Diputado Navarro y deudores habitacionales con presidente de Corte de Apelaciones “Remates judiciales: receptores tienen más poder que los jueces”

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Familias a quienes remataron casas sin notificación, presentaron antecedentes y serias dudas sobre el procedimiento de notificación de los receptores y sus relaciones con quienes compran posteriormente las casas.

Su preocupación por la situación que afecta a cientos de familias de la región producto de los remates de viviendas derivados de créditos hipotecarios manifestó el diputado socialista Alejandro Navarro, quien se reunió, acompañado por representantes de las familias que se encuentran en esa situación, con el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Fidel Henríquez, para plantearle sus aprensiones respecto a la parte que concierne a este tema desde el área judicial.

Navarro, quien en días pasados se reunió con pobladores de Coronel, Talcahuano y otras comunas, con ejecutivos del Banco del Estado, disipando algunas dudas y clarificando procedimientos y beneficios para los deudores morosos y familias que se encuentran en situación de remate de sus viviendas por atraso en sus dividendos, dijo que “esas reuniones han servido para clarificar muchas dudas, sin embargo, también han servido para detectar otro tipo de problemas, como lo constituye el proceso de notificación de los remates de las casas”.

El parlamentario socialista agregó sobre ese tema “que las principales críticas y denuncias apuntan hacia la figura de los receptores judiciales, ya que son muchos los casos en que los afectados, reconociendo sus compromisos, declaran no haber sido informados nunca de los remates, enterándose sólo al momento del desalojo, en contraposición con lo que declaran los receptores que señalan haber entregado dos o tres notificaciones previas”.

El legislador señaló que “en el trabajo de los receptores existe un mecanismo de incentivo perverso, ya que su trabajo de notificación, aunque administrativamente depende de área tribunales, es financiado por el demandante de la medida, es decir en este caso el Banco del Estado, por lo que mientras más notificaciones se realicen más se incrementan los ingresos”.

“Este tema no es un tema menor si consideramos que sólo el Banco del Estado tiene en el país, más de cinco mil remates detenidos por diversas situaciones de orden social, así como diez mil informes sociales en estudio para resolver sobre otras acciones con igual número de familias. Aquí lo que queda en evidencia, entre otras cosas es que la gente no ha accedido adecuadamente a la información sobre los beneficios de reprogramación y de pago especial, especialmente definido desde el año pasado por el Banco del estado para familias cesantes, aunque a pesar de eso ya han reprogramado en todo el país sobre 130 mil familias”.

Navarro se mostró particularmente preocupado por el tema de papel que juegan en un tema tan serio los receptores judiciales. “No queremos que con ellos llegue a ocurrir lo que ha sucedido con algunos martilleros públicos, que concentran el 90 por ciento de los remates, en algunas comunas. Propondremos un proyecto de ley que establezca un máximo del 35 por ciento de los casos, como máximo, por cada receptor judicial”.

El parlamentario del PS dijo que este tipo de cuestionamientos acerca del trabajo de los receptores judiciales “los hemos recibido masivamente en el proceso de notificación y embargo que se han producido en el caso de notificación, embargo y remate de buses de transporte colectivo público, en lo que ha sido conocido como el caso Metalpar, donde receptores de todo el país han concurrido a los embargos acompañados de Carabineros, sin contar con orden judicial de uso de la fuerza pública, lo que está acreditado en los más de 2 mil procesos que están radicados en tribunales y que también están siendo considerados en el proceso de investigación interna que la propia policía uniformada realiza al respecto”.

Fuente: Oficina Parlamentaria

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