Diputado Navarro y afectados interponen Recurso de Protección

Una orden de no innovar y de ordenar una inmediata paralización de faenas de la antena de celulares, ubicada en la población Leandro Moreno, de Coronel, solicitaron el diputado socialista Alejandro Navarro junto a vecinos afectados del sector, en contra de Smartcom Pcs Telecomunicaciones S.A.

El diputado señaló que “esta antena tiene 42 metros de altura, y comenzó a levantarse el dos de mayo recién pasado, sin aviso a la comunidad ni a la Junta de Vecinos y, lo que es peor, ni siquiera ha solicitado la autorización a la Municipalidad para construir las obras necesarias en orden a la construcción y fijación física de la torre, lo que dispone la Ley de Urbanismo y Construcciones”.

“La construcción -continuó- se encuentra a metros de la escuela Industrial del sector, y en medio de la población, lo que provoca alarma y preocupación entre los vecinos, dado que es sabido el daño a largo plazo que causan las radiaciones electromagnéticas que causan este tipo de torres.; tales como esclerosis lateral amiotrófica, alzheimer, asma bronquial, enfermedades alérgicas, aumento de incidencias de abortos, dermatitis, alteraciones neuroconductuales, cardíacas y endocrinas, entre otras”.

El Legislador PS manifestó que además, “las autoridades del Instituto de Salud Pública han manifestado que, dadas las condiciones actuales y de manera preventiva, debe evitarse toda exposición innecesaria e injustificada a las antenas de telefonía móvil, sobre todo en el caso de niños y jóvenes, y han aconsejado, de paso, evitar su instalación en lugares densamente poblados”.

Navarro expresó que “hoy es de público conocimiento que las compañías de telefonía móvil normalmente sorprenden a la ciudadanía al instalar antenas en cualquier lugar, debido a la falta de legislación, puesto que sólo necesitan autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que se refiere a los aspectos técnicos de la transmisión, pero no a los aspectos físicos de la instalación, los que deben estar regulados por la ley General de Urbanismo y Construcciones, bajo la tuición de la dirección de obras municipales”.

Debido a lo anterior, el diputado dijo que “en la Comisión de OO.PP de la Cámara de Diputados se discute el proyecto de Ley que regularía y limitaría la construcción de las antenas, considerando el daño que provocará en el futuro las radiaciones de las mismas; del mismo modo el proyecto contempla una ordenanza especial que deberá ser aprobada por los dos tercios del concejo municipal, al objeto de representar los intereses de cada comunidad”.

“Además -prosiguió- de exigir a los concesionarios de telefonía móvil que, para la instalación de las antenas de ese tipo de servicio, cuenten en forma previa con los requisitos tales como: contar con la Autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que deberá considerar factores como la densidad poblacional del sector en que se instalan y la existencia de otras antenas simillares; y el permiso de la municipalidad respectiva. Por lo que se propone modificar la ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, y el decreto con fuerza de ley N°458, de 1976, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones”.

Sin embargo, Navarro expresó su molestia debido a que “tal como lo planteé oportunamente, lamento que en este tema se deje fuera a los vecinos. A través de los senadores de mi partido espero incorporar una indicación, que ha sido rechazada por la Sala. En ella propongo que la decisión se adopte por los dos tercios del concejo y por el consejo económico y social comunal, a fin de que la medida adoptada no tenga sólo un carácter exclusivamente político, sino que se haga con conocimiento de la ciudadanía. Sin participación ciudadana tendremos nuevamente conflictos, porque la decisión se perderá en la nebulosa del concejo aquejado por constantes peleas políticas”.

Por último, dijo que “nadie está en contra del desarrollo, y lo hemos dicho repetidamente. En Chile hay más teléfonos celulares que fijos: más de siete millones de aparatos, y la cifra seguirá aumentando. Pero nos interesa que la situación se regule. No es un ataque al desarrollo de las telecomunicaciones, para nada, puesto que estamos concientes del servicio de comunicación que ofrecen, además de dar trabajo a miles de personas. Aquí lo que se trata es de velar por la salud de los vecinos que se encuentran afectados por las antenas instaladas y de precaver el daño patrimonial y urbanístico que dichas instalaciones pueden producir en la propiedad pública y privada”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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