en contra de los aludidos Auxiliares de la Administración de Justicia, e interpuestas en los respectivos Juzgados del Crimen competentes, sin que a la fecha se logre frenar esta “situación irregular”.

El diputado recordó que “el artículo 393 del Código Orgánico de Tribunales dispone en su inciso 1° que “los receptores deberán cumplir con prontitud y fidelidad las diligencias que se les encomienden, ciñéndose en todo a la legislación vigente, y dejar testimonio integro de ellas en los autos respectivos”.

A su turno, el inciso 2° de dicho cuerpo legal agrega: “Toda falsedad en un testimonio castigada por la ley llevará consigo la pena accesoria de inhabilidad especial perpetua para desempeñar funciones en la Administración de Justicia, sin perjuicio de las otras penas accesorias que procedan de conformidad con la ley”.

“En el inciso 4° -añadió- se dispone que “los receptores sólo podrán hacer uso del auxilio de la fuerza pública que decrete un tribunal para la realización de la determinada diligencia respecto de la cual fue autorizado. El uso no autorizado o el anuncio o la amenaza de uso de la fuerza pública sin estar decretado, será sancionado en la forma prevista en el N°7 del artículo 532 de este Código. A su vez, el artículo 193 del Código Penal, en su N°2 y 4, sanciona al empleado público que cometiera falsedad: “…4.- faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales”.

“Estos son algunas de las razones -finalizó Navarro- que al parecer constituyen ilícitos penales, que nos han obligado a ponerlos en su conocimiento, toda vez que en virtud de sus facultades disciplinarias, consagradas en el artículo 79 de la Constitución Política de la República de Chile, y en los artículos 530 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, corresponde a los tribunales remediar, sancionando a los presuntos responsables, demostrando de esta forma, que nadie se encuentra por sobre la Constitución y las Leyes y el Imperio del Derecho”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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