Deudas con municipios: una ley debe obligarlos a cobrar

Diputado Navarro pedirá a Contraloría informe nacional sobre materia

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Su satisfacción porque el informe elaborado por el Area de Visitas Especiales del Departamento de Control Externo de la Contraloría General de la República ratificó las millonarias sumas que se le adeudan a la Municipalidad de Concepción manifestó el diputado Alejandro Navarro, quien reiteró que “impulsaremos una iniciativa legislativa que establezca la obligación de los municipios de cobrar las deudas que se tengan con él, sobre todo cuando los montos son exorbitantes, como en este caso, en que superan los 5 mil 500 millones de pesos”.

El parlamentario indicó que “durante todo su mandato hemos visto a la alcaldesa Jacqueline Van Rysselbeghe quejarse de los pocos recursos que tiene para atender ‘los problemas reales de la gente’ y para pagarle a los profesores la deuda que mantiene el municipio desde 1982. En este último caso fuimos testigos de su empecinada decisión de irse detenida más que de pagar, exigiendo un trato preferencial de 20 años de plazo para solicitar un préstamo”.

“Sin embargo -prosiguió- tuvo que ser el gobierno el que resolviera el tema mediante la destinación de mil millones de pesos, pese a que por el concepto de la ley de rentas II, la municipalidad iba a recibir similares fondos adicionales. Luego en el tema de los comerciantes no videntes fue nuevamente el Ejecutivo el que debió meterse la mano al bolsillo frente a la insensibilidad de la alcaldesa de la UDI. Por ello parece absurdo que no se haga lo posible para recuperar ese dinero, especialmente en los casos de Arenas Bío-Bío y del Mercado Central, que significan 564 millones y 3.660 millones respectivamente”.

El legislador del PS indicó que “lo importante ahora es que la alcaldesa haga cumplir las conclusiones del informe del máximo organismo contralor y que tiene que ver ‘recabar a los contribuyentes que corresponda el pago de los derechos adeudaos, en el evento de que éstos no solucionen sus deudas, es procedente entregar la información a la Dirección Jurídica del municipio, con el objeto de que ésta inicie las acciones legales pertinentes'”.

“Esto es especialmente perentorio en el caso de Arenas Bío-Bío, de propiedad de Enrique Van Rysselberghe, y Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Concepción 2000 S.A., en que la Contraloría señala que se ‘deberá agilizar las acciones judiciales que legalmente procedan…, para obtener por medio de la vía judicial el pago de los valores que cada una de ellas adeudan al municipio’. Y particularmente en el caso de Arenas Bío-Bío, el fiscalizador sugiere como una acción de ‘toda coveniencia’ que se ‘insista ante el Servicio de Tesorería el embargo de las eventuales devoluciones de impuestos que pudieran beneficiar a dicha empresa”, afirmó el parlamentario, quien agregó que “si la alcaldesa no quiere hacerlo, podemos ahorrarle el trabajo y pedirlo nosotros”.

Navarro dijo que “por ello, primero trabajaremos en la generación de una ley que obligue a los municipios a cobrar las deudas que mantienen con ellos, pero también una que por lo mismo obligue a sus autoridades a pagar los compromisos pendientes, cautelando -eso sí- las autoridades municipales no vayan a la cárcel por el no pago de deudas como las que la mayoría de los municipios tiene con los profesores y sólo puedan llegar a ser sometidos a arresto domiciliario.

“Una medida de este tipo -prosiguió- evita que los municipios que enfrentan este tipo de problemas sólo contemplen como solución el irle a pedir plata al Gobierno. Por ello, pediremos al Ejecutivo que apoye esta iniciativa legislativa con el fin de evitar que los municipios sólo se dediquen a pedir, sino también a cobrar. De hecho, en este contexto, una cláusula debiera ser que el gobierno no ofrezca soluciones como la entregada a la alcaldesa van Rysselbeghe a municipios que no hayan hecho esfuerzos por cobrar las deudas millonarias que se mantengan con las corporaciones edilicias”.

El parlamentario del PS señaló que la segunda acción que realizará es “solicitar a la Contraloría que efectúe esta fiscalización o auditoría de deudas en todos las municipalidades del país, para determinar como se está afectando el patrimonio municipal por inacción, lo que incluso podría configurarse como un elemento constitutivo de notable abandono de deberes. Ese análisis nos permitirá ver la gestión que durante estos últimos años han efectuado los municipios en manos de los representantes ‘del cambio lavinista’ en materia de recuperación de recursos. Creo que con eso, incluso, podremos demostrar que la venta de los derechos de agua a la empresa Aguas Andinas en Santiago, bajo el mismo argumento de ‘resolver los verdaderos problemas de la gente’ era innecesaria”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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