Diputado Navarro pidió prorrogar actual ley de pesca

Presentó proyecto de ley junto a parlamentarios PRSD, RN, UDI y PPD

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Su absoluta convicción de que “es absolutamente necesario quitar las urgencias y ampliar los plazos para efectuar un verdadero, profundo y necesario debate sobre los elementos que debe contener una ley de pesca que cautele los recursos marinos, que genere protección social de los trabajadores que son despedidos y que proponga el desarrollo de una verdadera política pesquera nacional y una imprescindible investigación en el sector”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, autor del proyecto de ley que propone la prórroga de la actual ley, hasta diciembre del 2003.

El parlamentario manifestó su satisfacción por “la visión compartida sobre la necesidad de tener una discusión a fondo y sin plazos sobre el tema con los diputados Carmen Ibáñez (RN), de Valparaíso; Leopoldo Sánchez (PPD), de Aysén; Manuel Rojas (UDI), de Antofagasta; y Eduardo Lagos (PRSD), de Puerto Montt, porque ello indica que esta posición no tiene que ver con supuestas dobles intenciones ni a una politización interesada del tema. Además, en el Senado también se ha planteado esta misma inquietud, lo que a todas luces quiere decir que el lobby del Subsecretario Felipe Sandoval por aprobar un proyecto a la medida, sin discusión, no es posible, ya que ello además representaría la imposición de una ley y el cercenamiento de las atribuciones del Poder Legislativo”.

Navarro dijo que “este proyecto, que contiene un artículo único que establece la vigencia de la actual ley, la Nº 19.713 que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador a los principales pesquerías industriales nacionales y la regularización del registro pesquero artesanal, hasta el 31 de diciembre del 2003, obligaría al Ejecutivo a tener que retirar las urgencia o el proyecto de la tramitación parlamentaria”.

El legislador del PS indicó que “el proyecto ingresado por el gobierno el pasado 11 de junio, destinado a modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad pesquera, modifica sustantivamente el régimen pesquero chileno, tanto en su vertiente industrial como artesanal, lo que requiere una revisión profunda y con perspectiva de largo plazo, que garanticen la estabilidad de las disposiciones que surjan de la discusión parlamentaria”.

El diputado señaló que “se hace perentorio considerar con suficientes antecedentes las posibilidades de desarrollo pesquero que presenta el sector artesanal; para ello, deben evaluarse diferentes alternativas de organización productiva que, junto con estimular su competitividad en los mercados externos, constituyan un sustrato importante para el aporte de alimentos a la población chilena. En un proceso de reforma del régimen pesquero chileno, como el que se propone el proyecto enviado por el Ejecutivo, debe hacerse en compañía de las organizaciones de los pescadores artesanales”.

Navarro dijo que “tal como lo señala el senador Ruiz Di Giorgio, en su documento ‘Una Nueva Política Pesquera’, somos uno de los principales países pesqueros del mundo, pero paralelamente no estamos a la cabeza de la investigación pesquera. No seremos un país moderno mientras nos dediquemos sólo a exportar materia prima sin elaborar o con muy poco valor agregado. La investigación es el principal instrumento para conocer y proteger nuestros recursos pesqueros y para incorporarnos al desarrollo. Para el logro de este objetivo, tan vital, se requiere del aporte del Estado y, principalmente, de quienes se lucran de la explotación de dichos recursos naturales”.

El parlamentario señaló que “en razón de lo mismo, Chile no necesita de instrumentos de fomento de la actividad pesquera, útiles y necesarios a mediados del siglo pasado, cuando la actividad industrial estaba en una etapa incipiente. No necesitamos mayores inversiones en naves pesqueras industriales, ya que existe una flota muy superior a las necesidades que demanda la explotación de los recursos existentes. Hoy, cuando la mayor parte de nuestros recursos hidrobiológicos de encuentran en estado de plena explotación y algunos en estado de sobreexplotación, lo que urge es proteger adecuadamente los recursos sanos existentes y recuperar los que han sido sobreexplotados, diseñando una política pesquera acorde con los intereses superiores del país, más que en los intereses de quienes se lucran de dicha actividad”.

El legislador afirmó que “esta no es una guerra en contra de quienes desarrollan una actividad absolutamente legítima, por lo que se debe reconocer los intereses corporativos de quienes participan en esta actividad, tales como armadores industriales, plantas industriales y pescadores artesanales, entre otros, que deben tener un espacio de participación en que puedan expresar sus necesidades, aspiraciones y requerimientos a la autoridad pesquera, la que debe entregar las informaciones y antecedentes, junto con dar las facilidades que requiere el libre ejercicio de la actividad”.

Navarro agregó que “tal como lo han señalado los senadores José Ruiz Di Giorgio, Carmen Frei, Ricardo Nuñez, Jorge Lavandero, Sergio Páez y Nelson Avila, la discusión y debate serio que se necesita para contar con una verdadera Ley de Pesca y Acuicultura requiere tiempo. Ya basta de leyes cortas o ‘flash’ que tengan duraciones transitorias que terminan siendo indefinidas. Necesitamos una ley de pesca que responda a los desafíos del futuro, especialmente en el contexto de los acuerdos comerciales suscritos y con una base que asegure la sustentabilidad de los recursos y la actividad pesquera”.

“Además -prosiguió- tal como ocurrió con la ley 19.713, la aprobación apresurada de una nueva normativa derivará en el aumento del desempleo en el sector, a un nuevo proceso de fusiones o ventas de empresas y, por lo mismo, a una mayor concentración de la propiedad de la actividad pesquera industrial”.

“Asimismo, al igual que la ley vigente el proyecto no considera estos impactos, lo que se refleja en que no incluye medidas de protección de los derechos laborales de los trabajadores, el fortalecimiento de la organización sindical y menos aún, los mecanismos de seguridad social para quienes salen del sistema pesquero. Es imperioso que la futura Ley de Pesca contemple esta situación, no sólo por los que ahora puedan resultar afectados en sus puestos de trabajo, sino también por aquellos que todavía seguirán pagando los costos de la ley anterior”.

“Por ello -concluyó Navarro- todo lo anterior hace imprescindible acordar la prórroga de la vigencia de la ley 19.713, hasta el 31 de diciembre de 2003, de manera que el debate parlamentario se realice sin la presión del cumplimiento de aquel plazo y permita la revisión y adecuación de los aspectos administrativos que exija la reforma. Del mismo modo, la extensión de este plazo debería permitir otros contenidos necesarios del proyecto y otras iniciativas que surjan en el curso de la discusión”.

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