Denuncian lobby de funcionarios de Intendencia y Conama en favor de vertedero de Maipú

Diputado Navarro pidió investigación sumaria a Intendente Trivelli

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Como irregular calificaron los diputados Alejandro Navarro (PS) y Leopoldo Sánchez (PPD) la presencia del jefe de gabinete de la Intendencia, Ricardo Reveco y de algunos funcionarios de la Conama ante la Corte de Apelaciones de Santiago, realizando lobby a favor de la empresa COINCA, propietaria del relleno Sanitario Santiago Poniente, de Maipú, con el fin de obtener el otorgamiento de una orden de no innovar.

Los parlamentarios, que se entrevistaron con el Intendente Marcelo Trivelli, a quien entregaron los antecedentes, señalaron que “es un hecho público y notorio que el día 9 de octubre de 2002, Ricardo Reveco, concurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, en conjunto con un funcionario de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objeto de entrevistarse con el presidente de la Séptima Sala, Ministro Rubén Ballesteros y solicitar que se aprobara una orden de no innovar solicitada en un recurso de protección presentado por COINCA S.A. -y no por la Intendencia de la Región Metropolitana- para la apertura del Relleno Sanitario “Santiago Poniente”, sin que la Intendencia tampoco fuera parte en ella. Como era previsible, dado el interés de las autoridades involucradas, la Séptima Sala otorgó la orden de no innovar solicitada por CÓNICA S.A.”.

Navarro indicó que “en el proceso de evaluación de impacto ambiental del citado relleno sanitario se ha denunciado una serie de irregularidades, a las que viene a sumarse la actuación del señor Reveco que, curiosamente, ha sido el encargado de requerir información para contestar numerosos oficios de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la H. Cámara de Diputados, e incluso ha participado en actividades de fiscalización del proyecto en comento, lo que nos causa una profunda extrañeza y molestia”.

Sánchez por su parte señaló que “la conducta de Reveco es reprochable e infringe los principios y normas de buena conducta, imparcialidad, probidad y leal y buen desempeño, ya que no corresponde a un funcionario público interceder o efectuar gestiones a favor de un tercero, especialmente, cuando se trata de una empresa que ha sido fiscalizada o controlada por los órganos o servicios públicos de los que es parte, como la Intendencia Regional o la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana”.

Los legisladores recordaron que “estas materias se encuentran reguladas en la Ley N° 19.653 de 14 de diciembre de 1999, que modificó la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que introdujo normas sobre probidad administrativa. El artículo 11 de la citada ley establece como principio general que “las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquellos y la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia”. A su vez, el artículo 11 bis de la ley dispone que “los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan”. Por último, el inciso 2° de dicha norma señala que “la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. Esto es reafirmado por el artículo 54 de la ley”.

Navarro dijo que “a su vez, el artículo 55 establece como regla general de conducta de la administración y sus funcionarios que “el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley”.

“A su vez -agregó Sánchez- el artículo 64 de la ley indica una serie de conductas que contravienen el principio de la probidad administrativa, tales como lo indican los puntos 2, 4 y 6 en relación a “hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; y participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.

“En materia ambiental -añadió Navarro- el artículo 64 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece que: “corresponderá a los organismos del Estado que, en uso de sus facultades legales, participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el Estudio o se aceptó la Declaración de Impacto Ambiental. En caso de incumplimiento, dichas autoridades podrán solicitar a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, en su caso, la amonestación, la imposición de multas de hasta quinientas unidades tributarios mensuales e, incluso, la revocación de la aprobación o aceptación respectiva, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes”.

Finalmente el diputado del PS dijo que “la Constitución dice que al Intendente, según su artículo 101, ‘le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región’. Por tanto, resulta, también, de suma importancia aclarar si Reveco actuó por instrucciones del Intendente, porque se aparta de las normas y principios citados, especialmente, por hacer valer su posición funcionaria para influir a favor de una empresa fiscalizada por la Intendencia y la COREMA R.M. y participar en decisiones en las que carece de la debida imparcialidad”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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