Denuncian amenazas para eludir ley que iguala sueldo base con mínimo

Senador Navarro llamó a los trabajadores a dejar en evidencia estas prácticas:

Parlamentario dijo que “dueños españoles de GMO no pueden solidarizar con las prácticas intimidatorios de la filial chilena”.

Una denuncia “por el uso de violencia psicológica verificada a través de sistemáticas amenazas en la empresa Ópticas GMO, de parte de los empleadores, con el fin de obligar a los trabajadores a suscribir anexos de contrato que vulneran la ley de la semana corrida, rebajando la remuneración de los trabajadores” hizo el senador Alejandro Navarro, quien aprovechó de convocar “a los trabajadores a dejar en evidencia este tipo de hechos, para no permitir que aquellos que buscan vulnerar la ley no se salgan con la suya, siempre a costa de quienes viven de su trabajo”.

El parlamentario dijo que “los trabajadores reclaman que se cambiaron los contratos de trabajo de los vendedores de las tres cadenas (GMO, Econópticas y Sun Planet) a lo largo de todo el país, modificando radicalmente la modalidad de remuneración. Los vendedores tenían un sueldo compuesto por sueldo base de $18.000; comisión personal (según local y cadena); comisión por tienda (según local y cadena); gratificación; asignación de colación y movilización, y bono por cumplimiento de meta, pero los nuevos contratos, modificados por la empresa de acuerdo a la ley 20.281, aumentan el sueldo base, llegando a $175.000”.

“Sin embargo -prosiguió- eliminan las comisiones para los módulos y las reducen en el caso de las tiendas, quedando sólo un pequeño porcentaje de comisión personal (eliminan comisión por tienda). Además, se pierde el bono por cumplimiento de metas, entre $35.000 y $50.000 aproximadamente. La empresa presenta el nuevo contrato de manera muy rápida, sin dar tiempo para sacar cuentas y evaluar las nuevas condiciones. Los trabajadores que se han negado a firmarlos son amenazados con despidos, cambios de local o represalias”.

Navarro acusa que “cuando todo esto partió, fueron muchos los trabajadores que se negaron a firmar, pues estos saben que la esencia del contrato es el acuerdo mutuo de las partes y que era su derecho no aceptar condiciones que les perjudicaban. Sin embargo, la fuerte presión los ha intimidado y están firmando, aun sabiendo que ganarán menos, por miedo a perder sus empleos. Saben que no los pueden despedir por no firmar, pero también tiene claro que lo pueden hacerlo buscando otra causal”.

El legislador señaló que “con esta acción, más del 50% de los trabajadores se ve menoscabado económicamente, puesto que lo que ganaban en comisión es superior al aumento del sueldo mínimo, con lo cual se transgrede la finalidad de la ley, que indica claramente que el ajuste no implica una baja de tasas, señalando de manera explícita que el trabajador no puede recibir menos ingreso que el que recibía antes de la aplicación de la ley”.

Navarro insistió en que “con esta virtual rebaja en la remuneración variable, se burla directamente el derecho al pago del séptimo día, puesto que al ser éste calculado de las comisiones sería un valor insignificante o inexistente, dependiendo del local. Con estos antecedentes, podemos decir que es ilegal lo que la empresa está haciendo con sus trabajadores, puesto que aprovecha la aparición de la ley para rebajar los sueldos de los vendedores, apoyándose en ella para una acción que escapa por completo del espíritu de la ley”.

El parlamentario indicó que “nuestro reclamo apunta hacia al respeto por los trabajadores, a quienes les están violando derechos claves como la libertad contractual e integridad psíquica, entre otros. Ello sumado al perjuicio económico del cual están siendo víctimas, pues el nuevo contrato reduce el sueldo de al menos el 50% de los vendedores, lo que no sólo está fuera de la ley 20.281, sino también de la normativa del Código del Trabajo, que indica que los cambios que haga el empleador no deben producir menoscabo de ningún tipo en el trabajador”.

Finalmente el parlamentario dijo que “esperamos que los representantes legales de la empresa cambien de rumbo, protejan a los trabajadores de las amenazas de despido y cumplan la ley. Pero sobre todo, apelamos a que los gerentes de GMO España que se encuentran en Chile puedan evitar lo que está ocurriendo. Ellos no pueden hacerse cómplices de lo que la filial hace en Chile. Ellos deben imponer justicia, pues una empresa española, transnacional como esta, no se puede enriquecer a costa de los trabajadores de países en desarrollo como Chile. Ese es un abuso que no toleraremos”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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